El Gobierno de Cantabria y el Comité del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han suscrito hoy un convenio de colaboración para la prestación integral de atención en Guatemala a la "caravana" de migrantes centroamericanos. Este acuerdo cuenta con una dotación total de 323.354 euros, cofinanciados por el Gobierno de Cantabria, a través del Fondo Cantabria Coopera, con 25.000 euros.
El propósito de este proyecto es contribuir al proceso de protección integral a las 600 víctimas de violencia, procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que incluye a víctimas de violencia sexual, explotación, trata de personas, abuso, etc, forzadas a huir de Centroamérica, asegurándoles asistencia psicológica y jurídica durante seis meses.
En los últimos años, el número de personas que huyen de la violencia de pandillas en América Central, específicamente en Guatemala, El Salvador y Honduras ha aumentado considerablemente. Desde mediados de octubre de 2018, impulsados por la desesperación causada por la violencia, la persecución, las amenazas de muerte, el abuso sexual y la falta de alimentos y empleos, diversos grupos organizados de personas de estos países han estado viajando, gran parte a pie, con la esperanza de llegar a México y los Estados Unidos de América.
El consejero de Cooperación al Desarrollo, Fernández Mañanes, ha asegurado que mediante esta intervención se persigue establecer y mantener una red de asistencia psicológica que apoye a las personas desplazadas a recuperarse de las situaciones de violencia vividas. También se les proporcionará una red de servicio de asistencia legal que les asesore para que puedan acceder a la protección que necesitan. En este sentido, el consejero ha señalado que se tiene una "obligación y deber moral" que atender para que puedan acceder a situaciones de asilo y protección de los derechos humanos como merecen.
Caravana de 16.000 personas
Así, desde mediados de octubre de 2018, se estima un desplazamiento de 16.000 personas en forma de caravanas desde estos países de origen: Guatemala, El Salvador y Honduras. Más de 70% de estas personas considera que corre peligro si regresa a sus países. Muchas de ellas son personas en situación vulnerable (que incluye a mayoría de mujeres y cerca de 2.300 niños) y necesitan asistencia humanitaria, entre ellos hay concretamente bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, y también personas mayores y personas con discapacidad.
Estados Unidos es el destino final para algunas de estos miles de personas, aunque, en el camino, algunos han dado vuelta atrás o están llevando a cabo solicitudes de asilo en países como México. El paso de la "caravana" se está dando por áreas en las que producen secuestros y riesgos de seguridad, lo que convierte a esta situación en especialmente preocupante.
Por este motivo, ACNUR asegura que es urgente estabilizar la situación y ofrecer condiciones adecuadas de recepción, tanto para las personas que buscan asilo como para quienes continúan el camino hacia el norte. Además, trabaja en las fronteras de Guatemala y Honduras, evaluando las necesidades y coordinando la asistencia humanitaria para atender a las personas que más la necesitan.
ACNUR está trabajando ya con gobiernos y socios de la sociedad civil para establecer un Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS). A través de este Marco, los desplazados a la fuerza pueden tener acceso a mejores condiciones de acogida y cobijo, procedimientos de asilo más eficaces y eficientes, así como a mejores soluciones tales como garantías de acceso a programas de asistencia social y al mercado laboral.
Por su parte, la presidenta del Comité Español de ACNUR, Matilde Fernández, ha señalado que los problemas son de tal "envergadura" que es difícil que sólo una contraparte pueda darlos respuesta y ha apostado porque Naciones Unidas aprenda a "hacer red" con muchos agentes: gobiernos, empresas, fundaciones o cuotas de los socios y otras agencias, ya que el problema tiene "una dimensión mayor al vivido al término de la II Guerra Mundial y en el conflicto de la Guerra Fría".
Fernández ha cifrado el total de refugiados y desplazados en este momento en un total de 68,5 millones de personas, de los cuales, en torno a 25 millones son refugiados y el resto desplazados que se suelen quedar en las fronteras de los países de su entorno. Según ha asegurado por este motivo "lo que antes de denominaba política de refugio en estos momentos se ha convertido en una política de mestizaje entre política de refugio y cooperación al desarrollo" y ACNUR tiene que atender a los refugiados y hacer cooperación para esos países que son solidarios.
Este proyecto se realizará en colaboración con otras ONG como son Cruz Roja o la Pastoral de Centroamérica, a los que "delegamos recursos para que nos ayuden a lo largo de la caravana y en los distintos albergues, que asciende a 8, y en los 12 puntos donde recogen nuestro apoyo y asistencia", ha añadido.
El Gobierno de Cantabria ha colaborado con ACNUR a lo largo de la legislatura con un total de 165.000 euros. Desde el Fondo Cantabria Coopera se destinaron en 2015 un total de 60.000 euros para Siria; en 2016 se concedieron 25.000 euros para campos de refugiaos en Jordania, mientras que en 2017 la cifra fue de 55.000 euros y se destinó a Líbano. Las ayudas se completan ahora con la concesión en este ejercicio de 25.000 destinados a Centroamérica.
