Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO se han concentrado esta mañana a las puertas de la Delegación del Gobierno de Cantabria en protesta por el aumento de las agresiones que sufre el sector de la seguridad privada y para exigir protección jurídica y más medidas de seguridad para el colectivo, que en Cantabria se estima que supera el millar de trabajadoras y trabajadores repartidos en unas 15 empresas.
Los cuatro sindicatos han demandado más protección jurídica para poder combatir las agresiones que sufren en el día a día de su trabajo, en Cantabria se contabilizan más de 30 al año, y han recordado que existe una Ley de Seguridad Privada, con un reglamento propio que la desarrolla, que lleva parada desde hace más de cinco años. En este sentido, han exigido que se actualice ese reglamento, se ponga en marcha y se incluyan las medidas de protección necesarias para un colectivo que, a día de hoy, se siente desamparado.
De este modo, una de sus principales reivindicaciones es que se considere a los vigilantes de seguridad agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, un carácter del que ahora solo disfrutan cuando están bajo el mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Somos la primera fuerza de choque antes de que llegue la policía y nos encontramos serios problemas cuando hay grandes aglomeraciones, como es el caso de las estaciones de tren, los aeropuertos, los centros comerciales… la realidad es que cuando llega la policía o la guardia civil, los delincuentes ya están reducidos pero las penas que tienen son mucho menores que si fuéramos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, han subrayado los representantes sindicales a los medios de comunicación durante la protesta.
Además, los y las trabajadores del sector de la seguridad privada han demandado que a través de los planes de prevención de riesgos laborales se realice un estudio pormenorizado de cada centro de trabajo para dotar a los vigilantes del material de protección y autodefensa que se necesite en cada caso.
Por último, los sindicatos han denunciado “el compadreo entre las empresas de seguridad privada y las instituciones públicas competentes que no supervisan como debieran el trabajo de los vigilantes. En este sentido, han lamentado “la lentitud burocrática” y que a algunos vigilantes les han denegado la petición de adquirir por su cuenta equipos de protección.
Los cuatro sindicatos han demandado más protección jurídica para poder combatir las agresiones que sufren en el día a día de su trabajo, en Cantabria se contabilizan más de 30 al año, y han recordado que existe una Ley de Seguridad Privada, con un reglamento propio que la desarrolla, que lleva parada desde hace más de cinco años. En este sentido, han exigido que se actualice ese reglamento, se ponga en marcha y se incluyan las medidas de protección necesarias para un colectivo que, a día de hoy, se siente desamparado.
De este modo, una de sus principales reivindicaciones es que se considere a los vigilantes de seguridad agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, un carácter del que ahora solo disfrutan cuando están bajo el mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Somos la primera fuerza de choque antes de que llegue la policía y nos encontramos serios problemas cuando hay grandes aglomeraciones, como es el caso de las estaciones de tren, los aeropuertos, los centros comerciales… la realidad es que cuando llega la policía o la guardia civil, los delincuentes ya están reducidos pero las penas que tienen son mucho menores que si fuéramos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, han subrayado los representantes sindicales a los medios de comunicación durante la protesta.
Además, los y las trabajadores del sector de la seguridad privada han demandado que a través de los planes de prevención de riesgos laborales se realice un estudio pormenorizado de cada centro de trabajo para dotar a los vigilantes del material de protección y autodefensa que se necesite en cada caso.
Por último, los sindicatos han denunciado “el compadreo entre las empresas de seguridad privada y las instituciones públicas competentes que no supervisan como debieran el trabajo de los vigilantes. En este sentido, han lamentado “la lentitud burocrática” y que a algunos vigilantes les han denegado la petición de adquirir por su cuenta equipos de protección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario