Para Bolado, los partidos que conforman el Ejecutivo no han valorado el trabajo realizado, dejando fuera las reivindicaciones de los colectivos que representan a las personas con discapacidad así como las de los expertos que comparecieron en el Parlamento para informar sobre el proyecto de ley.
En este sentido, Bolado ha criticado que en los presupuestos del próximo ejercicio no se contempla una partida específica para el cumplimiento de esta Ley, pese a que el Gobierno se ha comprometido a incluir partidas presupuestarias a partir de 2019 y en adelante; un ejemplo más de la nula sensibilidad de la Administración con una norma que no garantiza suficientemente la efectividad de los derechos.
Entre las medidas que se han aceptado destaca, en el ámbito universitario, la creación de un órgano específico que tendrá encomendado la coordinación de todas las actuaciones que afecten a las personas con discapacidad que integran la comunidad universitaria desde una perspectiva trasversal. Este organismo, que tendrá garantizada estructura propia, deberá adoptar las medidas necesarias para que las actuaciones a nivel de formación, investigación y servicios relacionados con estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios con discapacidad, respondan a los fines y principios de actuación previstos en la norma.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la enmienda que propone que la administración asuma un papel activo en la garantía del cumplimiento por parte de las empresas de las cuotas de reserva para la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, y pese a su importancia, no se ha aprobado un registro público de empresas que emplean a personas con discapacidad ni tampoco las introducción de cláusulas sociales en los pliegos de contratación para favorecer a aquellas empresas que establezcan mejoras sobre las cuotas de contratación de personas con discapacidad exigidas por la legislación vigente, a las que sean de capital social de titularidad de personas con discapacidad y a trabajadores autónomos con discapacidad.
Además, la nueva Ley suprimirá el principio de normalización puesto que solo es posible normalizar lo que no es normal, así como la definición de discriminación positiva extendiendo su ámbito a todos los aspectos de la vida, en vez de limitarlo exclusivamente a la vida política cultural o social como hace el proyecto.
También se elimina la palabra deficiencia de la definición de personas con discapacidad por no ser suficientemente respetuoso con la dignidad de las personas.
La Ley incluirá la iniciativa de Podemos de que la Administración facilite el acceso a las personas con discapacidad al empleo público, mediante la reserva de empleo, estableciendo convocatorias y pruebas específicas. Sin embargo, Podemos pedía que la reserva se incrementara hasta el tres por ciento, medida que ha sido rechazada.
Sí se ha tenido en cuenta que lass empresas adopten las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral.
Entre las enmiendas rechazadas por el Gobierno figura la que Podemos solicitaba la gratuidad de la prestación farmacéutica a los menores con discapacidad o que padezcan enfermedades raras o crónicas, así como la gratuidad de los servicios de transporte escolar y comedor; la transformación de los centros de educación especial en centros de recursos educativos para la escuela inclusiva así como la elaboración de un censo de las personas con discapacidad que integran la comunidad educativa.
En el ámbito de la justicia, se ha denegado la creación de un turno de oficio especializado a todas las personas con discapacidad además de que los abogados especializados asesoren también a abogados y procuradores de otras especialidades del turno cuando deban asistir a una persona con discapacidad. Sí se ha tenido en cuenta, no obstante, la modificación de la ley para garantizar la accesibilidad de las instalaciones, de los medios telemáticos para la comunicación de actos procesales y la formación del personal .
Pese a haber sido recomendado por los expertos que comparecieron en la Comisión y recogido por Podemos, el Gobierno ha rechazado la modificación de las definiciones de ajuste razonable y carga desproporcionada para evitar que sean la excusa perfecta para avalar la inacción de la administración en materia de accesibilidad.
Otra de las enmienda que no ha sido tenida en cuenta y que para Podemos es muy importante, hace referencia a la prestación de asistencia personal, garantía básica para que la autonomía personal sea un hecho y en nuestra Comunidad no se ha desarrollado en absoluto.
En lo referente a la garantía de derechos de las personas sordas, el Gobierno ha rechazado la iniciativa de la formación morada de por la que se pretendía que todas las garantías previstas en la ley se extendieran al conjunto de los centros educativos, en vez de la solución del proyecto que pretende hacerlo únicamente en aquellos centros que la Administración determine lo cual viene a suponer en la práctica una política educativa poco inclusiva.
El Ejecutivo también se ha mostrado en contra de introducir la gratuidad en el transporte público para las personas con discapacidad que tengan reducida su movilidad, así como para los acompañantes de las personas con discapacidad que acrediten la necesidad del concurso de tercera persona.
La enmienda de Podemos para promover la accesibilidad de los parques infantiles, ha sido igualmente denegada por el Gobierno.
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