Santander: CCOO denuncia que la interpretación restrictiva de las normas está “acorralando” a las personas inmigrantes en Cantabria

Los algo más de 30.000 inmigrantes que residen en Cantabria (5,5% de la población) han visto cómo se han complicado las posibilidades de vivir y trabajar legalmente y con derechos. “En el año 2017, se ha endurecido aún más la interpretación de las normas que hacen las instituciones”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO en Cantabria, “y eso está empujando a muchas situaciones de irregularidad sobrevenida”. “Están acorralando a las trabajadoras y trabajadores extranjeros que tratan de cumplir unas normas llenas de trampas”.
Mantecón denuncia esta situación al hacer balance del trabajo realizado desde la Secretaría de Política Social y Migraciones en Cantabria, donde se ha atendido en 2017 a 223 personas y 785 consultas de todo tipo: extranjería, alegaciones y recursos administrativos, gestión ante consulados y embajadas, asesoramiento laboral, reagrupación familiar, procedimientos de nacionalidad, protección social e, incluso, atención inicial a mujeres víctimas de violencia de género.
Al sindicato le preocupan tres situaciones especialmente. La primera tiene que ver con los impedimentos a las personas inmigrantes ya nacionalizadas españolas (1.227 en 2016 en Cantabria) para lograr la reagrupación familiar, exigiéndole, por ejemplo, demostrar que han transferido el 51% del PIB per cápita del país de origen a cualquier hijo o hija mayor de 21 años que quieran traer a residir con ellos. 

La segunda es la constatación de que muchas personas migrantes deban aguantar situaciones de abuso laboral para obtener los días cotizados exigidos para renovar el permiso de residencia y así no caer en situación irregular sobrevenida -y eso afecta a la salud y a la calidad de vida de las personas-. 

La tercera situación preocupante es la de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que sufren una doble victimización al tener que enfrentarse a dos aparatos normativos: el de la justicia ordinaria y el del reglamento de extranjería.
Adicionalmente, Mantecón muestra su preocupación por la posibilidad de que el nuevo marco legal de la renta social básica en Cantabria sea más restrictivo, cierre más puertas a los inmigrantes y afecte a la ya precaria calidad de vida de muchas de estas personas y de sus familias.