Alrededor de 70 funcionarios de la Administración de Justicia, convocados por CCOO, se han concentrado esta mañana en el patio del Complejo Judicial de Las Salesas, coincidiendo con la votación en el Senado del Real Decreto Ley 8/14, del 4 de julio, que, entre otras medidas, incluye la privatización de los registros civiles y su “entrega” a los registradores mercantiles.
Para CCOO, si esta medida sigue su curso “se sacrificará” un servicio público universal y gratuito de todos los ciudadanos, además de miles de empleos, a favor de un “suculento” negocio del que se beneficiará un “pequeño grupo” de registradores mercantiles y un entramado empresarial ya que se adjudicará el sistema informático integrado a una empresa en particular.
Para CCOO, si esta medida sigue su curso “se sacrificará” un servicio público universal y gratuito de todos los ciudadanos, además de miles de empleos, a favor de un “suculento” negocio del que se beneficiará un “pequeño grupo” de registradores mercantiles y un entramado empresarial ya que se adjudicará el sistema informático integrado a una empresa en particular.
Por todo ello, el sindicato ha exigido al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que “revierta este sinsentido” y no se convierta en “cómplice de un expolio más, diseñado a medida de intereses particulares y lejano al interés público”, que es el principio que debería inspirar toda acción gubernamental.
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