El Partido Popular ha propuesto al Gobierno de Cantabria crear un Hospital Covid en Liencres como infraestructura estratégica ante un posible rebrote del virus y habilitar un complemento para el personal sanitario que compense su esfuerzo y el riesgo que han asumido para salvar vidas durante la pandemia.
Estas propuestas figuran en el paquete de 37 medidas que el Partido Popular ha remitido al Gobierno para complementar y apuntalar el primer Plan de Choque frente al Covid, un documento que, según la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, puede ser más ambicioso y debe dar una respuesta más contundente y eficaz a las necesidades de un momento tan crítico como este.
Buruaga ha defendido como una cuestión de justicia reconocer la extraordinaria labor y compensar el sobreesfuerzo y el riesgo por salvar vidas que han realizado los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia, por lo que ha propuesto para todo el personal del servicio público de salud un complemento extraordinario por Covid-19 abonable en el mes de mayo.
El plan del PP incluye 17 medidas para salvaguardar la sociedad de bienestar, con propuestas dirigidas a fortalecer el sistema sanitario público, evitar el colapso y sostener el sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, y reforzar el sistema público de protección social.
Así, los populares proponen la creación de un hospital Covid en Liencres plenamente operativo, con equipamiento de amplias salas susceptibles de convertirse en UCIS para que el resto de hospitales recuperen la normalidad lo antes posible y la comunidad autónoma disponga de una infraestructura estratégica en caso de un posible rebrote de la pandemia o una segunda oleada el próximo invierno.
Además, piden al Gobierno que contrate al menos durante un año a los médicos residentes de medicina familiar y comunitaria, pediatría y medicina preventiva y salud pública que acaben la especialidad en mayo. Esta medida ayudará a medicalizar las residencias de mayores, a recuperar la asistencia sanitaria en los consultorios y a reforzar los servicios de salud pública que la crisis del Covid 19 ha demostrado infradotados, porque la pandemia no va a acabar y durante bastante tiempo Cantabria va a tener que tener un circuito concreto de Covid. .
Buruaga ha defendido como una medida fundamental reforzar la vigilancia epidemiológica en el plan de desescalada. De ahí que el PP pida un estudio epidemiológico propio y más amplio que el realizado por el Gobierno Central de seroprevalencia regional para disponer de un análisis sectorial y territorial más detallado y más certeza en la toma de decisiones. Los populares proponen que en este estudio se incluya a los profesionales sanitarios, trabajadores de centros socio-sanitarios y de contratas del SCS para responder a la demanda generalizada de más pruebas a más profesionales, todo ello en el marco de la desescalada en la que el colectivo de profesionales del ámbito socio-sanitario debe seguir siendo protagonista.
Para evitar el colapso y sostener el sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, el PP ha propuesto al Gobierno medidas para garantizar la supervivencia y viabilidad económica de las entidades y centros, así como el mantenimiento del empleo.
Para ello, el PP reclama el pago inmediato de los conciertos y contratos de los centros de atención diurna cuya actividad ha sido suspendida durante el periodo de alarma, mediante la fórmula de la indemnización de daños y perjuicios, y del total de plazas ocupadas que los centros de atención de 24 horas, tanto de mayores como de discapacidad, tenían a fecha de 13 de marzo.
Según ha explicado Buruaga, se trata de compensar los costes extraordinarios derivados de la pandemia y las bajas que vienen sufriendo a consecuencia de la paralización del sistema de reconocimiento de la prestación a los beneficiarios puesto que la tasa de ocupación de los centros en este momento es otro factor que agrava la situación y pone en riesgo su viabilidad.
El PP propone también reforzar el servicio de valoración de la subdirección de dependencia y el servicio del EVO para el reconocimiento de grado de discapacidad en el ICASS, para mejorar la gestión y reducir la ya alta demora que existía antes de la crisis sanitaria y que está agravando la situación de muchos dependientes que necesitan ser atendidos en un entorno profesional.
En materia de protección social, pide reforzar el capítulo de personal en los Servicios Sociales de Atención Primaria, especialmente de auxiliares y trabajadores sociales, para atender de forma urgente y eficiente las consecuencias sociales de esta crisis sanitaria, e incrementar las dotaciones presupuestarias destinadas tanto al fondo de suministros básicos hasta los 2 millones de euros, como a las ayudas de emergencia social hasta 1 millón, flexibilizando sus condiciones.
