Los empleados públicos temporales de las administraciones públicas saldrán a la calle en todas las CCAA, ante la amenaza de un ERE encubierto que podría llevar al desempleo a una gran cantidad de trabajadores. Se calcula que toda España son entre 700.000 y 900.000 los afectados. Sin duda, el mayor ERE de la historia.
Según ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2016, muchos gobiernos autonómicos y locales han tenido trabajadores temporales durante años en situación de fraude de ley, al sumar relaciones de empleo temporal durante muchos años y para funciones que no eran auxiliares o temporales sino estructurales y permanentes, y no convocar a puestos fijos en su debido momento y cantidad. Así, han estado incumpliendo lo establecido en la Directiva 19999/70/CE de la Unión Europea sobre el trabajo temporal: debe tener un límite (3 años) y la legislación nacional ha de incluir la sanción para el empleador y la compensación para el empleado en caso de incumplimiento.
El Gobierno español no sólo ha incumplido el deber de modificar la legislación española para el caso del empleo público, regido por el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que además pone todas las resistencias posibles, incluso en los tribunales, para dar cumplimiento a ese mandato del TJUE de compensar al empleado con abuso de temporalidad en estabilidad o, incluso, indemnizaciones.
Es más, la “solución” que ha encontrado el Gobierno del Estado, a esta situación, llegó con la Ley de Presupuestos de 2017 y con el sorprendente acuerdo de los 3 sindicatos nacionales mayoritarios: que las plazas ocupadas durante 3 años o más por empleados públicos temporales, por tanto en situación de fraude de ley por abuso de temporalidad, se convoquen en procesos selectivos que no contemplan la consolidación del personal afectado; son Ofertas de Empleo Público convencionales que no tendrán en cuenta la experiencia del personal afectado en todos los casos. Ello supone no sólo no reconocer el fraude de ley, sino arrojar a la calle, sin indemnización alguna, a cientos de miles de empleados, sin tener en cuenta sus derechos adquiridos.
Ante esta situación, el sindicato Trabajadores Unidos exige el reconocimiento de oficio, por parte de la Administración, del Fraude de Ley de todos los empleados públicos (ya sean funcionarios, estatutarios de los Servicios de Salud o laborales) que lleven más de 3 años en situación de empleo temporal.
El aplazamiento de las ofertas de empleo y demás procesos que incluyan esas plazas de personal temporal en fraude ley, anunciadas o publicadas, así como las convocatorias respectivas de oposiciones.
La regularización y estabilización del personal afectado mediante convocatorias excepcionales de procesos de concurso de méritos, con la antigüedad como principal baremo, con todos los puestos ocupados por todos los empleados públicos en fraude de ley. (artículos 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público) en situaciones excepcionales como es ésta, y sería una adecuada compensación como exige la normativa europea además de una solución de coste económico cero para la Administración que, además, vería retenido el gran capital humano que supone el personal con tanta experiencia y que ya ha demostrado su capacidad durante sus años de servicios.
Convocatorias de OPEs con concurso-oposición de periodicidad anual o bienal como máximo para los puestos ocupados por temporales de reciente creación o las nuevas vacantes para reposición o recuperación de plantillas perdidas. Además de ser una exigencia justa para acabar con el abuso de temporalidad en el empleo público, se ahorrarán gastos enormes e innecesarios, costeados por los ciudadanos, ocasionados por las indemnizaciones y costas judiciales que acabarán ganando en los tribunales los temporales que demandaran su “cese” tras perder su puesto por esas OPEs injustas diseñadas desde el Gobierno. Asimismo, esos ciudadanos se beneficiarán del mejor servicio público que se dispone al mantener, en su inmensa mayor parte, al personal que lo viene desempeñando.
Por todo ello, desde el sindicato invitan a participar en una concentración el 17 de mayo a las 18:00 horas en la Plaza Porticada de Santander, por la consolidación de nuestros empleos.
Según ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2016, muchos gobiernos autonómicos y locales han tenido trabajadores temporales durante años en situación de fraude de ley, al sumar relaciones de empleo temporal durante muchos años y para funciones que no eran auxiliares o temporales sino estructurales y permanentes, y no convocar a puestos fijos en su debido momento y cantidad. Así, han estado incumpliendo lo establecido en la Directiva 19999/70/CE de la Unión Europea sobre el trabajo temporal: debe tener un límite (3 años) y la legislación nacional ha de incluir la sanción para el empleador y la compensación para el empleado en caso de incumplimiento.
El Gobierno español no sólo ha incumplido el deber de modificar la legislación española para el caso del empleo público, regido por el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que además pone todas las resistencias posibles, incluso en los tribunales, para dar cumplimiento a ese mandato del TJUE de compensar al empleado con abuso de temporalidad en estabilidad o, incluso, indemnizaciones.
Es más, la “solución” que ha encontrado el Gobierno del Estado, a esta situación, llegó con la Ley de Presupuestos de 2017 y con el sorprendente acuerdo de los 3 sindicatos nacionales mayoritarios: que las plazas ocupadas durante 3 años o más por empleados públicos temporales, por tanto en situación de fraude de ley por abuso de temporalidad, se convoquen en procesos selectivos que no contemplan la consolidación del personal afectado; son Ofertas de Empleo Público convencionales que no tendrán en cuenta la experiencia del personal afectado en todos los casos. Ello supone no sólo no reconocer el fraude de ley, sino arrojar a la calle, sin indemnización alguna, a cientos de miles de empleados, sin tener en cuenta sus derechos adquiridos.
Ante esta situación, el sindicato Trabajadores Unidos exige el reconocimiento de oficio, por parte de la Administración, del Fraude de Ley de todos los empleados públicos (ya sean funcionarios, estatutarios de los Servicios de Salud o laborales) que lleven más de 3 años en situación de empleo temporal.
El aplazamiento de las ofertas de empleo y demás procesos que incluyan esas plazas de personal temporal en fraude ley, anunciadas o publicadas, así como las convocatorias respectivas de oposiciones.
La regularización y estabilización del personal afectado mediante convocatorias excepcionales de procesos de concurso de méritos, con la antigüedad como principal baremo, con todos los puestos ocupados por todos los empleados públicos en fraude de ley. (artículos 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público) en situaciones excepcionales como es ésta, y sería una adecuada compensación como exige la normativa europea además de una solución de coste económico cero para la Administración que, además, vería retenido el gran capital humano que supone el personal con tanta experiencia y que ya ha demostrado su capacidad durante sus años de servicios.
Convocatorias de OPEs con concurso-oposición de periodicidad anual o bienal como máximo para los puestos ocupados por temporales de reciente creación o las nuevas vacantes para reposición o recuperación de plantillas perdidas. Además de ser una exigencia justa para acabar con el abuso de temporalidad en el empleo público, se ahorrarán gastos enormes e innecesarios, costeados por los ciudadanos, ocasionados por las indemnizaciones y costas judiciales que acabarán ganando en los tribunales los temporales que demandaran su “cese” tras perder su puesto por esas OPEs injustas diseñadas desde el Gobierno. Asimismo, esos ciudadanos se beneficiarán del mejor servicio público que se dispone al mantener, en su inmensa mayor parte, al personal que lo viene desempeñando.
Por todo ello, desde el sindicato invitan a participar en una concentración el 17 de mayo a las 18:00 horas en la Plaza Porticada de Santander, por la consolidación de nuestros empleos.
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