La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha querido romper una lanza en favor de los y las trabajadoras de la Administración General del Estado (AGE) en la región, que según el Registro Central de Personal (RCP) ascendían, en 2019, a 5.434. Para la federación, la crisis del coronavirus ha demostrado que la labor que desarrollan estas personas siempre ha sido esencial pero que, con la epidemia, se ha convertido en imprescindible.
Labores como la gestión de prestaciones, entre ellas el desempleo de los y las trabajadoras en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las prestaciones de la Seguridad Social, las prestaciones no contributivas y las ayudas, los tributos de la Agencia Tributaria, tanto estatal como autonómica, la vigilancia y control de la normativa que lleva a cabo el personal de la Inspección de Trabajo, los procedimientos judiciales y los registros, la investigación y la ciencia (CSIC y otros organismos), la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente, entre otros, serían impensables sin unas plantillas que están desarrollando funciones esenciales en esta crisis.
Javier Báscones, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, ha señalado que, “a pesar de que son trabajos poco reconocidos y menos visibles para la ciudadanía no son menos importantes e imprescindibles que otros considerados esenciales. Es el caso de los trabajadores de la Administración General del Estado, que no hay que olvidar que desde el año 2010 ha sufrido una pérdida de empleo del 12%, de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de Justicia y de las entidades locales”.
En este sentido, ha añadido que, “además de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existen 2.141 trabajadoras, ya que son mayoritarias las mujeres, que en la AEAT, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, Interior, Hacienda e INE, Fomento, Cultura o en la Agencia Estatal de Meteorología, han estado teletrabajando, con escasos medios facilitados por la Administración, incluso poniendo sus equipos personales, redes y teléfonos a disposición de la administración, y algunos en puestos esenciales han estado trabajando de forma presencial.
Para Báscones, “es de destacar el esfuerzo ingente del Servicio Público de Empleo Estatal que ha tenido que tramitar los expedientes de los ERTES para casi 40.000 trabajadores, además de seguir atendiendo prestaciones”. “No olvidemos”, ha subrayado el secretario general de la federación, “la falta de recursos personales de los últimos años y una importante falta de medios para poder atender a todas las llamadas y peiticiones, lo que está llevando a que sufran una sobrecarga psíquica de imprevisibles consecuencias”.
Actividad presencial en la desescalada
En estos momentos, y de acuerdo al Plan para la transición de la AGE acordado con los sindicatos el pasado 4 de mayo, se sigue teletrabajando y se está recuperando paulatinamente la actividad presencial. En este sentido, en esta fase dos de la desescalada se incorporará de forma presencial el 50% de la plantilla.
No obstante, en el Instituto Nacional de Estadística (INE) siguen teletrabajando el 100% de la plantilla mientras que en Interior, al no ser posible realizar las labores desde casa, se han establecido turnos para todos a excepción de las personas más vulnerables.
En el caso de Extranjería, por ejemplo, se han desviado los teléfonos de atención a los dispositivos privados de los y las trabajadoras y la mitad se reincorporarán a sus puestos de manera presencial la próxima semana.
El teletrabajo combinado con algo de presencial ha sido el medio utilizado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, y en la segunda fase ya se ha reincorporado el 25% de la plantilla a turnos, al igual que en el Instituto Social de la Marina.
Javier Báscones ha incidido que las administraciones públicas, como casi todos los sectores en España. “no estaban preparadas para afrontar una situación de este tipo y no habían desarrollado planes de modernización, ni finalizado la implantación de la administración electrónica. En definitiva, no estaban preparadas para el teletrabajo, sin equipos adecuados, y ni siquiera tenían formados a los empleados públicos”.
Desde CCOO se ha exigido la modernización de las Administraciones Públicas, que se desarrollen las condiciones de regulación e implantación del teletrabajo, impulsando la negociación y el desarrollo de los acuerdos de los sindicatos de la función pública para completar las ofertas públicas de empleo y dar estabilidad en el empleo público.
Labores como la gestión de prestaciones, entre ellas el desempleo de los y las trabajadoras en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las prestaciones de la Seguridad Social, las prestaciones no contributivas y las ayudas, los tributos de la Agencia Tributaria, tanto estatal como autonómica, la vigilancia y control de la normativa que lleva a cabo el personal de la Inspección de Trabajo, los procedimientos judiciales y los registros, la investigación y la ciencia (CSIC y otros organismos), la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente, entre otros, serían impensables sin unas plantillas que están desarrollando funciones esenciales en esta crisis.
Javier Báscones, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, ha señalado que, “a pesar de que son trabajos poco reconocidos y menos visibles para la ciudadanía no son menos importantes e imprescindibles que otros considerados esenciales. Es el caso de los trabajadores de la Administración General del Estado, que no hay que olvidar que desde el año 2010 ha sufrido una pérdida de empleo del 12%, de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de Justicia y de las entidades locales”.
En este sentido, ha añadido que, “además de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existen 2.141 trabajadoras, ya que son mayoritarias las mujeres, que en la AEAT, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, Interior, Hacienda e INE, Fomento, Cultura o en la Agencia Estatal de Meteorología, han estado teletrabajando, con escasos medios facilitados por la Administración, incluso poniendo sus equipos personales, redes y teléfonos a disposición de la administración, y algunos en puestos esenciales han estado trabajando de forma presencial.
Para Báscones, “es de destacar el esfuerzo ingente del Servicio Público de Empleo Estatal que ha tenido que tramitar los expedientes de los ERTES para casi 40.000 trabajadores, además de seguir atendiendo prestaciones”. “No olvidemos”, ha subrayado el secretario general de la federación, “la falta de recursos personales de los últimos años y una importante falta de medios para poder atender a todas las llamadas y peiticiones, lo que está llevando a que sufran una sobrecarga psíquica de imprevisibles consecuencias”.
Actividad presencial en la desescalada
En estos momentos, y de acuerdo al Plan para la transición de la AGE acordado con los sindicatos el pasado 4 de mayo, se sigue teletrabajando y se está recuperando paulatinamente la actividad presencial. En este sentido, en esta fase dos de la desescalada se incorporará de forma presencial el 50% de la plantilla.
No obstante, en el Instituto Nacional de Estadística (INE) siguen teletrabajando el 100% de la plantilla mientras que en Interior, al no ser posible realizar las labores desde casa, se han establecido turnos para todos a excepción de las personas más vulnerables.
En el caso de Extranjería, por ejemplo, se han desviado los teléfonos de atención a los dispositivos privados de los y las trabajadoras y la mitad se reincorporarán a sus puestos de manera presencial la próxima semana.
El teletrabajo combinado con algo de presencial ha sido el medio utilizado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, y en la segunda fase ya se ha reincorporado el 25% de la plantilla a turnos, al igual que en el Instituto Social de la Marina.
Javier Báscones ha incidido que las administraciones públicas, como casi todos los sectores en España. “no estaban preparadas para afrontar una situación de este tipo y no habían desarrollado planes de modernización, ni finalizado la implantación de la administración electrónica. En definitiva, no estaban preparadas para el teletrabajo, sin equipos adecuados, y ni siquiera tenían formados a los empleados públicos”.
Desde CCOO se ha exigido la modernización de las Administraciones Públicas, que se desarrollen las condiciones de regulación e implantación del teletrabajo, impulsando la negociación y el desarrollo de los acuerdos de los sindicatos de la función pública para completar las ofertas públicas de empleo y dar estabilidad en el empleo público.
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