El Gobierno ha aprobado el “ingreso mínimo vital” de al menos 461 euros para las 850.000 familias que se calcula que están en riesgo de pobreza. El ingreso aumentará por tramos en función de los menores a cargo, hasta llegar casi a 1.000 euros las familias más numerosas. Se estima que el ingreso atenúe el efecto del coronavirus en más de dos millones de personas y podrá empezar a cobrarse en junio. Efectos que se unen a la pobreza ya existente.
“La medida es positiva, desde USO llevamos años pidiéndola y llevándola en nuestras resoluciones, y es oportuno que se tome en este momento, cuando ha crecido y crecerá aún más la pobreza en los hogares. Pero no debemos escudarnos en el coronavirus. Agudiza la situación, pero no puede ser la excusa universal: el empleo y su deterioro está detrás del empobrecimiento de la sociedad”, señala Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Las colas en muchas ciudades para recoger comida se han ido alargando en las últimas semanas. Los datos aportados por distintas ONG se acercan ya a los peores de la no superada crisis económica anterior. En ella, muchas personas se habían quedado en la cuneta. Y ahora se suman trabajadores que, sumidos estos años en la precariedad laboral, están afectados por ERTE que no todos han cobrado o finalizaciones de contrato por falta de actividad. “El incremento de la pobreza sería una injusticia en términos humanos, pero también demoledor social y económicamente para quien prefiere que se le den ese tipo de argumentos”, apunta Pérez.
El remanente de las comunidades autónomas, para otras políticas sociales
El nuevo sistema trata de homogeneizar los numerosos tipos de ayuda de este tipo, autonómicos o locales, que ya existían. Tenían condiciones y cuantías diferentes. Y, en algunos territorios, ni siquiera existían. En ese sentido, “igualar este ingreso tiene más sentido que perpetuar la ayuda a los más necesitados en relación a su lugar de residencia”, analiza el secretario general de USO.
Joaquín Pérez, no obstante, realiza una petición a todas las autonomías: “ese presupuesto que destinaban a esta renta básica no puede cambiar de fin. No se trata de que el ingreso a nivel estatal pase a ser una subvención indirecta a las cuentas de las comunidades autónomas: si se invertía en servicios sociales, debe seguir en esa partida, no destinarse a otros fines. Si sirve para complementar la renta porque en esa autonomía era mayor, perfecto; si no, hay otras muchas partidas sociales que necesitan de dotación en estos momentos tan difíciles”.
Una de esas inversiones imprescindibles es la inserción laboral: “las familias necesitadas no quieren estar subvencionadas. Es un error hablar de esta renta como de caridad. Hay que darles herramientas formativas para volver al mundo laboral. Muchos ya estaban fuera de este mercado por los efectos de la digitalización. No se les puede dejar caer. Hay que apostar por políticas de formación y empleo, y por crear a largo plazo una estrategia nacional de empleabilidad basada en la digitalización, la I+D+i y la economía verde. La normativa laboral está obsoleta y ha sido el caldo de cultivo perfecto para no poder amortiguar un golpe tan inesperado”.
“La medida es positiva, desde USO llevamos años pidiéndola y llevándola en nuestras resoluciones, y es oportuno que se tome en este momento, cuando ha crecido y crecerá aún más la pobreza en los hogares. Pero no debemos escudarnos en el coronavirus. Agudiza la situación, pero no puede ser la excusa universal: el empleo y su deterioro está detrás del empobrecimiento de la sociedad”, señala Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Las colas en muchas ciudades para recoger comida se han ido alargando en las últimas semanas. Los datos aportados por distintas ONG se acercan ya a los peores de la no superada crisis económica anterior. En ella, muchas personas se habían quedado en la cuneta. Y ahora se suman trabajadores que, sumidos estos años en la precariedad laboral, están afectados por ERTE que no todos han cobrado o finalizaciones de contrato por falta de actividad. “El incremento de la pobreza sería una injusticia en términos humanos, pero también demoledor social y económicamente para quien prefiere que se le den ese tipo de argumentos”, apunta Pérez.
El remanente de las comunidades autónomas, para otras políticas sociales
El nuevo sistema trata de homogeneizar los numerosos tipos de ayuda de este tipo, autonómicos o locales, que ya existían. Tenían condiciones y cuantías diferentes. Y, en algunos territorios, ni siquiera existían. En ese sentido, “igualar este ingreso tiene más sentido que perpetuar la ayuda a los más necesitados en relación a su lugar de residencia”, analiza el secretario general de USO.
Joaquín Pérez, no obstante, realiza una petición a todas las autonomías: “ese presupuesto que destinaban a esta renta básica no puede cambiar de fin. No se trata de que el ingreso a nivel estatal pase a ser una subvención indirecta a las cuentas de las comunidades autónomas: si se invertía en servicios sociales, debe seguir en esa partida, no destinarse a otros fines. Si sirve para complementar la renta porque en esa autonomía era mayor, perfecto; si no, hay otras muchas partidas sociales que necesitan de dotación en estos momentos tan difíciles”.
Una de esas inversiones imprescindibles es la inserción laboral: “las familias necesitadas no quieren estar subvencionadas. Es un error hablar de esta renta como de caridad. Hay que darles herramientas formativas para volver al mundo laboral. Muchos ya estaban fuera de este mercado por los efectos de la digitalización. No se les puede dejar caer. Hay que apostar por políticas de formación y empleo, y por crear a largo plazo una estrategia nacional de empleabilidad basada en la digitalización, la I+D+i y la economía verde. La normativa laboral está obsoleta y ha sido el caldo de cultivo perfecto para no poder amortiguar un golpe tan inesperado”.
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