El Partido Popular ha presentado en el Parlamento regional una proposición de ley para flexibilizar los requisitos normativos que deben cumplir los hoteles y campings de Cantabria para estar abiertos y ayudarles así a ser viables económicamente.
La modificación legal responde a una demanda que el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha trasladado a la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, en una reunión celebrada dentro de la ronda de encuentros que la dirigente popular mantiene con el tejido productivo para impulsar un plan de recuperación de la comunidad autónoma.
Buruaga ha afirmado que una vez estabilizada la enfermedad, ha llegado el momento de activar nuestra economía y para eso es imprescindible ayudar a los sectores más directamente perjudicados por la crisis, como es la hostelería y el turismo, que representa más del 11 por ciento del PIB regional y del que depende más del 12% del empleo.
La presidenta ha recordado que los representantes del sector han dicho alto y claro que necesitan medidas firmes y rápidas para que los negocios no mueran y eso es lo que propone el Partido Popular: una modificación legal para flexibilizar ciertos requisitos normativos de forma transitoria y allanarles el camino para que los hoteles y campings puedan abrir y, además, ser viables en estas circunstancias extraordinarias.
Así, los populares proponen suspender de manera temporal durante el año 2020 la obligación de los hoteles de Cantabria de prestar el servicio de atención presencial durante 24 horas al día en recepción y la obligatoriedad para los establecimientos de 4 y 5 estrellas de servir almuerzos y cenas, sin que suponga un cambio de categoría.
Para los campings, se establece como opcional la prestación de los servicios de piscinas, instalaciones deportivas, supermercado y bar-restaurante sin que tampoco suponga un cambio de categoría.
La ley deja sin efecto los requisitos que establecen el decreto que regula los establecimientos hoteleros de Cantabria y el de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de Servicio para Autocaravanas.
La presidenta de los populares ha hecho hincapié en que se trata de una propuesta que no cuesta dinero y que solo requiere para salir adelante sensibilidad y voluntad política. “Hemos escuchado atentamente al sector, hemos hecho el trabajo y ahora tendemos la mano a los grupos políticos de la cámara para que pueda salir adelante”, ha dicho.
Como resultado del diálogo y la escucha con el sector, el PP va a defender un segundo grupo de iniciativas. Así, los populares piden que el coste, alcance y contenido de las futuras campañas de publicidad y promoción las acuerde con el sector y que negocie la posibilidad de destinar parte de su dotación presupuestaria a ayudas directas para apoyar su supervivencia y recuperación.
Además, reclama que se negocie con el sector y con la Federación de Municipios de Cantabria una normativa de terrazas en la vía pública adaptada a la nueva realidad provocada por el Covid.
El PP reclama, además, que el Gobierno arbitre una línea de ayudas directas de 2 millones de euros dirigida a apoyar las inversiones necesarias para adaptar los establecimientos e instalaciones a las exigencias sanitarias y de seguridad derivadas de la desescalada.
La modificación legal responde a una demanda que el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha trasladado a la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, en una reunión celebrada dentro de la ronda de encuentros que la dirigente popular mantiene con el tejido productivo para impulsar un plan de recuperación de la comunidad autónoma.
Buruaga ha afirmado que una vez estabilizada la enfermedad, ha llegado el momento de activar nuestra economía y para eso es imprescindible ayudar a los sectores más directamente perjudicados por la crisis, como es la hostelería y el turismo, que representa más del 11 por ciento del PIB regional y del que depende más del 12% del empleo.
La presidenta ha recordado que los representantes del sector han dicho alto y claro que necesitan medidas firmes y rápidas para que los negocios no mueran y eso es lo que propone el Partido Popular: una modificación legal para flexibilizar ciertos requisitos normativos de forma transitoria y allanarles el camino para que los hoteles y campings puedan abrir y, además, ser viables en estas circunstancias extraordinarias.
Así, los populares proponen suspender de manera temporal durante el año 2020 la obligación de los hoteles de Cantabria de prestar el servicio de atención presencial durante 24 horas al día en recepción y la obligatoriedad para los establecimientos de 4 y 5 estrellas de servir almuerzos y cenas, sin que suponga un cambio de categoría.
Para los campings, se establece como opcional la prestación de los servicios de piscinas, instalaciones deportivas, supermercado y bar-restaurante sin que tampoco suponga un cambio de categoría.
La ley deja sin efecto los requisitos que establecen el decreto que regula los establecimientos hoteleros de Cantabria y el de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de Servicio para Autocaravanas.
La presidenta de los populares ha hecho hincapié en que se trata de una propuesta que no cuesta dinero y que solo requiere para salir adelante sensibilidad y voluntad política. “Hemos escuchado atentamente al sector, hemos hecho el trabajo y ahora tendemos la mano a los grupos políticos de la cámara para que pueda salir adelante”, ha dicho.
Como resultado del diálogo y la escucha con el sector, el PP va a defender un segundo grupo de iniciativas. Así, los populares piden que el coste, alcance y contenido de las futuras campañas de publicidad y promoción las acuerde con el sector y que negocie la posibilidad de destinar parte de su dotación presupuestaria a ayudas directas para apoyar su supervivencia y recuperación.
Además, reclama que se negocie con el sector y con la Federación de Municipios de Cantabria una normativa de terrazas en la vía pública adaptada a la nueva realidad provocada por el Covid.
El PP reclama, además, que el Gobierno arbitre una línea de ayudas directas de 2 millones de euros dirigida a apoyar las inversiones necesarias para adaptar los establecimientos e instalaciones a las exigencias sanitarias y de seguridad derivadas de la desescalada.
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