El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha presentado hoy el Proyecto de Ley de Protección y Bienestar con el que el Gobierno de Cantabria trata de reflejar la actual sensibilidad social respecto de esta materia y regula la protección, tanto a los animales domésticos, sea de producción o de compañía, como a la fauna silvestre en cautividad.
El texto, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, establece los requisitos mínimos que deben presidir "la interacción entre las personas y los animales", ha apuntado el consejero, que ha comparecido acompañado por el director general de Ganadería y Medio Rural, Miguel Ángel Cuevas.
El proyecto de Ley incide, tal y como ha explicado Jesús Oria, en la necesidad de "mejorar el trato a los animales", especialmente en los de compañía, en los que aún se dan casos de abandono o maltrato, para lo que insiste en la tenencia responsable y en evitar la compra impulsiva o poco meditada. Además, endurece notablemente las sanciones en los casos de infracciones leves, graves y muy graves.
Tal y como explica Jesús Oria, este texto actualiza la regulación contenida en la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, que, en la misma materia, fue "pionera" y ya entonces manifestó la "inequívoca" voluntad de la Comunidad Autónoma de "promover la defensa del bienestar de los animales". Además, adapta el contenido de esa Ley de 1992 a las distintas normas de ámbito estatal y europeo promulgadas con posterioridad a esa fecha.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley la fauna silvestre en su medio natural, los animales objeto de actividades cinegéticas autorizadas, los animales usados para la experimentación y los animales utilizados en espectáculos taurinos reglados y espectáculos taurinos populares autorizados.
Incluye aspectos como las atenciones mínimas que deben recibir los animales; las obligaciones y prohibiciones que competen a los titulares o responsables de los mismos, así como las condiciones para la venta o comercialización; acceso a los establecimientos o transportes públicos; el reparto de las obligaciones y competencias entre las administraciones públicas, especialmente en relación a animales extraviados y/o abandonados, así como el régimen de sanciones o infracciones que permitan luchar contra situaciones de maltrato o crueldad animal.
En este sentido, el régimen sancionador tipifica los supuestos entre leves, graves o muy graves y, respecto de su antecesora de 1992, aumenta las sanciones, que pueden alcanzar los 1.000 euros en el caso de las leves, cuando antes eran de entre 30 y 270 euros, y de entre 1.000 y 6.000 en las de tipo grave, que en la anterior norma iban desde los 270 a los 600 euros. Por su parte, las muy graves van desde 6.000 hasta los 60.000 euros y en la norma anterior podían oscilar entre 600 y 15.000 euros.
Gestión ética
La aspiración que persigue el Ejecutivo es alcanzar la "gestión ética de los animales abandonados", asociada al sacrificio cero. Serán los municipios quienes han de hacerse cargo de estos animales abandonados o extraviados en sus territorios hasta que sean recuperados, adoptados o acogidos o, si procede, sacrificados.
En este sentido, la eutanasia en animales de compañía o producción se llevará a cabo solo bajo prescripción veterinaria, a petición de la persona titular o responsable y por razones sanitarias o de bienestar animal. No obstante, en el caso de animales abandonados, cuando no son adoptados, se podrá llevar a cabo la eutanasia, transcurridos al menos 30 días desde la declaración del abandono.
En aquellos casos en los que resulte necesario el sacrificio de animales de compañía, este se llevará a cabo únicamente mediante procedimiento eutanásico realizado por un veterinario.
En este texto normativo se incide, como medio preventivo "más eficaz" para alcanzar el sacrificio cero, en la "tenencia responsable" y en la "prevención de las situaciones de abandono o maltrato", tratando de evitar la "compra impulsiva o poco meditada de mascotas", donde ¿señala el consejero¿ reside el inicio del problema.
Para ello, el texto establece numerosas limitaciones referidas a la comercialización de animales, que solo se podrá realizar desde centros registrados de cría o venta, así como para la publicitación a través de los diferentes medios de difusión, incluido Internet, en la que se ha de indicar el número de registro oficial del centro de cría o de venta.
