El Gobierno autonómico y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI) han acordado ampliar sus acciones de colaboración y desarrollar medidas para facilitar la accesibilidad en conciertos y espectáculos públicos. En concreto, se difundirán a modo de guía entre las empresas organizadoras, promotores y ayuntamientos las prácticas necesarias para facilitar la entrada y adaptar los recintos y medios.
En una reunión entre el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla; la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña; la presidenta del CERMI, Mar Arruti, y otros miembros de la organización, han estudiado además las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en 2018.
Arruti ha señalado que la ley, que fue "un gran logro" en la anterior legislatura, debe continuar su despliegue y, en este sentido, ha solicitado la inclusión de partidas presupuestarias y el reglamento del Consejo Autonómico de la Discapacidad. Hasta el momento, ha valorado que el texto legal se encuentre ya en formatos accesibles, como lectura fácil, para favorecer el acceso de las personas con discapacidad intelectual.
En el ámbito del convenio que mantienen con la Consejería de Presidencia, el Gobierno y CERMI acelerarán las medidas para mejorar de la accesibilidad a los órganos judiciales de la región y a los elementos de información de la justicia.
Entre las iniciativas, la consejera Paula Fernández ha recordado las medidas fijadas en un estudio tendentes a facilitar la participación en el sistema judicial con medios técnicos y la adaptación legislativa hacia un mayor desarrollo y capacidad de decisión de las personas con discapacidad. Otras observaciones planteadas desde el CERMI se refieren a los protocolos para la atención adecuada a las personas con discapacidad, con servicios de acompañamiento, intérpretes de signos o turno de oficio especializado.
Empleo público y emergencias
Por otro lado, el CERMI ha puesto de relieve la formación de los funcionarios sobre la lengua de signos y en habilidades propias para la interacción con personas con discapacidad. El Ejecutivo mantendrá y potenciará estos cursos en el ámbito de atención ciudadana con decenas de plazas anuales.
En el ámbito de empleo público, Arruti ha destacado la adaptación de las pruebas a las personas con discapacidad intelectual y ha recordado la incorporación en la última oferta ejecutada de cuatro funcionarios que aprobaron estas oposiciones específicas. Según ha dicho, "esperamos mantener este trabajo conjunto con la Dirección General de Función Pública", que por primera vez reservó plazas y organizó una oposición específica para este colectivo.
Por último, se ha presentado el ejercicio práctico de rescate de varias personas con discapacidad que se organizará el 2 de octubre en el entorno del embalse del Ebro. Durante el mismo,se probará el funcionamiento de la nueva aplicación 'accesible' del Centro de Gestión de Emergencias 112. "Veremos toda la cadena de accesibilidad en la que hemos trabajado conjuntamente para que no quede ningún eslabón suelto y que el rescate sea un éxito", ha subrayado la presidenta del CERMI.
En una reunión entre el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla; la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña; la presidenta del CERMI, Mar Arruti, y otros miembros de la organización, han estudiado además las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en 2018.
Arruti ha señalado que la ley, que fue "un gran logro" en la anterior legislatura, debe continuar su despliegue y, en este sentido, ha solicitado la inclusión de partidas presupuestarias y el reglamento del Consejo Autonómico de la Discapacidad. Hasta el momento, ha valorado que el texto legal se encuentre ya en formatos accesibles, como lectura fácil, para favorecer el acceso de las personas con discapacidad intelectual.
En el ámbito del convenio que mantienen con la Consejería de Presidencia, el Gobierno y CERMI acelerarán las medidas para mejorar de la accesibilidad a los órganos judiciales de la región y a los elementos de información de la justicia.
Entre las iniciativas, la consejera Paula Fernández ha recordado las medidas fijadas en un estudio tendentes a facilitar la participación en el sistema judicial con medios técnicos y la adaptación legislativa hacia un mayor desarrollo y capacidad de decisión de las personas con discapacidad. Otras observaciones planteadas desde el CERMI se refieren a los protocolos para la atención adecuada a las personas con discapacidad, con servicios de acompañamiento, intérpretes de signos o turno de oficio especializado.
Empleo público y emergencias
Por otro lado, el CERMI ha puesto de relieve la formación de los funcionarios sobre la lengua de signos y en habilidades propias para la interacción con personas con discapacidad. El Ejecutivo mantendrá y potenciará estos cursos en el ámbito de atención ciudadana con decenas de plazas anuales.
En el ámbito de empleo público, Arruti ha destacado la adaptación de las pruebas a las personas con discapacidad intelectual y ha recordado la incorporación en la última oferta ejecutada de cuatro funcionarios que aprobaron estas oposiciones específicas. Según ha dicho, "esperamos mantener este trabajo conjunto con la Dirección General de Función Pública", que por primera vez reservó plazas y organizó una oposición específica para este colectivo.
Por último, se ha presentado el ejercicio práctico de rescate de varias personas con discapacidad que se organizará el 2 de octubre en el entorno del embalse del Ebro. Durante el mismo,se probará el funcionamiento de la nueva aplicación 'accesible' del Centro de Gestión de Emergencias 112. "Veremos toda la cadena de accesibilidad en la que hemos trabajado conjuntamente para que no quede ningún eslabón suelto y que el rescate sea un éxito", ha subrayado la presidenta del CERMI.
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