USO ha participado en la sesión plenaria del Consejo Consultivo de la OCDE (TUAC), organismo del que es miembro, celebrado por videoconferencia. Anthony Gooch, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE, abrió la sesión. Gooch alertó de la mayor dureza de la actual crisis con respecto a la de 2008. Por ello, defendió que las respuestas debían ser útiles y operativas, centrándose en las perspectivas económicas, de empleo y financieras.
Sobre este último punto, cabe resaltar el debate que se ha abierto en el seno de la OCDE en cuanto a dos medidas fiscales a adoptar. Una de ellas sería un tipo específico impositivo, universal, para las plataformas digitales en línea, cuya facturación está aumentando considerablemente en medio de esta crisis. La otra sería la de fijar un tipo mínimo a nivel internacional sobre los beneficios de las empresas; estando fechada la adopción de ambos acuerdos para octubre. El debate sobre las medidas fiscales a adoptar se inserta dentro de la prioridad actual de la OCDE, que es la recuperación. La crisis generada por el covid-19 ha mostrado un escenario de pérdidas de empleo masivas y el aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores más desprotegidos. En el caso de Europa, se han impulsado medidas de lucha contra el desempleo que, sin embargo, no contemplan el gran número de categorías de trabajadores que no están cubiertos por convenios laborales. Esto último fue reseñado por el secretario general de la CES, Luca Visentini. Este, además, señaló también la importancia de que la OCDE recomiende políticas de transferencias para evitar el endeudamiento masivo.
Derechos Humanos y futuro de la OCDE
Otro de los temas tratados en la sesión plenaria fue la resolución de la TUAC sobre la adhesión de Colombia a la OCDE, que establece un “marco de seguimiento a posteriori”. Un mecanismo sin duda imprescindible para que los estados miembros cumplan con las normas y valores de la OCDE.
El secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible, de USO, señala no obstante que el mecanismo resulta todavía insuficiente para poder actuar frente a las graves vulneraciones de Derechos Humanos que se producen en países como Colombia, u otros, como Corea o Israel.
Otras de las resoluciones adoptadas en la sesión fue en relación al covid-19 y al futuro de la OCDE. Con ella, se hace un llamamiento para la recuperación que condicione los paquetes de ayudas a las empresas a una protección efectiva de los empleos, a los salarios justos, los a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los estándares tributarios. No obstante, como indicó Javier de Vicente en la reunión, es necesaria una perspectiva más ambiciosa en cuanto a cambio climático. Dicha perspectiva debe ir en la línea de los planteamientos sindicales de la CES y la CSI, y contemplar el condicionamiento de los paquetes de ayudas de los estados a aquellas empresas que desarrollen su actividad de forma compatible con la supervivencia del planeta.
Por último, USO también planteó la necesidad de que la TUAC reclame a la OCDE un papel más proactivo en la defensa de las Líneas Directrices sobre las Multinacionales. En este sentido, se urgió a que la OCDE, junto a los estados miembros, actúe antes de las reclamaciones interpuestas a las empresas que operan ilegalmente en el Sáhara o en los Territorios Ocupados Palestinos.
Sobre este último punto, cabe resaltar el debate que se ha abierto en el seno de la OCDE en cuanto a dos medidas fiscales a adoptar. Una de ellas sería un tipo específico impositivo, universal, para las plataformas digitales en línea, cuya facturación está aumentando considerablemente en medio de esta crisis. La otra sería la de fijar un tipo mínimo a nivel internacional sobre los beneficios de las empresas; estando fechada la adopción de ambos acuerdos para octubre. El debate sobre las medidas fiscales a adoptar se inserta dentro de la prioridad actual de la OCDE, que es la recuperación. La crisis generada por el covid-19 ha mostrado un escenario de pérdidas de empleo masivas y el aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores más desprotegidos. En el caso de Europa, se han impulsado medidas de lucha contra el desempleo que, sin embargo, no contemplan el gran número de categorías de trabajadores que no están cubiertos por convenios laborales. Esto último fue reseñado por el secretario general de la CES, Luca Visentini. Este, además, señaló también la importancia de que la OCDE recomiende políticas de transferencias para evitar el endeudamiento masivo.
Derechos Humanos y futuro de la OCDE
Otro de los temas tratados en la sesión plenaria fue la resolución de la TUAC sobre la adhesión de Colombia a la OCDE, que establece un “marco de seguimiento a posteriori”. Un mecanismo sin duda imprescindible para que los estados miembros cumplan con las normas y valores de la OCDE.
El secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible, de USO, señala no obstante que el mecanismo resulta todavía insuficiente para poder actuar frente a las graves vulneraciones de Derechos Humanos que se producen en países como Colombia, u otros, como Corea o Israel.
Otras de las resoluciones adoptadas en la sesión fue en relación al covid-19 y al futuro de la OCDE. Con ella, se hace un llamamiento para la recuperación que condicione los paquetes de ayudas a las empresas a una protección efectiva de los empleos, a los salarios justos, los a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los estándares tributarios. No obstante, como indicó Javier de Vicente en la reunión, es necesaria una perspectiva más ambiciosa en cuanto a cambio climático. Dicha perspectiva debe ir en la línea de los planteamientos sindicales de la CES y la CSI, y contemplar el condicionamiento de los paquetes de ayudas de los estados a aquellas empresas que desarrollen su actividad de forma compatible con la supervivencia del planeta.
Por último, USO también planteó la necesidad de que la TUAC reclame a la OCDE un papel más proactivo en la defensa de las Líneas Directrices sobre las Multinacionales. En este sentido, se urgió a que la OCDE, junto a los estados miembros, actúe antes de las reclamaciones interpuestas a las empresas que operan ilegalmente en el Sáhara o en los Territorios Ocupados Palestinos.
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