Papel de las asociaciones y entidades de protección
El proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal otorga, tal y como ha explicado Jesús Oria, un "papel central" a las asociaciones y entidades colaboradoras de protección y defensa de los animales, especialmente en lo que respecta al acogimiento, y regula el Registro de este tipo de organizaciones, los requisitos que han de cumplir y sus principales tareas.
Jesús Oria ha querido reconocer y agradecer el "trabajo altruista y desinteresado" que realizan, y que es, a su juicio, "merecedor del esfuerzo económico de la Consejería en los presupuestos de 2019". Por ello, la cuantía que se destina a esta partida aumenta hasta los 60.000 euros, frente a los 11.000 euros de 2018.
Proceso participativo
Tal y como ha señalado el consejero, este proyecto de Ley es resultado de un "largo y complejo procedimiento de elaboración y acuerdo", que comenzó con la reactivación de la Mesa de Bienestar Animal, y en el que han estado implicadas muchas personas de la Administración autonómica, junto a diversos colectivos, agrupaciones y asociaciones interesadas.
Oria ha destacado la participación de representantes de asociaciones protectoras de animales, de los núcleos zoológicos, de las organizaciones profesionales agrarias, el Colegio Oficial de Veterinarios, una representación de la Federación de Municipios de Cantabria y del SEPRONA de la Guardia Civil.
Además, al texto de consenso se le añadieron las aportaciones surgidas del trámite de información pública, procedentes de, al menos, 16 entidades o asociaciones.
El consejero ha querido destacar y agradecer el "impulso constante" a este proceso por parte de la Dirección General de Ganadería, tanto con el director general actual, como con su antecesora en el cargo, Beatriz Fernández Quintana.
Desde este mismo "espíritu abierto de participación" con el que ha sido gestada la Ley, se crea la Mesa de Protección y Bienestar Animal de Cantabria, como órgano de consulta y asesoramiento, y se prevé desarrollar programas de divulgación, educación e información a cargo de las administraciones públicas regional o local.
El texto, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, establece los requisitos mínimos que deben presidir "la interacción entre las personas y los animales", ha apuntado el consejero, que ha comparecido acompañado por el director general de Ganadería y Medio Rural, Miguel Ángel Cuevas.
El proyecto de Ley incide, tal y como ha explicado Jesús Oria, en la necesidad de "mejorar el trato a los animales", especialmente en los de compañía, en los que aún se dan casos de abandono o maltrato, para lo que insiste en la tenencia responsable y en evitar la compra impulsiva o poco meditada. Además, endurece notablemente las sanciones en los casos de infracciones leves, graves y muy graves.
Tal y como explica Jesús Oria, este texto actualiza la regulación contenida en la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, que, en la misma materia, fue "pionera" y ya entonces manifestó la "inequívoca" voluntad de la Comunidad Autónoma de "promover la defensa del bienestar de los animales". Además, adapta el contenido de esa Ley de 1992 a las distintas normas de ámbito estatal y europeo promulgadas con posterioridad a esa fecha.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley la fauna silvestre en su medio natural, los animales objeto de actividades cinegéticas autorizadas, los animales usados para la experimentación y los animales utilizados en espectáculos taurinos reglados y espectáculos taurinos populares autorizados.
Incluye aspectos como las atenciones mínimas que deben recibir los animales; las obligaciones y prohibiciones que competen a los titulares o responsables de los mismos, así como las condiciones para la venta o comercialización; acceso a los establecimientos o transportes públicos; el reparto de las obligaciones y competencias entre las administraciones públicas, especialmente en relación a animales extraviados y/o abandonados, así como el régimen de sanciones o infracciones que permitan luchar contra situaciones de maltrato o crueldad animal.
