Lejos de resolverse (en el momento en que esto escribo), el conflicto entre empresas de auto-taxi y las de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y sus respectivos trabajadores y trabajadoras, en el mejor de los casos, se ha visto aplazado -entiendo- en Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona, estando pendiente de algún tipo de acuerdo en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital que, hasta ahora no se ha producido.
Ante la opinión pública, el conflicto se está circunscribiendo a los problemas que, a los conductores de vehículos particulares, a los usuarios de transporte colectivo y a los ciudadanos en general que frecuentan dichos espacios públicos, vienen provocando las movilizaciones de los trabajadores de auto-taxi, con sus acciones de corte de la circulación en vías públicas, barricadas, etc., Pero poco o nada serio y original se dice del origen del conflicto y, sobre todo (y esto es lo más llamativo), nada de los usuarios, tanto de los que utilizan el auto-taxi, como de quienes alquilan vehículos con conductor, como si el problema no fuese un problema de todos, nuestro problema, y solo nos importasen las molestias que producen dichas movilizaciones. No soy usuario habitual de ninguno de esos dos medios de transporte, pero nadie puede asegurar que alguna vez no tenga necesidad de utilizar cualquiera de ellos.
El conflicto está planteado en términos económicos y de empleo, sobre todo, quedando al margen (porque se da por supuesto) el carácter de servicio público o privado de ambas modalidades.
Sin embargo, al usuario -entiendo- lo que le interesa es precisamente ese carácter de servicio público. Y, en cuanto a ese carácter, el usuario puede que, de momento, no vea diferencias (o sí, los precios del alquiler de VTC parecen más bajos), pero puede llegar, en el futuro, a verse perjudicado por esas diferencias.
El servicio de auto-taxi, contrariamente a lo que se dice, no es un monopolio de los taxistas, sino de los ayuntamientos. Esto hay que resaltarlo. Y esa diferenciación es muy importante. El Ayuntamiento concede las licencias, determina el carácter de las mismas, su intransferibilidad, establece el número de ellas que considera necesario, exige un nivel adecuado de calidad del servicio que incluye cumplimiento de horarios, dedicación exclusiva, condiciones del vehículo, etc. y, lo que puede que sea más importante para el usuario, fija las tarifas que el taxista debe y puede aplicar, y ejerce el control de la aplicación de las mismas, mediante la instalación y exhibición obligatorias del taxímetro correspondiente y otras medidas. La regulación del Sector, contenida en el Reglamento Nacional del Taxi es suficientemente concreta y detallada como para que el ayuntamiento de turno pueda ejercer un control efectivo sobre la actividad del Sector, tanto en lo que a la calidad del servicio se refiere, como al respeto de los derechos de sus trabajadores asalariados y de los usuarios. Lo cual no quiere decir que no se den situaciones de descontrol, dejación de responsabilidades por parte de los ayuntamientos y picaresca. Un aspecto llamativo de esa dejación es el llamado "mercado de licencias" y los desorbitados precios a que se cotizan las mismas ante la inoperancia de los ayuntamientos. Por otra parte, la relación entre empresas y trabajadores asalariados está regulada por el Convenio Nacional del Sector.
Por el contrario, las empresas de VTC son empresas privadas, regidas por el principio general de la libre empresa y el derecho de libre asociación. No existe un reglamento específico que regule el Sector. La relación empresario-trabajador, asalariado o autónomo, de momento, no está regulada con carácter nacional. Únicamente existen algunos convenios de ámbito local. Puede que, a día de hoy, las tarifas que vienen aplicando al usuario sean más bajas y la calidad del servicio sea mejor, pero no hay garantía alguna de que lo vayan a ser siempre. Y dependerá de las "leyes del mercado", de la competencia que se produzca entre las empresas y, sobre todo, de ellas con el Sector del Taxi. Por lo tanto, y de cara al usuario, es ésta la cuestión fundamental: ¿interesa potenciar el Sector del Auto-taxi y limitar la proliferación de licencias VTC, regulando, además, su funcionamiento o, más bien, liberalizar el sector de tal forma que el usuario se encuentre en la coyuntura de tener que "negociar", individualmente, cada viaje, en cada momento y con cada empresario o conductor?
Como siempre, los partidarios de la privatización de los servicios públicos y de la liberalización total de las relaciones apelarán a que la competencia será beneficiosa para conductores y usuarios. Pero ya sabemos lo que esa pretendida competencia viene significando en temas como, por ejemplo, el precio de la electricidad, los combustibles, etc. De hecho, la historia nos dice que, siempre que un sector presume de basarse en la libre competencia, acaba evolucionando hacia el monopolio de unos pocos. Y el Sector de los VTC empieza a ser una muestra de ello.
De momento, la conflictividad se reduciría si se cumpliesen los pactos o normas hasta ahora establecidos. Pero eso no ocurre. Y es, precisamente, por ello, por lo que el conflicto ha alcanzado las dimensiones actuales.
Y no es una cuestión de "modernizar" o no el Sector del Taxi para que pueda competir mejor (que lo podrá hacer de igual forma y, una parte lo está haciendo) sino de defender al usuario, individualmente indefenso. Apoyar la fórmula más eficaz para salvaguardar sus intereses. ¿Tendremos que crear, también, asociaciones de usuarios del taxi, como están haciendo los inquilinos de viviendas para defender sus intereses? Los intereses de los usuarios deben ponerse en el centro de las preocupaciones, las asociaciones de consumidores deben tener más protagonismo, y los sindicatos velar por los derechos de los trabajadores asalariados, derechos e intereses de usuarios y trabajadores que no tienen por qué ser opuestos ni contradictorios, si bien, la participación de los sindicatos puede que sea una cuestión delicada, dado el carácter mixto (de asalariados y autónomos) del movimiento. En todo caso, respetemos su soberanía.
