La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible condena la privatización del ferrocarril que se aprobó el pasado 22 de enero en el Congreso al convalidar el Decreto
Ley presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que establece la fecha de diciembre de
2022 para la entrada de las empresas privadas en el ámbito de los servicios de transporte
ferroviario de personas. Unidos Podemos fue el único grupo parlamentario que votó en
contra.
Todo el mundo conoce la nefasta experiencia de la privatización del ferrocarril británico, urdida por Margaret Thatcher y rubricada por Jhon Major en 1993. La política de privatización de lo público fue la característica esencial de Margaret Thatcher. Ahora el Gobierno de España, en manos del PSOE, sigue los pasos de la política de privatizar aquello de lo público que es rentable.
Es cierto que el Gobierno de España cumple en este caso con la transposición del llamado Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea y la Directiva de la UE 2016/2370, y, así, el PSOE cumple con la UE en lo que ésta es semejante a Margaret Thatcher a la vez que no cumple la ley, denominada Reglamento UE 1315/2013, relativa a las Orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Básica Ferroviaria Europea, y por tanto española, que se está definiendo en estos momento y que estará lista en 2023, dentro de cuatro años.
Estamos ante una doble vara de medir, el Gobierno de España se inclina ante la privatización de lo público pero es incapaz de mostrarse con la cabeza alta ante la potenciación de un servicio público esencial como es hoy día el transporte ferroviario.
Y lo anterior está aderezado, además con que en España se ha realizado en los últimos años mucha más infraestructura ferroviaria de alta velocidad, bajo el criterio del Todo AVE, que en el conjunto del resto de la UE, con unos claros intereses elitistas, que permiten viajar a muy pocas personas, 23.000 al día frente a 2.000.000 que utilizan los trenes de cercanías y los trenes regionales, a costa de los presupuestos generales aportados por el conjunto de la sociedad, y con el añadido de los grandes beneficios vertidos a las grandes empresas constructoras y a los casos de corrupción.
"Desde la Coordinadora Estatal por el Tren manifestamos nuestra total oposición a la política de privatización del ferrocarril, exigimos moratoria en la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y la reorientación de las inversiones hacia líneas de doble vía y electrificadas, que permitan la circulación de 440 trenes/día y velocidades medias de 165 km/h, conviviendo los trenes de cercanías con los trenes regionales, los trenes de grandes distancias y los trenes de mercancías".
Ley presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que establece la fecha de diciembre de
2022 para la entrada de las empresas privadas en el ámbito de los servicios de transporte
ferroviario de personas. Unidos Podemos fue el único grupo parlamentario que votó en
contra.
Todo el mundo conoce la nefasta experiencia de la privatización del ferrocarril británico, urdida por Margaret Thatcher y rubricada por Jhon Major en 1993. La política de privatización de lo público fue la característica esencial de Margaret Thatcher. Ahora el Gobierno de España, en manos del PSOE, sigue los pasos de la política de privatizar aquello de lo público que es rentable.
Es cierto que el Gobierno de España cumple en este caso con la transposición del llamado Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea y la Directiva de la UE 2016/2370, y, así, el PSOE cumple con la UE en lo que ésta es semejante a Margaret Thatcher a la vez que no cumple la ley, denominada Reglamento UE 1315/2013, relativa a las Orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Básica Ferroviaria Europea, y por tanto española, que se está definiendo en estos momento y que estará lista en 2023, dentro de cuatro años.
Estamos ante una doble vara de medir, el Gobierno de España se inclina ante la privatización de lo público pero es incapaz de mostrarse con la cabeza alta ante la potenciación de un servicio público esencial como es hoy día el transporte ferroviario.
Y lo anterior está aderezado, además con que en España se ha realizado en los últimos años mucha más infraestructura ferroviaria de alta velocidad, bajo el criterio del Todo AVE, que en el conjunto del resto de la UE, con unos claros intereses elitistas, que permiten viajar a muy pocas personas, 23.000 al día frente a 2.000.000 que utilizan los trenes de cercanías y los trenes regionales, a costa de los presupuestos generales aportados por el conjunto de la sociedad, y con el añadido de los grandes beneficios vertidos a las grandes empresas constructoras y a los casos de corrupción.
"Desde la Coordinadora Estatal por el Tren manifestamos nuestra total oposición a la política de privatización del ferrocarril, exigimos moratoria en la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y la reorientación de las inversiones hacia líneas de doble vía y electrificadas, que permitan la circulación de 440 trenes/día y velocidades medias de 165 km/h, conviviendo los trenes de cercanías con los trenes regionales, los trenes de grandes distancias y los trenes de mercancías".
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