El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el proyecto de ley que regula el funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Cantabria y su remisión al Parlamento. Éste ha sido el acuerdo más destacado de la reunión semanal del Ejecutivo, en la que se han tramitado diversos expedientes por importe de 1.107.191 euros y de cuyo contenido ha informado la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos.
Díaz Tezanos se ha mostrado convencida de que este anteproyecto, que
cuenta con el consenso del propio Consejo Social de la Universidad de
Cantabria, "supone una oportunidad para potenciar el papel de la
educación superior en Cantabria, pues se incrementa la interacción con
los agentes sociales y se da una mejor respuesta a las demandas de la
sociedad y del sistema productivo".
Compuesta por 23 artículos,
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos
disposiciones finales, la nueva ley tiene su origen en la necesidad de
adaptar la normativa autonómica anterior a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Universidades (LOU), la cual establece unos requisitos
básicos de obligado cumplimiento sobre la posición institucional de este
órgano y sobre sus funciones esenciales.
Entre las novedades
que trae consigo este anteproyecto, la vicepresidenta ha destacado que
amplía el objeto de la ley, al pasar de regular la organización y su
funcionamiento a incluir también su naturaleza, los fines, competencias y
composición.
En cuanto a los fines del Consejo Social de la UC,
la nueva ley contempla la supervisión de las actividades de carácter
económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios, así como
promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la
universidad y las relaciones entre ésta y su entorno cultural,
profesional, económico y social, al servicio de la calidad de la
actividad universitaria.
Para lograrlo, el Consejo tendrá
competencias en supervisión de las actividades de carácter económico;
planificación y desarrollo institucional; supervisión del rendimiento,
eficiencia y calidad de los servicios; fomento de las relaciones con la
sociedad mediante su interacción con los agentes sociales y económicos, y
la supervisión de las actividades de organización académica.
Además,
se modifica la composición del Consejo Social, manteniendo el mismo
número total de miembros (20), pero se modifica su representación, de
tal de manera que, en representación de la comunidad universitaria, el
número de miembros pasa de 8 a 6. Tres vocales (rector, secretario
general y gerente) serán natos, y los otros tres serán elegidos por el
Consejo de Gobierno de la UC entre sus miembros.
En
representación de los intereses sociales, los vocales pasan de 12 a 14 y
se incluye, como novedad, que la designación de 2 de estos miembros la
hará el presidente del órgano. En cualquier caso, deberán ser
personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y
social, y no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria.
De
todos ellos, cuatro serán elegidos por el Parlamento de Cantabria; dos
por las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la
comunidad autónoma; dos directamente por las organizaciones
empresariales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma;
cuatro por el Consejo de Gobierno de Cantabria, que serán los
directores generales competentes en materia de universidades y economía,
y dos personas con experiencia en los campos de la ciencia, la
tecnología, la administración pública, la economía y el trabajo, y dos
más designados por el presidente del Consejo Social entre personas de
reconocido prestigio de la vida cultural, profesional, económica,
laboral y social.
Se establece, además, un periodo máximo de
duración del mandato de los vocales de 8 años que la anterior normativa
no contemplaba y se regulan de manera más extensa que en la anterior
normativa los derechos y deberes de los vocales.
En cuanto a la
estructura orgánica del Consejo, funcionará en pleno y en las comisiones
que se creen, y se establece una disposición transitoria que, según ha
indicado Díaz Tezanos, "facilita el tránsito al régimen jurídico
previsto en la nueva ley, de manera que se contempla que los miembros
del Consejo Social que se encuentren ejerciendo sus funciones a la
entrada en vigor de la nueva ley permanecerán ejerciéndolas hasta que se
cumpla el plazo para el que fueron nombrados y, tras la entrada en
vigor de la nueva ley, en el momento en que deba procederse al
nombramiento de nuevos miembros, la composición del Consejo Social se
adecuará a lo previsto en la misma".
Por último, Díaz Tezanos ha
precisado que el Consejo Social deberá elaborar en el plazo de tres
meses su propio reglamento de organización y funcionamiento.
Presidencia y Justicia
Se autorizó la firma de un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la formación de jueces y magistrados destinados a la Comunidad Autónoma de Cantabria, con una aportación del Gobierno de 12.500 euros.
Eva Díaz Tezanos ha explicado que se trata de organizar cursos, jornadas, seminarios, así como estudios y publicaciones para contribuir al "reciclaje y perfeccionamiento de estos profesionales, entre los que también se encuentran los jueces de paz y los jueces sustitutos".
Se aprobó la modificación del convenio de colaboración firmado el 18 de enero de 2006 con la Dirección General de la Guardia Civil para desarrollar la formación de las policías locales de los municipios, a través de su órgano de formación, perfeccionamiento y especialización.
La modificación está encaminada a incrementar la cantidad que perciben los instructores de tiro, que pasa de 30 a 37,5 euros brutos por hora.
En este sentido, la vicepresidenta ha agradecido el compromiso de la Guardia Civil para ayudar y colaborar con las necesidades de aprendizaje y formación de los policías locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Obras Públicas y Vivienda
El consejero informó de la ampliación de la declaración de emergencia realizada el 19 de marzo para acometer la obra de deslizamiento del talud de la margen izquierda de la carretera autonómica que une la Variante de Santillana del Mar y el cruce con la CA-136, a la entrada a Arroyo, por importe de 175.000 euros.
Educación, Cultura y Deporte
Se autorizó al consejero a realizar las gestiones necesarias para integrarse como miembro de la Agencia Europea de Información y Asesoramiento a los Jóvenes (ERYICA).
ERYICA es una asociación internacional sin ánimo de lucro, creada con la misión de defender el derecho de los jóvenes a acceder a información completa y fiable para promover su autonomía y participación activa en la sociedad democrática.
Tal y como ha explicado Díaz Tezanos, se trata de una agencia que tiene el objetivo de mantener y promover una red de estructuras y profesionales de la información y asesoramiento a los jóvenes que, según ha dicho, "permitirá formar a los técnicos de las oficinas de información juvenil del Gobierno de Cantabria y trabajar con esta agencia en nuevas iniciativas".
En la actualidad, está presente en 27 países y forman parte de ella 35 organizaciones. Entre los miembros españoles se encuentran los institutos de Juventud de Valencia, Andalucía, Baleares y Cataluña. La candidatura de Cantabria, promovida por la Dirección General de Juventud, ha sido aceptada.
Se autorizó una aportación dineraria de 550.000 euros destinada a la actividad de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para el fomento y el apoyo de actividades deportivas a través de convenios con distintos clubes y organismos deportivos.
Medio Rural, Pesca y Alimentación
Se autorizó un contrato de apoyo técnico en el seguimiento de las concesiones por interés particular en montes de utilidad pública otorgadas entre 2012 y 2019, con un coste de 101.929 euros.
Tras recordar que Cantabria cuenta con 482 montes catalogados de utilidad pública que representan casi algo más del 70% de la superficie forestal regional y en los que existe un alto porcentaje de aprovechamientos por particulares, Díaz Tezanos ha apuntado que el objetivo del presente contrato es contar con una asistencia técnica que preste apoyo al seguimiento de las concesiones por interés particular y para el control del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas, además de la planificación de los aprovechamientos a incluir en los planes anuales de 2019 y 2020.
La vicepresidenta ha precisado que el presente contrato, cuyo plazo de ejecución es de 24 meses, implica la visita a cada una de las parcelas afectadas, la elaboración de los correspondientes informes y de los borradores de los planes anuales de aprovechamiento de los próximos dos años.