Además, reclama que, de forma temporal, se puedan compatibilizar los servicios sociales de atención primaria con los servicios especializados de dependencia hasta alcanzar la nueva normalidad, reforzando para ello el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia municipal. Las medidas se completan con la petición de tramitación urgente del Plan Concertado de Servicios Sociales y de los convenios municipales que lo articulan y financian y la recuperación de los programas y partidas presupuestarias del plan de lucha contra la pobreza infantil, al menos hasta los 300.000 euros
Estas propuestas figuran en el paquete de 37 medidas que el Partido Popular ha remitido al Gobierno para complementar y apuntalar el primer Plan de Choque frente al Covid, un documento que, según la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, puede ser más ambicioso y debe dar una respuesta más contundente y eficaz a las necesidades de un momento tan crítico como este.
Buruaga ha defendido como una cuestión de justicia reconocer la extraordinaria labor y compensar el sobreesfuerzo y el riesgo por salvar vidas que han realizado los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia, por lo que ha propuesto para todo el personal del servicio público de salud un complemento extraordinario por Covid-19 abonable en el mes de mayo.
El plan del PP incluye 17 medidas para salvaguardar la sociedad de bienestar, con propuestas dirigidas a fortalecer el sistema sanitario público, evitar el colapso y sostener el sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, y reforzar el sistema público de protección social.
Así, los populares proponen la creación de un hospital Covid en Liencres plenamente operativo, con equipamiento de amplias salas susceptibles de convertirse en UCIS para que el resto de hospitales recuperen la normalidad lo antes posible y la comunidad autónoma disponga de una infraestructura estratégica en caso de un posible rebrote de la pandemia o una segunda oleada el próximo invierno.
Además, piden al Gobierno que contrate al menos durante un año a los médicos residentes de medicina familiar y comunitaria, pediatría y medicina preventiva y salud pública que acaben la especialidad en mayo. Esta medida ayudará a medicalizar las residencias de mayores, a recuperar la asistencia sanitaria en los consultorios y a reforzar los servicios de salud pública que la crisis del Covid 19 ha demostrado infradotados, porque la pandemia no va a acabar y durante bastante tiempo Cantabria va a tener que tener un circuito concreto de Covid. .
Buruaga ha defendido como una medida fundamental reforzar la vigilancia epidemiológica en el plan de desescalada. De ahí que el PP pida un estudio epidemiológico propio y más amplio que el realizado por el Gobierno Central de seroprevalencia regional para disponer de un análisis sectorial y territorial más detallado y más certeza en la toma de decisiones. Los populares proponen que en este estudio se incluya a los profesionales sanitarios, trabajadores de centros socio-sanitarios y de contratas del SCS para responder a la demanda generalizada de más pruebas a más profesionales, todo ello en el marco de la desescalada en la que el colectivo de profesionales del ámbito socio-sanitario debe seguir siendo protagonista.
Para evitar el colapso y sostener el sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, el PP ha propuesto al Gobierno medidas para garantizar la supervivencia y viabilidad económica de las entidades y centros, así como el mantenimiento del empleo.
Para ello, el PP reclama el pago inmediato de los conciertos y contratos de los centros de atención diurna cuya actividad ha sido suspendida durante el periodo de alarma, mediante la fórmula de la indemnización de daños y perjuicios, y del total de plazas ocupadas que los centros de atención de 24 horas, tanto de mayores como de discapacidad, tenían a fecha de 13 de marzo.
Según ha explicado Buruaga, se trata de compensar los costes extraordinarios derivados de la pandemia y las bajas que vienen sufriendo a consecuencia de la paralización del sistema de reconocimiento de la prestación a los beneficiarios puesto que la tasa de ocupación de los centros en este momento es otro factor que agrava la situación y pone en riesgo su viabilidad.
El PP propone también reforzar el servicio de valoración de la subdirección de dependencia y el servicio del EVO para el reconocimiento de grado de discapacidad en el ICASS, para mejorar la gestión y reducir la ya alta demora que existía antes de la crisis sanitaria y que está agravando la situación de muchos dependientes que necesitan ser atendidos en un entorno profesional.
En materia de protección social, pide reforzar el capítulo de personal en los Servicios Sociales de Atención Primaria, especialmente de auxiliares y trabajadores sociales, para atender de forma urgente y eficiente las consecuencias sociales de esta crisis sanitaria, e incrementar las dotaciones presupuestarias destinadas tanto al fondo de suministros básicos hasta los 2 millones de euros, como a las ayudas de emergencia social hasta 1 millón, flexibilizando sus condiciones.
Además, reclama que, de forma temporal, se puedan compatibilizar los servicios sociales de atención primaria con los servicios especializados de dependencia hasta alcanzar la nueva normalidad, reforzando para ello el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia municipal. Las medidas se completan con la petición de tramitación urgente del Plan Concertado de Servicios Sociales y de los convenios municipales que lo articulan y financian y la recuperación de los programas y partidas presupuestarias del plan de lucha contra la pobreza infantil, al menos hasta los 300.000 euros
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