José María Grúber 13638898
Ante la opinión pública, el conflicto se está circunscribiendo a los problemas que, a los conductores de vehículos particulares, a los usuarios de transporte colectivo y a los ciudadanos en general que frecuentan dichos espacios públicos, vienen provocando las movilizaciones de los trabajadores de auto-taxi, con sus acciones de corte de la circulación en vías públicas, barricadas, etc., Pero poco o nada serio y original se dice del origen del conflicto y, sobre todo (y esto es lo más llamativo), nada de los usuarios, tanto de los que utilizan el auto-taxi, como de quienes alquilan vehículos con conductor, como si el problema no fuese un problema de todos, nuestro problema, y solo nos importasen las molestias que producen dichas movilizaciones. No soy usuario habitual de ninguno de esos dos medios de transporte, pero nadie puede asegurar que alguna vez no tenga necesidad de utilizar cualquiera de ellos.
El conflicto está planteado en términos económicos y de empleo, sobre todo, quedando al margen (porque se da por supuesto) el carácter de servicio público o privado de ambas modalidades.
Sin embargo, al usuario -entiendo- lo que le interesa es precisamente ese carácter de servicio público. Y, en cuanto a ese carácter, el usuario puede que, de momento, no vea diferencias (o sí, los precios del alquiler de VTC parecen más bajos), pero puede llegar, en el futuro, a verse perjudicado por esas diferencias.
El servicio de auto-taxi, contrariamente a lo que se dice, no es un monopolio de los taxistas, sino de los ayuntamientos. Esto hay que resaltarlo. Y esa diferenciación es muy importante. El Ayuntamiento concede las licencias, determina el carácter de las mismas, su intransferibilidad, establece el número de ellas que considera necesario, exige un nivel adecuado de calidad del servicio que incluye cumplimiento de horarios, dedicación exclusiva, condiciones del vehículo, etc. y, lo que puede que sea más importante para el usuario, fija las tarifas que el taxista debe y puede aplicar, y ejerce el control de la aplicación de las mismas, mediante la instalación y exhibición obligatorias del taxímetro correspondiente y otras medidas. La regulación del Sector, contenida en el Reglamento Nacional del Taxi es suficientemente concreta y detallada como para que el ayuntamiento de turno pueda ejercer un control efectivo sobre la actividad del Sector, tanto en lo que a la calidad del servicio se refiere, como al respeto de los derechos de sus trabajadores asalariados y de los usuarios. Lo cual no quiere decir que no se den situaciones de descontrol, dejación de responsabilidades por parte de los ayuntamientos y picaresca. Un aspecto llamativo de esa dejación es el llamado "mercado de licencias" y los desorbitados precios a que se cotizan las mismas ante la inoperancia de los ayuntamientos. Por otra parte, la relación entre empresas y trabajadores asalariados está regulada por el Convenio Nacional del Sector.
Por el contrario, las empresas de VTC son empresas privadas, regidas por el principio general de la libre empresa y el derecho de libre asociación. No existe un reglamento específico que regule el Sector. La relación empresario-trabajador, asalariado o autónomo, de momento, no está regulada con carácter nacional. Únicamente existen algunos convenios de ámbito local. Puede que, a día de hoy, las tarifas que vienen aplicando al usuario sean más bajas y la calidad del servicio sea mejor, pero no hay garantía alguna de que lo vayan a ser siempre. Y dependerá de las "leyes del mercado", de la competencia que se produzca entre las empresas y, sobre todo, de ellas con el Sector del Taxi. Por lo tanto, y de cara al usuario, es ésta la cuestión fundamental: ¿interesa potenciar el Sector del Auto-taxi y limitar la proliferación de licencias VTC, regulando, además, su funcionamiento o, más bien, liberalizar el sector de tal forma que el usuario se encuentre en la coyuntura de tener que "negociar", individualmente, cada viaje, en cada momento y con cada empresario o conductor?
Como siempre, los partidarios de la privatización de los servicios públicos y de la liberalización total de las relaciones apelarán a que la competencia será beneficiosa para conductores y usuarios. Pero ya sabemos lo que esa pretendida competencia viene significando en temas como, por ejemplo, el precio de la electricidad, los combustibles, etc. De hecho, la historia nos dice que, siempre que un sector presume de basarse en la libre competencia, acaba evolucionando hacia el monopolio de unos pocos. Y el Sector de los VTC empieza a ser una muestra de ello.
De momento, la conflictividad se reduciría si se cumpliesen los pactos o normas hasta ahora establecidos. Pero eso no ocurre. Y es, precisamente, por ello, por lo que el conflicto ha alcanzado las dimensiones actuales.
Y no es una cuestión de "modernizar" o no el Sector del Taxi para que pueda competir mejor (que lo podrá hacer de igual forma y, una parte lo está haciendo) sino de defender al usuario, individualmente indefenso. Apoyar la fórmula más eficaz para salvaguardar sus intereses. ¿Tendremos que crear, también, asociaciones de usuarios del taxi, como están haciendo los inquilinos de viviendas para defender sus intereses? Los intereses de los usuarios deben ponerse en el centro de las preocupaciones, las asociaciones de consumidores deben tener más protagonismo, y los sindicatos velar por los derechos de los trabajadores asalariados, derechos e intereses de usuarios y trabajadores que no tienen por qué ser opuestos ni contradictorios, si bien, la participación de los sindicatos puede que sea una cuestión delicada, dado el carácter mixto (de asalariados y autónomos) del movimiento. En todo caso, respetemos su soberanía.
José María Grúber 13638898
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