La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado hoy graves irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, que ya ha trasladado al interventor de la comunidad y al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, para que actúe inmediatamente.
Las irregularidades denunciadas por la presidenta del PP han sido detectadas después de meses de investigación, a raíz de las constantes denuncias que ha recibido de lo que era “un clamor y un secreto a voces” en el Servicio Cántabro de Salud.
Se concretan en adjudicaciones a dedo a través de un uso fraudulento de la contratación menor y en recepciones y pagos de obras sin terminar, así como suministros sin haber sido entregados a los centros sanitarios.
Además, un asesor externo sin que no tiene ninguna relación contractual con la Gerencia del SCS está interviniendo en las contrataciones de suministros, interfiriendo en las competencias y suplantando las funciones de los empleados públicos.
Buruaga ha anunciado que ya se ha dirigido al presidente de Cantabria y al interventor general para que, de manera inmediata, actúen y pongan coto a estas irregularidades.
De la Intervención General de la comunidad espera que se pongan en marcha de manera inmediata los instrumentos de fiscalización y control de los que dispone, abriendo una investigación y auditando todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud desde el principio de la legislatura.
Del presidente, como máximo responsable político de las actuaciones de su Gobierno y de los consejeros a los que nombra, espera que llegue hasta el final del asunto y que depure las responsabilidades políticas a las que haya lugar.
Buruaga ha explicado que sus acusaciones tienen como soporte documental la relación de contratos menores que publica el Boletín Oficial de Cantabria trimestralmente y documentación enviada por la Consejería de Sanidad a requerimiento del grupo parlamentario.
La primera Irregularidad se concreta en el desembarco en la sanidad pública de asesores externos vinculados al Servicio Cántabro de Salud a través de contratos menores de servicios y asistencias técnicos por importe de 117.000 euros.
Uno de esos asesores externos tiene un despacho propio en la Gerencia del SCS, desde donde maneja las contrataciones, interviniendo en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos y en la valoración de los contratos.
Desde el segundo semestre de 2015 hasta el cierre de 2017, esta persona ha cobrado del presupuesto de Valdecilla 31.399 euros a través de tres contratos menores bajo el concepto de “otros”. Además, otras dos personas con idéntico apellido, Sáenz de Viteri, han recibido 53.280. Por lo tanto, tres personas con idéntico apellido han recibido en dos años y medio 84.599 euros de la sanidad pública de Cantabria.
La segunda irregularidad consiste en la recepción y pago de obras sin estar terminadas y suministros sin haber sido entregados.
El ejemplo más evidente es la obra de ampliación de la Unidad de Atención Temprana del Centro de Salud del Alisal, que se adjudicó a finales de 2017. Las obras empezaron el 5 de diciembre y 17 días después, el 22 de diciembre, la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud firmó el acta de recepción y certificó que la obra estaba acabada, cuando, en realidad, todavía estaba sin ejecutar.
El PP también tiene constancia de que el SCS ha abonado facturas de equipamiento médico para los distintos centros por importe de más de 2,5 millones sin que los equipos hubieran sido entregados, cuando todavía estaban guardados en los almacenes, tras firmar un acta de comprobación de la inversión que no tiene ninguna validez administrativa y sin que estuviera presente la intervención.
La presidenta del PP ha hecho hincapié en que la administración tiene sus normas, sus controles y sus garantías, porque de lo que se está hablando es de la gestión de millones de euros de dinero público, de dinero de todos los ciudadanos. Primero se firma el contrato, después se entrega el equipamiento y se instala, se comprueba que funciona correctamente, se firma el acta de recepción y, por último, se paga y no al revés, porque hacerlo al revés, ha añadido, es irregular e ilegal.
Buruaga ha denunciado, además, que tres empresas con los mismos administradores - uno de ellos hijo de un alcalde del PSOE- y que nunca habían trabajado para el Servicio Cántabro de Salud han cobrado en dos años y medio de la administración más de un millón de euros a través de contratos menores, de contratos a dedo.
Estas tres empresas han ejecutado obras en Valdecilla y en el edificio del Hospital Virtual, todas con contratos menores, y cobraron 200.000 euros por pintar cuatro centros de salud, cuando esta prestación está incluida en el contrato de mantenimiento de Atención Primaria.
Según Buruaga, estos son solo algunos ejemplos del reguero de irregularidades en las contrataciones del SCS que el PP ha detectado, aunque tiene fundadas sospechas de que hay más de que puede ser solo la punta del iceberg.
De ello da fe una denuncia que la jefe del servicio de contratación dirige en el mes de febrero al Gerente del SCS, a la consejera de Sanidad y a la secretaria General de la Consejería de Sanidad.
La presiente del PP ha dicho que esta denuncia desvela un hecho de extraordinaria gravedad porque es la prueba irrefutable de que la máxima responsable de la Sanidad pública de Cantabria lo sabía y no ha hecho nada y pone en cuestión su integridad y ética pública.
