El año 2018 se cierra en Solvay Torrelavega con la cifra de 34 despidos, que gracias a la colaboración de UGT y CCOO han sido tramitados como despidos objetivos individuales y no mediante la tramitación de un ERE, asegura USO.
Todos los despidos fueron conciliados en el ORECLA. La negativa de Solvay, UGT y CCOO de negociar un ERE, le ha supuesto una merma de ingresos a la Seguridad Social de una importante cuantía económica que supera los 3 millones de euros.
Para USO, el mirar para otro lado frente a la obligación moral y legal de grandes empresas como Solvay de ingresar al Tesoro Público las cotizaciones correspondientes es una irresponsabilidad social a la vez que una hipocresía cuando luego las mismas administraciones y organizaciones políticas y sociales reclaman una sanidad, educación, pensiones y prestaciones sociales decentes; encontrándonos con la falta de recursos económicos suficientes.
Para USO, las grandes empresas, que disfrutan de cuantiosos beneficios en sus resultados al final de año (Solvay entorno a 2000 millones de euros) y se benefician de ayudas y subvenciones públicas, deben practicar la Responsabilidad Social Corporativa y contribuir ingresando a la Seguridad Social el costo social y económico de sus despidos, contribuyendo con hechos al mantenimiento del sistema público de protección social, que es garantía de solidaridad intergeneracional.
Todos los despidos fueron conciliados en el ORECLA. La negativa de Solvay, UGT y CCOO de negociar un ERE, le ha supuesto una merma de ingresos a la Seguridad Social de una importante cuantía económica que supera los 3 millones de euros.
Para USO, el mirar para otro lado frente a la obligación moral y legal de grandes empresas como Solvay de ingresar al Tesoro Público las cotizaciones correspondientes es una irresponsabilidad social a la vez que una hipocresía cuando luego las mismas administraciones y organizaciones políticas y sociales reclaman una sanidad, educación, pensiones y prestaciones sociales decentes; encontrándonos con la falta de recursos económicos suficientes.
Para USO, las grandes empresas, que disfrutan de cuantiosos beneficios en sus resultados al final de año (Solvay entorno a 2000 millones de euros) y se benefician de ayudas y subvenciones públicas, deben practicar la Responsabilidad Social Corporativa y contribuir ingresando a la Seguridad Social el costo social y económico de sus despidos, contribuyendo con hechos al mantenimiento del sistema público de protección social, que es garantía de solidaridad intergeneracional.
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