La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior se propone para los próximos cuatro años la reorganización de las sedes judiciales de Santander, la puesta en marcha de las oficinas judicial y fiscal, aprobar un Plan estratégico de Protección Civil para Cantabria y promover medidas para atajar el despoblamiento rural. La titular de esta Consejería, Paula Fernández Viaña, ha informado hoy en la comisión de Presidencia del Parlamento cántabro de los proyectos de su departamento para la presente legislatura, en la que se aprobará los proyectos de ley sobre participación ciudadana, de entidades locales menores y la norma que asegurará el Fondo de Cooperación Municipal que beneficia a los 102 ayuntamientos.
Según ha afirmado la consejera, durante los próximos años el Ejecutivo afrontará decisiones "importantes" con respecto a la reorganización de los órganos jurisdiccionales de la capital, que serán consensuadas con todos los operadores jurídicos. A su juicio, los mayores problemas en el partido judicial no son de espacio, sino de saturación en el edificio de Las Salesas, que se liberará aprovechando las sedes ya existentes.
Entre ellas, ha citado el edificio Europa, "con espacio práctico y apto" para incluir nuevas unidades judiciales. Por eso, ha adelantado que la puesta en marcha del juzgado número 12 de Santander, previsto para el 30 de junio de 2020, servirá para acometer una "mejor organización de las sedes judiciales de Santander- en todo su conjunto".
Respecto a los equipos psicosociales que asisten con sus informes a los juzgados, ha dicho que ampliarán sus espacios con una nueva sede en Santander, distinta al actual edificio judicial de Las Salesas, y otra en Torrelavega, para atender a los órganos de esa zona. El objetivo del Gobierno es reforzar también su plantilla con una trabajadora social y una psicóloga.
Fernández Viaña ha apuntado la puesta en marcha para esta legislatura de la oficinas fiscal y judicial, basada en unidades directas de apoyo a los jueces y fiscales, y servicios comunes procesales para dar agilidad y flexibilidad al servicio público de justicia.
La hoja de ruta planteada por la Consejería de Justicia, según ha explicado, consiste en el diseño de las unidades necesarias en cada partido judicial, determinar su ubicación y las relaciones de puestos de trabajo, lo que irá acompañado de toda la normativa relacionada. Posteriormente, se abordará el proceso de implantación y se plantearán los proyectos piloto para probar su funcionamiento.
Ha destacado otro de los retos de su Consejería, tendente a "sentar las bases" para afrontar en los próximos años la estrategia de lucha contra el despoblamiento, a través de un consejo asesor que funcionará como el "paraguas" que coordine todos los trabajos e impulse las actuaciones del Gobierno. Su puesta en marcha, ha asegurado, "no conllevará ningún gasto presupuestario ni de personal adicional".
Emergencias y acción exterior
El Gobierno autonómico también tendrá lista una estrategia de protección civil de Cantabria, a través de un plan que fijará los objetivos de acción para los próximos cinco años y priorizará los esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias. Este plan de acción, previsto en la Ley autonómica de Protección Civil, incorporará los factores que potencian el riesgo en las personas como son los condicionantes sociales, económicos y personales.
La consejera de Presidencia ha avanzado que la estrategia autonómica incluirá un nuevo Plan especial de protección civil frente al riesgo de fenómenos meteorológicos y otras iniciativas de la Dirección General de Interior, como la elaboración de un inventario de riesgos naturales y tecnológicos y una red de comunicaciones con los últimos avances en la materia.
Por su parte, el Servicio de Emergencias de Cantabria, del que depende el Centro de Coordinación 112 y los parques de bomberos autonómicos, desarrollará de forma efectiva su estructura dentro de la Administración Pública con la aprobación de la relación de puestos de trabajo y la integración de su personal. El plan de inversiones se centrará en la renovación y modernización de la flota de vehículos utilizados por los bomberos.
La consejera de Presidencia ha anunciado que el Gobierno llevará a cabo una reforma, que se incluirá en la ley de medidas legales y administrativas de 2020, con el objetivo de resolver las lagunas en la aplicación de la tasa de los servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento en el ámbito de protección civil.
A la luz de los informes sobre el rescate realizado este verano en el Faro del Caballo, esta tasa legal "no era del todo operativa para establecer de manera precisa los supuestos y poder repercutirla", ha explicado. A modo de ejemplo, ha avanzado algunos de los supuestos concretos que se incluirán en la reforma, como son el desoír las alertas meteorológicas, no contar con los permisos necesarios y carecer del equipamiento adecuado.
La Acción Exterior de Cantabria tendrá como principales pilares de actuación la Oficina en Bruselas para aprovechar "todas las oportunidades que Europa brinda", en palabras de la consejera, y las Casas regionales. Se ultima un plan estratégico plurianual de apoyo a los cántabros en el exterior con el objetivo de atender situaciones de necesidades y, en su caso, facilitar el retorno a la Comunidad Autónoma.
Nuevas leyes
En el ámbito legislativo, Fernández Viaña ha señalado que las actuaciones consistirán en el desarrollo de una nueva ordenación territorial de Cantabria, mediante la delimitación comarcal de la región; el proyecto de ley que blindará el Fondo de Cooperación Local; la nueva norma reguladora de las entidades locales menores, que contará con un fondo económico para su sostenibilidad, y se impulsará un proyecto de Ley de Participación Ciudadana.
También se aprobarán unas nuevas normas marco de la policía local, se revisará la Ley de autonómica de Coordinación del año 2000 y se trabajará con los ayuntamientos para unificar la celebración de los procesos selectivos de los agentes, con el fin de que el curso básico autonómico, por el que adquiere forma definitiva la condición de funcionario, se organice de manera sucesiva.
Por otro lado, se abordará una nueva Ley de Función Pública, que establecerá por primera vez una carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General. En materia del personal público, la consejera se ha comprometido a abrir la negociación colectiva y redactar un Plan de Igualdad que incluya medidas de conciliación.
Como principal novedad en el ámbito de juego, se desarrollarán las primeras medidas consensuadas con el sector del programa de juego responsable, al establecerse una distancia mínima de 500 metros entre todos los establecimientos de juego y los centros escolares y de rehabilitación de ludopatías. La reforma legal será incluida en la próxima ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a la norma de presupuestos.
Respecto al desarrollo de la Ley de Espectáculos, la consejera ha informado de la convocatoria de una reunión el 15 de octubre para analizar y mejorar su aplicación, bajo la premisa "fundamental" de "primar la seguridad" en la organización de las pruebas deportivas y fiestas. Estarán presentes todos los sectores implicados en su organización.
Administración, formación y CES
El Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) ahondará en la mejora emprendida en la etapa anterior, potenciará la formación en línea y la investigación y los estudios de mejora de los servicios públicos.
La administración electrónica centrará otra parte de los esfuerzos de la Consejería, tanto en apoyo a los ayuntamientos, como en el seno de la propia Administración del Gobierno cántabro. Se implantará un proyecto piloto para dotar de sistemas de inteligencia artificial al servicio de información telefónica 012.
Desde los Servicios Jurídicos del Ejecutivo se trabajará en la unificación de criterios y en la mejora de los tiempos de respuesta para agilizar el funcionamiento de toda la Administración regional.
Por último, la consejera ha informado a la comisión parlamentaria que el Consejo Económico y Social (CES), órgano de participación social en materia sociolaboral que se recuperó por ley en la anterior legislatura, celebrará su primer pleno antes de que finalice el año.
La consejera ha finalizado su intervención agradeciendo las aportaciones y la colaboración ofrecida por todos los grupos parlamentarios
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