Las irregularidades denunciadas por la presidenta del PP han sido detectadas después de meses de investigación, a raíz de las constantes denuncias que ha recibido de lo que era “un clamor y un secreto a voces” en el Servicio Cántabro de Salud.
Se concretan en adjudicaciones a dedo a través de un uso fraudulento de la contratación menor y en recepciones y pagos de obras sin terminar, así como suministros sin haber sido entregados a los centros sanitarios.
Además, un asesor externo sin que no tiene ninguna relación contractual con la Gerencia del SCS está interviniendo en las contrataciones de suministros, interfiriendo en las competencias y suplantando las funciones de los empleados públicos.
Buruaga ha anunciado que ya se ha dirigido al presidente de Cantabria y al interventor general para que, de manera inmediata, actúen y pongan coto a estas irregularidades.
De la Intervención General de la comunidad espera que se pongan en marcha de manera inmediata los instrumentos de fiscalización y control de los que dispone, abriendo una investigación y auditando todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud desde el principio de la legislatura.
Del presidente, como máximo responsable político de las actuaciones de su Gobierno y de los consejeros a los que nombra, espera que llegue hasta el final del asunto y que depure las responsabilidades políticas a las que haya lugar.
Buruaga ha explicado que sus acusaciones tienen como soporte documental la relación de contratos menores que publica el Boletín Oficial de Cantabria trimestralmente y documentación enviada por la Consejería de Sanidad a requerimiento del grupo parlamentario.
La primera Irregularidad se concreta en el desembarco en la sanidad pública de asesores externos vinculados al Servicio Cántabro de Salud a través de contratos menores de servicios y asistencias técnicos por importe de 117.000 euros.
Uno de esos asesores externos tiene un despacho propio en la Gerencia del SCS, desde donde maneja las contrataciones, interviniendo en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos y en la valoración de los contratos.
Desde el segundo semestre de 2015 hasta el cierre de 2017, esta persona ha cobrado del presupuesto de Valdecilla 31.399 euros a través de tres contratos menores bajo el concepto de “otros”. Además, otras dos personas con idéntico apellido, Sáenz de Viteri, han recibido 53.280. Por lo tanto, tres personas con idéntico apellido han recibido en dos años y medio 84.599 euros de la sanidad pública de Cantabria.
La segunda irregularidad consiste en la recepción y pago de obras sin estar terminadas y suministros sin haber sido entregados.
El ejemplo más evidente es la obra de ampliación de la Unidad de Atención Temprana del Centro de Salud del Alisal, que se adjudicó a finales de 2017. Las obras empezaron el 5 de diciembre y 17 días después, el 22 de diciembre, la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud firmó el acta de recepción y certificó que la obra estaba acabada, cuando, en realidad, todavía estaba sin ejecutar.
El PP también tiene constancia de que el SCS ha abonado facturas de equipamiento médico para los distintos centros por importe de más de 2,5 millones sin que los equipos hubieran sido entregados, cuando todavía estaban guardados en los almacenes, tras firmar un acta de comprobación de la inversión que no tiene ninguna validez administrativa y sin que estuviera presente la intervención.
La presidenta del PP ha hecho hincapié en que la administración tiene sus normas, sus controles y sus garantías, porque de lo que se está hablando es de la gestión de millones de euros de dinero público, de dinero de todos los ciudadanos. Primero se firma el contrato, después se entrega el equipamiento y se instala, se comprueba que funciona correctamente, se firma el acta de recepción y, por último, se paga y no al revés, porque hacerlo al revés, ha añadido, es irregular e ilegal.
Buruaga ha denunciado, además, que tres empresas con los mismos administradores - uno de ellos hijo de un alcalde del PSOE- y que nunca habían trabajado para el Servicio Cántabro de Salud han cobrado en dos años y medio de la administración más de un millón de euros a través de contratos menores, de contratos a dedo.
Estas tres empresas han ejecutado obras en Valdecilla y en el edificio del Hospital Virtual, todas con contratos menores, y cobraron 200.000 euros por pintar cuatro centros de salud, cuando esta prestación está incluida en el contrato de mantenimiento de Atención Primaria.
Según Buruaga, estos son solo algunos ejemplos del reguero de irregularidades en las contrataciones del SCS que el PP ha detectado, aunque tiene fundadas sospechas de que hay más de que puede ser solo la punta del iceberg.
De ello da fe una denuncia que la jefe del servicio de contratación dirige en el mes de febrero al Gerente del SCS, a la consejera de Sanidad y a la secretaria General de la Consejería de Sanidad.
La presiente del PP ha dicho que esta denuncia desvela un hecho de extraordinaria gravedad porque es la prueba irrefutable de que la máxima responsable de la Sanidad pública de Cantabria lo sabía y no ha hecho nada y pone en cuestión su integridad y ética pública.
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