El Gobierno de Cantabria ha aprobado la adquisición de compromisos de
gasto plurianual correspondientes a los expedientes de responsabilidad
patrimonial que se suscriban con los propietarios de las urbanizaciones
Cerrias I y Cerrias II.
En total, ha aprobado la dotación de
este fondo de derribos para los próximos siete años, que podrá alcanzar
los 7,2 millones de euros. Un esfuerzo presupuestario para atender el
abono de las indemnizaciones y la construcción de las nuevas viviendas,
en el caso de que ambas urbanizaciones, localizadas en Liencres, no se
pudieran legalizar a través de los procedimientos abiertos por el
Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, en este caso.
El Gobierno regional autorizó el pasado mes de abril sendos convenios
para compensar a los afectados por las sentencias de derribo de 22
viviendas pertenecientes a las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II, en
el marco de los acuerdos de compensación que se negocian con todos los
afectados por las sentencias de derribo.
Ahora con la aprobación
de este compromiso de gasto con proyección plurianual, el Ejecutivo da
un paso más y asegura que se doten las partidas presupuestarias
suficientes para afrontar los acuerdos con los afectados.
Una
partida autonómica que también se hará extensiva y se preverá en el
resto de procedimientos de responsabilidad patrimonial impulsados para
asegurar que las familias afectadas no sufran ninguna pérdida en su
patrimonio.
La responsabilidad, aunque es compartida al 50 por
ciento con los consistorios en la mayoría de los casos, el Gobierno ha
decidido adelantar el dinero necesario para agilizar las indemnizaciones
y después compensar las cantidades a través de convenios específicos
con las distintas administraciones locales afectadas.
Más acuerdos
El Gobierno estima que 22 de las viviendas de Cerrias pueden llegar a
encajar con posterioridad en el planeamiento urbanístico y obtener
nuevas licencias. De cualquier forma, a través de estos acuerdos
compensatorios, el Ejecutivo garantiza a los propietarios afectados una
vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización
fijada por un árbitro independiente.
Durante el proceso de
legalización de las viviendas, las familias afectadas tendrán derecho a
que la Administración Autonómica corra con todos los gastos que se
produzcan.
A lo largo de la próxima semana el Gobierno de
Cantabria firmará con toda probabilidad los convenios de terminación
convencional de los expedientes de responsabilidad patrimonial con los
propietarios afectados por las sentencias de derribo de las viviendas de
Entrelindes y de la Unidad de Ejecución L-05, ambas en la localidad de
Liencres (Piélagos).
El Consejo de Gobierno los aprobó en su
última reunión, poniendo fin a la tramitación administrativa de estos
acuerdos de compensación por las sentencias de derribo de estas
urbanizaciones, unos convenios que les garantizan la entrega de una
nueva vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una
indemnización fijada por un árbitro independiente.
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