Así lo ha anunciado esta mañana, en rueda de prensa, José Vía, delegado sindical de este sindicato en la planta de Barrreda que ha estado acompañado por Roberto Castillo y María Teresa Castañeda, miembros de este sindicato.
Vía ha explicado que USO no firmó el acuerdo con" ágape" incluido porque les parecía una obscenidad, celebrar un acuerdo para despedir trabajadores y destruir 52 empleos mediante despidos colectivos individuales y ha dicho que en los próximos días presentarán una demanda.
A juicio de Vía, el acuerdo tiene una ausencia total de un plan industrial de futuro, no para los que se van sino para los que se quedan en la fábrica.
También, el acuerdo contempla indemnizaciones por despido insuficientes pero sobre todo discriminatorias y donde se fija por primera vez las indemnizaciones única y exclusivamente en función de la edad del trabajador y no del salario y de los años de antigüedad en la empresa, cambiando lo que dice la legislación española, artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y 110 de La Ley Reguladora de Jurisdicción Social (a mayor edad menor indeminización).
Y además la "limitada garantía de empleo de dos años donde no habrá bajas traumáticas" y "el atropello de los derechos de los trabajadores de las empresas de contratas", que "serán despedidos para recolocar a los trabajadores de la planta de cloro cerrada".
USO ha recordado que desde el inicio de toda la negociación ha defendido que el procedimiento de negociación tenía que ser un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), opiniéndose Solvay, UGT y CC.OO.
Via ha explicado que si se negocian despidos objetivos individuales o se hace a través de un ERE, la ley es diametralmente diferente de aplicación. Si es un ERE , la ley dice que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores y mayores de 50 años hay que ingresar al Tesoro Público los dos años de prestación del desempleo y los dos años de cotización a la Seguridad Social que en el caso de Solvay supone supone unos 62.000 euros por trabajador multiplicado por 52 dan la suma de no ingresar al Tesoro Público la cantidad de 3,2 millones de euros.
Además, Via ha denunciado que fijar indemnizaciones diferentes por la edad discrimina y vulnera el derecho de igualdad. En este sentido, USO señala que fijar las indemnizaciones "únicamente" en función de la edad del trabajador "vulnera el derecho constitucional de igualdad y no discriminación", prohibida por la Constitución, Directiva Europea y Estatuto del Trabajadores.Ha puesto como ejemplo a su compañera María Teresa Castañeda de 63 años que lleva 44 años en la empresa y con la indemnización que le dan a través de estas fórmula le salen 9 días por año de servicio. Y a un trabajador que lleve 9 años en Solvay que tiene 61 años se va con 72 días de indemnización por año de servicio, lo que es intolerable.
Por todo esto, USO va a interponen en los próximos 20 días una demanda judicial en el Juzgado de lo Social y a partir de ahí, recursos al Tribunal Superior de Juisticia de Cantabria (TSJC) y recursos al Tribunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC).
También mañana martes van a registrar en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una solicitud para que se revise el procedimiento de negociación que es donde está la clave del fraude fiscal.
Además, reclamará al Parlamento de Cantabria y al Gobierno regional que "velen" para evitar "el fraude" de más de 3.200.000 euros al Tesoro Público por una Empresa que tiene muchos beneficios.
Asimismo, desde USO defenderán "la imperiosa necesidad de acordar un plan industrial que necesita un proyecto de futuro (la transición energética y nuevas líneas de producción), una garantía de empleo e inversiones.
Finalmente, USO ha rechazado la complicidad de UGT y CC.OO. en Solvay para no ingresar en el Tesoro Público más de 3,3 millones de euros y ha manifestado que para defender los servicios públicos y que para luchar contra ese fraude fiscal las empresas con beneficios ingresen y coticen como hacen los ciudadanos.
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