En este sentido, el régimen sancionador tipifica los supuestos entre leves, graves o muy graves y, respecto de su antecesora de 1992, aumenta las sanciones, que pueden alcanzar los 1.000 euros en el caso de las leves, cuando antes eran de entre 30 y 270 euros, y de entre 1.000 y 6.000 en las de tipo grave, que en la anterior norma iban desde los 270 a los 600 euros. Por su parte, las muy graves van desde 6.000 hasta los 60.000 euros y en la norma anterior podían oscilar entre 600 y 15.000 euros.
Gestión ética
La aspiración que persigue el Ejecutivo es alcanzar la "gestión ética de los animales abandonados", asociada al sacrificio cero. Serán los municipios quienes han de hacerse cargo de estos animales abandonados o extraviados en sus territorios hasta que sean recuperados, adoptados o acogidos o, si procede, sacrificados.
En este sentido, la eutanasia en animales de compañía o producción se llevará a cabo solo bajo prescripción veterinaria, a petición de la persona titular o responsable y por razones sanitarias o de bienestar animal. No obstante, en el caso de animales abandonados, cuando no son adoptados, se podrá llevar a cabo la eutanasia, transcurridos al menos 30 días desde la declaración del abandono.
En aquellos casos en los que resulte necesario el sacrificio de animales de compañía, este se llevará a cabo únicamente mediante procedimiento eutanásico realizado por un veterinario.
En este texto normativo se incide, como medio preventivo "más eficaz" para alcanzar el sacrificio cero, en la "tenencia responsable" y en la "prevención de las situaciones de abandono o maltrato", tratando de evitar la "compra impulsiva o poco meditada de mascotas", donde ¿señala el consejero¿ reside el inicio del problema.
Para ello, el texto establece numerosas limitaciones referidas a la comercialización de animales, que solo se podrá realizar desde centros registrados de cría o venta, así como para la publicitación a través de los diferentes medios de difusión, incluido Internet, en la que se ha de indicar el número de registro oficial del centro de cría o de venta.
Papel de las asociaciones y entidades de protección
El proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal otorga, tal y como ha explicado Jesús Oria, un "papel central" a las asociaciones y entidades colaboradoras de protección y defensa de los animales, especialmente en lo que respecta al acogimiento, y regula el Registro de este tipo de organizaciones, los requisitos que han de cumplir y sus principales tareas.
Jesús Oria ha querido reconocer y agradecer el "trabajo altruista y desinteresado" que realizan, y que es, a su juicio, "merecedor del esfuerzo económico de la Consejería en los presupuestos de 2019". Por ello, la cuantía que se destina a esta partida aumenta hasta los 60.000 euros, frente a los 11.000 euros de 2018.
Proceso participativo
Tal y como ha señalado el consejero, este proyecto de Ley es resultado de un "largo y complejo procedimiento de elaboración y acuerdo", que comenzó con la reactivación de la Mesa de Bienestar Animal, y en el que han estado implicadas muchas personas de la Administración autonómica, junto a diversos colectivos, agrupaciones y asociaciones interesadas.
Oria ha destacado la participación de representantes de asociaciones protectoras de animales, de los núcleos zoológicos, de las organizaciones profesionales agrarias, el Colegio Oficial de Veterinarios, una representación de la Federación de Municipios de Cantabria y del SEPRONA de la Guardia Civil.
Además, al texto de consenso se le añadieron las aportaciones surgidas del trámite de información pública, procedentes de, al menos, 16 entidades o asociaciones.
El consejero ha querido destacar y agradecer el "impulso constante" a este proceso por parte de la Dirección General de Ganadería, tanto con el director general actual, como con su antecesora en el cargo, Beatriz Fernández Quintana.
Desde este mismo "espíritu abierto de participación" con el que ha sido gestada la Ley, se crea la Mesa de Protección y Bienestar Animal de Cantabria, como órgano de consulta y asesoramiento, y se prevé desarrollar programas de divulgación, educación e información a cargo de las administraciones públicas regional o local.
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