La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que escuche a los trabajadores, a las industrias y a las comunidades autónomas y acepte las alegaciones al Estatuto del Consumidor Electrointensivo porque puede ser el acta de defunción del sector, al tiempo que ha reclamado a Miguel Ángel Revilla que no sea un mero comparsa, se implique en primera persona y presione.
Buruaga ha hecho estas peticiones en la planta de Ferroatlántica de Boo de Guarnizo, donde esta mañana se ha reunido con la dirección y el comité de empresa para plantear soluciones a la situación que atraviesa esta gran industria, una de las principales exponentes de la industria electrointensiva en Cantabria y, por lo tanto, una de las afectadas por los prejuicios ideológicos y el talibanismo energético de Pedro Sánchez.
Y es que, según ha recordado la presidenta, es una decisión política de Sánchez, ese proyecto de Estatuto del Consumidor Electrointensivo que dispara los costes energéticos de las empresas y sacrifica su competitividad, la que en este momento amenaza la viabilidad del sector, de miles de empleos industriales y el futuro industrial de Cantabria y del norte de España, también de Ferroatlántica.
Esta industria centenaria, que emplea a 145 trabajadores fijos, lleva meses diciendo alto y claro que no puede más, que la situación es insostenible porque con las condiciones que está imponiendo Pedro Sánchez no se puede competir con las fábricas del resto de Europa y que modificar este estatuto es una cuestión de supervivencia.
En defensa de todas las industrias afectadas, la presidenta del PP ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que escuche todas las voces que se están pronunciado en contra de esa normativa y acepte las alegaciones. “Hoy pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que nos escuche, que escuche a las comunidades de Galicia, Cantabria y Asturias, tres regiones de distinto signo político que se han unido para decir no en ese frente común liderado por el presidente Núñez Feijoo y que escuche también a los trabajadores y a las empresas del sector, porque todos le están diciendo que por este camino no, que esta normativa no es una garantía de viabilidad, sino el acta de defunción del sector”, ha dicho.
Además, ha pedido al presidente Revilla que no sea mero comparsa; que se implique en primera persona, sea la voz de la industria cántabra y ejerza su capacidad de reivindicación.
Según la dirigente popular, en esta fase final de tramitación del proyecto, ahora que el Ministerio está estudiando las alegaciones, Revilla tiene que implicarse y presionar a Pedro Sánchez, porque lo que está en juego es el futuro industrial de Cantabria.
La presidentan de los populares ha recordado también que el Partido Popular ha iniciado una cruzada en defensa del tejido productivo y del empleo industrial impulsando una acción coordinada y toda una serie de iniciativas en el Parlamento de Cantabria, el Congreso y el Senado para frenar esta normativa energética y obligar al Gobierno de la Nación a dar marcha atrás.
Así, el PP ha pedido que se paralice y se deje sin efecto la propuesta de orden que recorta drásticamente las retribuciones a la cogeneración y que ha sido determinante para empujar a Sniace al cierre y liquidación, y que se modifique el proyecto de Estatuto incorporando las alegaciones formuladas por los representantes de los trabajadores, empresas y administraciones públicas afectadas.
Con este objetivo, el senador por Cantabria del PP, Felix de las Cuevas, defenderá la semana que viene una moción en el Senado.
Ambas normativas del Gobierno de Sánchez comprometen la viabilidad de las grandes industrias de Cantabria, de industrias como Solvay, Nestlé, Textil Santanderina, Sidenor, GSW o Dynasol y más de 4.000 empleos industriales.
Buruaga ha hecho estas peticiones en la planta de Ferroatlántica de Boo de Guarnizo, donde esta mañana se ha reunido con la dirección y el comité de empresa para plantear soluciones a la situación que atraviesa esta gran industria, una de las principales exponentes de la industria electrointensiva en Cantabria y, por lo tanto, una de las afectadas por los prejuicios ideológicos y el talibanismo energético de Pedro Sánchez.
Y es que, según ha recordado la presidenta, es una decisión política de Sánchez, ese proyecto de Estatuto del Consumidor Electrointensivo que dispara los costes energéticos de las empresas y sacrifica su competitividad, la que en este momento amenaza la viabilidad del sector, de miles de empleos industriales y el futuro industrial de Cantabria y del norte de España, también de Ferroatlántica.
Esta industria centenaria, que emplea a 145 trabajadores fijos, lleva meses diciendo alto y claro que no puede más, que la situación es insostenible porque con las condiciones que está imponiendo Pedro Sánchez no se puede competir con las fábricas del resto de Europa y que modificar este estatuto es una cuestión de supervivencia.
En defensa de todas las industrias afectadas, la presidenta del PP ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que escuche todas las voces que se están pronunciado en contra de esa normativa y acepte las alegaciones. “Hoy pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que nos escuche, que escuche a las comunidades de Galicia, Cantabria y Asturias, tres regiones de distinto signo político que se han unido para decir no en ese frente común liderado por el presidente Núñez Feijoo y que escuche también a los trabajadores y a las empresas del sector, porque todos le están diciendo que por este camino no, que esta normativa no es una garantía de viabilidad, sino el acta de defunción del sector”, ha dicho.
Además, ha pedido al presidente Revilla que no sea mero comparsa; que se implique en primera persona, sea la voz de la industria cántabra y ejerza su capacidad de reivindicación.
Según la dirigente popular, en esta fase final de tramitación del proyecto, ahora que el Ministerio está estudiando las alegaciones, Revilla tiene que implicarse y presionar a Pedro Sánchez, porque lo que está en juego es el futuro industrial de Cantabria.
La presidentan de los populares ha recordado también que el Partido Popular ha iniciado una cruzada en defensa del tejido productivo y del empleo industrial impulsando una acción coordinada y toda una serie de iniciativas en el Parlamento de Cantabria, el Congreso y el Senado para frenar esta normativa energética y obligar al Gobierno de la Nación a dar marcha atrás.
Así, el PP ha pedido que se paralice y se deje sin efecto la propuesta de orden que recorta drásticamente las retribuciones a la cogeneración y que ha sido determinante para empujar a Sniace al cierre y liquidación, y que se modifique el proyecto de Estatuto incorporando las alegaciones formuladas por los representantes de los trabajadores, empresas y administraciones públicas afectadas.
Con este objetivo, el senador por Cantabria del PP, Felix de las Cuevas, defenderá la semana que viene una moción en el Senado.
Ambas normativas del Gobierno de Sánchez comprometen la viabilidad de las grandes industrias de Cantabria, de industrias como Solvay, Nestlé, Textil Santanderina, Sidenor, GSW o Dynasol y más de 4.000 empleos industriales.
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