La denuncia se refiere al convenio urbanístico sucrito en 2003 entre el Ayuntamiento de Torrelavega y la empresa Terrenos Adarzo, mediante el cual el Consistorio se hizo con varias parcelas en la Finca de La Carmencita y a cambio se otorgó a este empresario otras unidades de aprovechamiento urbanístico en Coteríos.
En rueda de prensa, el portavoz de ACPT, Iván Martínez que ha estado acompañado por otros miembros de su grupo, ha explicado que en 2003 la promotora Terrenos Adarzo adquiere la finca de La Carmencita donde se construirá el futuro Centro de Emprendedores, por un valor aproximado de un millón de euros (937.578,88 euros) y la adquiere dos días antes de que se produzca el pleno que aprobó el convenio urbanístico. En este convenio la valoración de los terrenos fue de 3.895.678 euros, y si que se comporobasen las escrituras de propiedad del solar .
Según el portavoz de ACPT, el convenio que se aprueba en el pleno incluye una cláusula donde se reconoce el derecho del empresario a ser indemnizado como consecuencia de revisión o modificación puntual del Plan General, en lo que no pudiera materializar el todo o en parte del aprovechamiento urbanístico reconocido por la permuta de estas parcelas, del que es conocedor Luis del Río que no interpone ninguna reclamación y se le comunica.
Sin embargo, un mes más tarde, a dos días de las elecciones municipales (23 de mayo de 2003), ante la notaría de Torrelavega, se firma ese convenio por el entonces alcalde de Torrelavega Francisco Javier López Marcano, a quien el pleno delegó para que lo firmara, no para que se modificara, donde se cambió esa claúsula, donde se decía que en el supuesto de que como consecuencia de la revisión o modificación puntual del Plan General o del Plan Parcial, o por cualquier otra causa, Terrenos Adarzo no pudiera materializar todo o parte del aprovechamiento urbanístico, tendrían derecho al abono del justiprecio de la finca, conforme a su valor urbanístico. Este hecho ha llevado después a Terrenos Adarzo a presentar una demanda judicial al Ayuntamiento de Torrelavega por la cual reclama cuatro millones y medio de euros. "Cuatro millones y medio que no tendrá que pagar ni el señor López Marcano ni quienes votaron a favor del convenio urbanístico, sin que lo tendremos que pagar todos los torrelaveguenses y que saldrá de las arcas municipales. Casi un 10% de nuestro presupuesto municipal, lo cual llevaría a este Ayuntamiento a una quiebra económica".
En este sentido, Martínez ha asegurado que existen diferencias de redacción entre el convenio aprobado por el pleno en 2003 y el que se registró ante notario ese mismo año.
ACPT ha denunciado que el expediente se tramitó como "una simple escritura pública de permuta" para "eludir el trámite de información al ciudadano y que las escrituras del convenio urbanístico firmado no llegan al Ayuntamiento hasta dos días más tarde de haberse realizado el pleno. No hay un informe del interventor porque al no tener escrituras de esas fincas no puede hacer el informe correspondiente. Hay una serie de "irregularidades" por todos los sitios.
Y ante todo esto, ACPT, a la vista que ningún partido o técnicos se ha hecho eco de estas irregularidades, ha presentado esta denuncia, cuya vista oral se celebrará el próximo 28 de julio.
Finalmente, Martínez ha explicado que la denuncia pretende "que se haga justicia", que se juzguen las "irregularidades" y que se anule el documento urbanístico por los perjuicios económicos que supone ara el municipio.
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