El Partido Popular ha pedido a través de una Proposición no de Ley que el Gobierno de Cantabria regule que los productos ofertados en las máquinas expendedoras de todos los centros sanitarios y educativos de la comunidad autónoma sean nutricionalmente saludables.
El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, ha explicado que la prevalencia en aumento de la obesidad representa un importante desafío para la salud pública, un fenómeno que está estrechamente relacionado con los cambios en los hábitos de las poblaciones y el aumento del consumo de productos altamente procesados, que se caracterizan por un alto contenido en grasas de mala calidad, azúcares o sal y por su bajo contenido en otros nutrientes necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de un buen estado de salud.
Según ha señalado, alrededor de un 62% de la población adulta española padece sobrepeso u obesidad, mientras que en la población infantil este porcentaje supera el 38%, uno de los índices más altos de la Unión Europea. En Cantabria, el 57% de la población adulta entre los 25 y los 64 años sufre sobrepeso, el 70% de los varones y el 53% de las mujeres.
Por eso, ha dicho que resulta sorprendente que en la situación actual existan bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en máquinas expendedoras de los centros sanitarios, así como los centros educativos, y ha llamado a actuar sobre estos puntos de ‘vending’ como una medida para prevenir la obesidad y otras enfermedades. “Es contrario a la ética médica y sanitaria que en los mismos centros donde se atiende a la salud de la población se suministren productos que contribuyen a enfermarla”, ha señalado.
César Pascual ha afirmado que aunque se ha adoptado medidas con el objetivo de prevenir el exceso de peso en Cantabria, siguiendo las líneas de la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), como el programa ‘Alimentación saludable y actividad física en la infancia y adolescencia Cantabria’ o el programa 'Peso y Salud Infantil', impulsado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos en colaboración con la Consejería de Sanidad, “no bastan y es necesario hacer más”.
Por ello la iniciativa -registrada por el Grupo Popular para su debate en la Comisión de Sanidad- insta en primer lugar al Gobierno de Cantabria a realizar, en un plazo no superior a seis meses, una evaluación de la presencia de alimentos y bebidas poco saludables en las máquinas expendedoras de los centros sanitarios dependientes del Servicio Cántabro de Salud y de los centros educativos dependientes del Gobierno de Cantabria, atendiendo a la clasificación de perfiles nutricionales de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud.
En segundo lugar, pide que se publique, en un plazo no superior a un año, una norma que obligue a reemplazar los productos de las máquinas de ‘vending’ de todos los centros sanitarios y educativos de la comunidad autónoma por productos con un perfil nutricional saludable, según la citada clasificación de la OMS-Europa.
E igualmente se pide que se incluya una cláusula relativa a la ejecución de estas medidas en todos los contratos y conciertos de asistencia sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, y que se evalúe y monitorice anualmente su cumplimiento.
El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, ha explicado que la prevalencia en aumento de la obesidad representa un importante desafío para la salud pública, un fenómeno que está estrechamente relacionado con los cambios en los hábitos de las poblaciones y el aumento del consumo de productos altamente procesados, que se caracterizan por un alto contenido en grasas de mala calidad, azúcares o sal y por su bajo contenido en otros nutrientes necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de un buen estado de salud.
Según ha señalado, alrededor de un 62% de la población adulta española padece sobrepeso u obesidad, mientras que en la población infantil este porcentaje supera el 38%, uno de los índices más altos de la Unión Europea. En Cantabria, el 57% de la población adulta entre los 25 y los 64 años sufre sobrepeso, el 70% de los varones y el 53% de las mujeres.
Por eso, ha dicho que resulta sorprendente que en la situación actual existan bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en máquinas expendedoras de los centros sanitarios, así como los centros educativos, y ha llamado a actuar sobre estos puntos de ‘vending’ como una medida para prevenir la obesidad y otras enfermedades. “Es contrario a la ética médica y sanitaria que en los mismos centros donde se atiende a la salud de la población se suministren productos que contribuyen a enfermarla”, ha señalado.
César Pascual ha afirmado que aunque se ha adoptado medidas con el objetivo de prevenir el exceso de peso en Cantabria, siguiendo las líneas de la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), como el programa ‘Alimentación saludable y actividad física en la infancia y adolescencia Cantabria’ o el programa 'Peso y Salud Infantil', impulsado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos en colaboración con la Consejería de Sanidad, “no bastan y es necesario hacer más”.
Por ello la iniciativa -registrada por el Grupo Popular para su debate en la Comisión de Sanidad- insta en primer lugar al Gobierno de Cantabria a realizar, en un plazo no superior a seis meses, una evaluación de la presencia de alimentos y bebidas poco saludables en las máquinas expendedoras de los centros sanitarios dependientes del Servicio Cántabro de Salud y de los centros educativos dependientes del Gobierno de Cantabria, atendiendo a la clasificación de perfiles nutricionales de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud.
En segundo lugar, pide que se publique, en un plazo no superior a un año, una norma que obligue a reemplazar los productos de las máquinas de ‘vending’ de todos los centros sanitarios y educativos de la comunidad autónoma por productos con un perfil nutricional saludable, según la citada clasificación de la OMS-Europa.
E igualmente se pide que se incluya una cláusula relativa a la ejecución de estas medidas en todos los contratos y conciertos de asistencia sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, y que se evalúe y monitorice anualmente su cumplimiento.
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