Esta iniciativa está impulsada por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CECME), constituida por tres organizaciones: Ayuda en Acción (que asume la coordinación de la misma), Educo y Entreculturas, y está presente en 16 comunidades autónomas.
Este año, bajo el lema "La educación el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!", entre el 23 y el 29 de abril, se pretende visibilizar la situación de la educación en contextos de conflicto y emergencia, destacando el papel fundamental de la educación como la única forma de acabar con la intolerancia y la violencia, tanto en los entornos educativos como en el conjunto de la sociedad, así como su papel como herramienta imprescindible para favorecer una resolución pacífica de los conflictos y promover una cultura de paz.
La directora de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, participó en el acto reivindicativo, celebrado ayer, que ha transcurrido en forma de marcha desde la Plaza Porticada hasta el Ayuntamiento de Santander, y que congregó a numerosas personalidades del ámbito educativo y político de la comunidad autónoma.
Según Fernández la educación, en el caso de nuestro país, es "fundamental" para que los menores sean conscientes de las realidades que vive la infancia en otros contextos, para que "reconozcan y eviten actitudes como el racismo y la xenofobia y reconozcan el valor de la diversidad mediante la comprensión y el conocimiento". "En definitiva, el acceso a la educación constituye una poderosa herramienta para construir sociedades capaces de resolver sus conflictos de manera pacífica, tanto en aquellos países que ya se ven afectados por este tipo de situaciones como en los que, como España, se convierten en lugares de acogida", ha señalado Fernández.
Los datos relativos al cumplimiento del derecho a la educación en situaciones de conflicto y emergencia son cada vez más alarmantes: hay 75 millones de niños y niñas de entre 3 y 18 años sin escolarizar en 35 países afectados por distintos tipos de crisis, mientras que sólo la mitad de la infancia refugiada o en situaciones de desplazamiento interno va a la escuela primaria, y sólo un 25% asiste al primer ciclo de educación secundaria.
Esta situación no solamente supone una vulneración del derecho a la educación de esos millones de niños, niñas y jóvenes que en muchas ocasiones dejan de asistir a la escuela por inseguridad y/o falta de recursos, sino que impide que la educación cumpla su función como factor de paz y elemento de protección frente a la pobreza o la injusticia.
La educación como herramienta de paz
Desde esta Coalición Internacional se considera "fundamental" que las personas se eduquen en una serie de valores que promuevan la resolución no violenta de los conflictos como son: justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo y la participación. En el caso de las sociedades afectadas por situaciones de conflicto y post-conflicto, el derecho a la educación es esencial para la construcción de paz y la promoción de sociedades más cohesionadas, la protección de la infancia, la normalización de la vida y la efectiva reconstrucción de las zonas afectadas por conflictos.
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una coalición internacional presente en más de 100 países y formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo.
La CME nació en el año 1999 con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos por los Estados asistentes al Foro Mundial sobre Educación, celebrado en Dakar en abril del año 2000, fundamentalmente el de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 2015.
Desde los inicios de la Campaña en España, en 2003, desarrollan su trabajo a través de tres vías: la sensibilización, trabajando los materiales educativos que elaboran cada año con colegios y grupos de educación no formal de todo el país; la incidencia política, presionando a nuestros representantes políticos para que cumplan sus compromisos en materia de educación y apliquen las políticas necesarias para garantizar el derecho a la educación, tanto en España como en los países en desarrollo; y, por último, a través de la movilización de las comunidades educativas y el conjunto de la ciudadanía, que se convierten en portavoces y activistas del derecho a la educación en sus países de origen.
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