El Gobierno de Cantabria presentará este mismo año un nuevo proyecto de Ley con el que se quiere impulsar la presentación de iniciativas legislativas populares y que propondrá rebajar las firmas necesarias y otros trámites para facilitar la presentación de proposiciones de ley de la ciudadanía ante el Parlamento cántabro.
Hasta el momento en Cantabria se han presentado dos iniciativas legislativas populares, relativas al ferrocarril Santander-Mediterráneo (en el año 2002) y sobre hipotecas de bienes inmuebles (2001), esta última ni siquiera cumplió los requisitos legales.
Por eso, la Consejería de Presidencia y Justicia quiere hacer una normativa "más atractiva y útil", en palabras de su titular, Rafael de la Sierra, que ha avanzado las novedades de la reforma que derogará la ley actual de 1985, de hace tres décadas.
Según De la Sierra, en este tiempo el escenario social, cultural y, sobre todo, tecnológico ha cambiado y, una vez consolidadas las instituciones de autogobierno y las políticas de participación ciudadana, resulta "absolutamente necesario disponer de una norma cántabra adaptada la realidad". Tras esta reforma, Cantabria contará con la norma "más participativa" del país, ha valorado el consejero.
Según ha detallado, el Gobierno someterá a información pública de forma inmediata el anteproyecto de Ley. Entre las principales novedades que incluirá, ha resaltado la rebaja del número de firmas necesarias para impulsar la iniciativa legislativa popular, pasando de 10.000 a 5.000. Además, se amplía el plazo de recogida de firmas de tres a seis meses para favorecer la presentación de un mayor número de propuestas por parte de la ciudadanía. "Otro de los corsés que impedía la presentación de más iniciativas legislativas populares", ha resaltado.
Incluso, según propondrá el Gobierno, los promotores de la iniciativa legislativa popular serán los encargados de presentarla en el debate de toma en consideración.
Se permitirá recoger firmas por internet y medios electrónicos, con el mismo valor jurídico que las manuscritas, y se establecerá una indemnización para cubrir los gastos realizados en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas, estableciendo un máximo de 3.000 euros.
Al mismo tiempo, para garantizar un debate rápido de las iniciativas, se simplificarán y aclararán los trámites y requisitos necesarios, estableciendo plazos breves en procesos como la emisión y aprobación de la comisión promotora o los pliegos de recogida de firmas, en beneficio "de la agilidad y la viabilidad de la iniciativa", ha subrayado el consejero de Presidencia.
Ha añadido que esta medida se enmarca en la política del Gobierno destinada a facilitar y promover la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social y "fomentar la democracia participativa". En esta línea, ha recordado, como es la recuperación del Consejo Económico y Social de Cantabria, la puesta en marcha del Portal de Transparencia, la presentación de la Ley de Transparencia y la creación de una unidad administrativa especializada en este ámbito.
Próximamente, el Gobierno acometerá la reforma de la Oficina de Atención a la Ciudadanía para prestar un servicio de "mayor cercanía, calidad y agilidad" y se asistirá al ciudadano en todos los trámites telemáticos en las nuevas oficinas de asistencia en materia de registro que se crearán tras la entrada en vigor de la ley de régimen jurídico del Gobierno, ya en trámite parlamentario.
La Consejería de Presidencia también mejorará el Portal de Participación Ciudadana, integrado en el Portal de Transparencia.
Se trata pues, a juicio del consejero, de iniciativas que darán un "importante impulso" a la participación de la ciudadanía de Cantabria en la vida política y gestión pública, lo que, garantiza "en mayor medida" el éxito de las iniciativas del Gobierno de Cantabria.
Hasta el momento en Cantabria se han presentado dos iniciativas legislativas populares, relativas al ferrocarril Santander-Mediterráneo (en el año 2002) y sobre hipotecas de bienes inmuebles (2001), esta última ni siquiera cumplió los requisitos legales.
Por eso, la Consejería de Presidencia y Justicia quiere hacer una normativa "más atractiva y útil", en palabras de su titular, Rafael de la Sierra, que ha avanzado las novedades de la reforma que derogará la ley actual de 1985, de hace tres décadas.
Según De la Sierra, en este tiempo el escenario social, cultural y, sobre todo, tecnológico ha cambiado y, una vez consolidadas las instituciones de autogobierno y las políticas de participación ciudadana, resulta "absolutamente necesario disponer de una norma cántabra adaptada la realidad". Tras esta reforma, Cantabria contará con la norma "más participativa" del país, ha valorado el consejero.
Según ha detallado, el Gobierno someterá a información pública de forma inmediata el anteproyecto de Ley. Entre las principales novedades que incluirá, ha resaltado la rebaja del número de firmas necesarias para impulsar la iniciativa legislativa popular, pasando de 10.000 a 5.000. Además, se amplía el plazo de recogida de firmas de tres a seis meses para favorecer la presentación de un mayor número de propuestas por parte de la ciudadanía. "Otro de los corsés que impedía la presentación de más iniciativas legislativas populares", ha resaltado.
Incluso, según propondrá el Gobierno, los promotores de la iniciativa legislativa popular serán los encargados de presentarla en el debate de toma en consideración.
Se permitirá recoger firmas por internet y medios electrónicos, con el mismo valor jurídico que las manuscritas, y se establecerá una indemnización para cubrir los gastos realizados en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas, estableciendo un máximo de 3.000 euros.
Al mismo tiempo, para garantizar un debate rápido de las iniciativas, se simplificarán y aclararán los trámites y requisitos necesarios, estableciendo plazos breves en procesos como la emisión y aprobación de la comisión promotora o los pliegos de recogida de firmas, en beneficio "de la agilidad y la viabilidad de la iniciativa", ha subrayado el consejero de Presidencia.
Ha añadido que esta medida se enmarca en la política del Gobierno destinada a facilitar y promover la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social y "fomentar la democracia participativa". En esta línea, ha recordado, como es la recuperación del Consejo Económico y Social de Cantabria, la puesta en marcha del Portal de Transparencia, la presentación de la Ley de Transparencia y la creación de una unidad administrativa especializada en este ámbito.
Próximamente, el Gobierno acometerá la reforma de la Oficina de Atención a la Ciudadanía para prestar un servicio de "mayor cercanía, calidad y agilidad" y se asistirá al ciudadano en todos los trámites telemáticos en las nuevas oficinas de asistencia en materia de registro que se crearán tras la entrada en vigor de la ley de régimen jurídico del Gobierno, ya en trámite parlamentario.
La Consejería de Presidencia también mejorará el Portal de Participación Ciudadana, integrado en el Portal de Transparencia.
Se trata pues, a juicio del consejero, de iniciativas que darán un "importante impulso" a la participación de la ciudadanía de Cantabria en la vida política y gestión pública, lo que, garantiza "en mayor medida" el éxito de las iniciativas del Gobierno de Cantabria.
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