El propósito de este proyecto es contribuir al proceso de protección integral a las 600 víctimas de violencia, procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que incluye a víctimas de violencia sexual, explotación, trata de personas, abuso, etc, forzadas a huir de Centroamérica, asegurándoles asistencia psicológica y jurídica durante seis meses.
En los últimos años, el número de personas que huyen de la violencia de pandillas en América Central, específicamente en Guatemala, El Salvador y Honduras ha aumentado considerablemente. Desde mediados de octubre de 2018, impulsados por la desesperación causada por la violencia, la persecución, las amenazas de muerte, el abuso sexual y la falta de alimentos y empleos, diversos grupos organizados de personas de estos países han estado viajando, gran parte a pie, con la esperanza de llegar a México y los Estados Unidos de América.
El consejero de Cooperación al Desarrollo, Fernández Mañanes, ha asegurado que mediante esta intervención se persigue establecer y mantener una red de asistencia psicológica que apoye a las personas desplazadas a recuperarse de las situaciones de violencia vividas. También se les proporcionará una red de servicio de asistencia legal que les asesore para que puedan acceder a la protección que necesitan. En este sentido, el consejero ha señalado que se tiene una "obligación y deber moral" que atender para que puedan acceder a situaciones de asilo y protección de los derechos humanos como merecen.
Caravana de 16.000 personas
Así, desde mediados de octubre de 2018, se estima un desplazamiento de 16.000 personas en forma de caravanas desde estos países de origen: Guatemala, El Salvador y Honduras. Más de 70% de estas personas considera que corre peligro si regresa a sus países. Muchas de ellas son personas en situación vulnerable (que incluye a mayoría de mujeres y cerca de 2.300 niños) y necesitan asistencia humanitaria, entre ellos hay concretamente bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, y también personas mayores y personas con discapacidad.
Estados Unidos es el destino final para algunas de estos miles de personas, aunque, en el camino, algunos han dado vuelta atrás o están llevando a cabo solicitudes de asilo en países como México. El paso de la "caravana" se está dando por áreas en las que producen secuestros y riesgos de seguridad, lo que convierte a esta situación en especialmente preocupante.
Por este motivo, ACNUR asegura que es urgente estabilizar la situación y ofrecer condiciones adecuadas de recepción, tanto para las personas que buscan asilo como para quienes continúan el camino hacia el norte. Además, trabaja en las fronteras de Guatemala y Honduras, evaluando las necesidades y coordinando la asistencia humanitaria para atender a las personas que más la necesitan.
ACNUR está trabajando ya con gobiernos y socios de la sociedad civil para establecer un Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS). A través de este Marco, los desplazados a la fuerza pueden tener acceso a mejores condiciones de acogida y cobijo, procedimientos de asilo más eficaces y eficientes, así como a mejores soluciones tales como garantías de acceso a programas de asistencia social y al mercado laboral.
Por su parte, la presidenta del Comité Español de ACNUR, Matilde Fernández, ha señalado que los problemas son de tal "envergadura" que es difícil que sólo una contraparte pueda darlos respuesta y ha apostado porque Naciones Unidas aprenda a "hacer red" con muchos agentes: gobiernos, empresas, fundaciones o cuotas de los socios y otras agencias, ya que el problema tiene "una dimensión mayor al vivido al término de la II Guerra Mundial y en el conflicto de la Guerra Fría".
Fernández ha cifrado el total de refugiados y desplazados en este momento en un total de 68,5 millones de personas, de los cuales, en torno a 25 millones son refugiados y el resto desplazados que se suelen quedar en las fronteras de los países de su entorno. Según ha asegurado por este motivo "lo que antes de denominaba política de refugio en estos momentos se ha convertido en una política de mestizaje entre política de refugio y cooperación al desarrollo" y ACNUR tiene que atender a los refugiados y hacer cooperación para esos países que son solidarios.
Este proyecto se realizará en colaboración con otras ONG como son Cruz Roja o la Pastoral de Centroamérica, a los que "delegamos recursos para que nos ayuden a lo largo de la caravana y en los distintos albergues, que asciende a 8, y en los 12 puntos donde recogen nuestro apoyo y asistencia", ha añadido.
El Gobierno de Cantabria ha colaborado con ACNUR a lo largo de la legislatura con un total de 165.000 euros. Desde el Fondo Cantabria Coopera se destinaron en 2015 un total de 60.000 euros para Siria; en 2016 se concedieron 25.000 euros para campos de refugiaos en Jordania, mientras que en 2017 la cifra fue de 55.000 euros y se destinó a Líbano. Las ayudas se completan ahora con la concesión en este ejercicio de 25.000 destinados a Centroamérica.
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