El presupuesto de la Consejería de Presidencia y Justicia para 2016 recupera políticas "básicas e importantes" para la ciudadanía de Cantabria y que fueron "eliminadas" por el Partido Popular en la anterior etapa de gobierno, como es la Justicia, la Protección Civil y la inversión en los municipios.
Así lo ha subrayado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha comparecido hoy en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo del Parlamento de Cantabria para informar de las cuentas de su departamento para 2016, que crecen en un 12,37 por ciento hasta superar los 99 millones de euros.
Ha resaltado que su objetivo es ir más allá y volver a la inversión anterior a la llegada del PP al Gobierno. Como ejemplo, el consejero ha dicho que los presentes presupuestos están 17 millones por debajo de lo destinado en el año 2009.
De la Sierra ha afirmado que las cuentas de la Consejería han tenido como condicionantes el techo de gasto, la insuficiencia ingresos por una política fiscal "equivocada" y una deuda elevada, además de los actuales compromisos con la sociedad cántabra que priman las políticas de educación, sanidad y los servicios sociales.
Como principales objetivos de la Consejería para 2016, ha citado asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos, para lo que se incrementan las inversiones en Protección Civil y Justicia, y se prioriza el presupuesto regional destinado a los ayuntamientos, que crece un 232 por ciento, hasta los 16 millones de euros, frente a los 5 millones de este año.
Este relevante crecimiento en la inversión en los ayuntamientos de Cantabria es fruto principalmente de la recuperación del Fondo de Cooperación Local, un compromiso con los ciudadanos y con las administraciones locales asumido por este Gobierno, ha afirmado el consejero.
De cualquier forma, ha lamentado que este presupuesto es todavía un 20 por ciento inferior a lo que se destinaba en 2011 a la asistencia y cooperación financiera con los municipios.
Aumenta la aportación regional a las mancomunidades de municipios en un 40 por ciento, pasando de 300.000 a 500.000 euros, con el fin de apoyar la mejora y modernización de los servicios que prestan a los ciudadanos en los municipios más pequeños de la región.
Seguridad
En Protección Civil y Emergencias se superan los 12,3 millones de euros, lo que supone un aumento cercano al 3 por ciento para dotar de más medios materiales, más formación especializada para los cuerpos intervinientes y "recuperar derechos de los trabajadores y el carácter público de los servicios públicos".
Respecto a este último objetivo, el consejero ha señalado que se está avanzando en la redefinición del servicio público del 112 y de los parques de bomberos autonómicos, que gestiona la Sociedad de Emergencias de Cantabria (SEMCA), y la comisión formada para este fin ya ha comenzado sus trabajos preparatorios.
En la Administración de Justicia, otro de los principales ejes que marca la acción de la Consejería, se incrementa el presupuesto un 2,27 por ciento, hasta los 29,2 millones de euros. Con ello se harán mejoras en distintas sedes judiciales y se iniciarán los trabajos preparatorios para la elaboración del proyecto de las Obras del Convento de San Francisco, que debiera ser la futura sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Otras actuaciones se centrarán en el desarrollo de las Oficinas judicial y fiscal y del Servicio de Mediación y Justicia Gratuita. Las cuentas recogen además varios proyectos para renovar los medios tecnológicos de este servicio público.
Sobre la ampliación de la planta judicial, el consejero ha informado del compromiso "verbal" del Ministerio para la creación del séptimo juzgado de Torrelavega y su informe favorable a un nuevo juzgado Mercantil en Santander.
Sobre el expediente judicial electrónico, el consejero de Justicia ha insistido en que puede ser una realidad el próximo 1 de enero, "pondremos todos los medios al alcance para ello", si bien ha advertido que "al principio puede haber problemas de funcionamiento". "Será un gran avance" y la región se situará "a la vanguardia de la justicia telemática, agilizando la tramitación a medio plazo", ha valorado.
Así lo ha subrayado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha comparecido hoy en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo del Parlamento de Cantabria para informar de las cuentas de su departamento para 2016, que crecen en un 12,37 por ciento hasta superar los 99 millones de euros.
Ha resaltado que su objetivo es ir más allá y volver a la inversión anterior a la llegada del PP al Gobierno. Como ejemplo, el consejero ha dicho que los presentes presupuestos están 17 millones por debajo de lo destinado en el año 2009.
De la Sierra ha afirmado que las cuentas de la Consejería han tenido como condicionantes el techo de gasto, la insuficiencia ingresos por una política fiscal "equivocada" y una deuda elevada, además de los actuales compromisos con la sociedad cántabra que priman las políticas de educación, sanidad y los servicios sociales.
Como principales objetivos de la Consejería para 2016, ha citado asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos, para lo que se incrementan las inversiones en Protección Civil y Justicia, y se prioriza el presupuesto regional destinado a los ayuntamientos, que crece un 232 por ciento, hasta los 16 millones de euros, frente a los 5 millones de este año.
Este relevante crecimiento en la inversión en los ayuntamientos de Cantabria es fruto principalmente de la recuperación del Fondo de Cooperación Local, un compromiso con los ciudadanos y con las administraciones locales asumido por este Gobierno, ha afirmado el consejero.
De cualquier forma, ha lamentado que este presupuesto es todavía un 20 por ciento inferior a lo que se destinaba en 2011 a la asistencia y cooperación financiera con los municipios.
Aumenta la aportación regional a las mancomunidades de municipios en un 40 por ciento, pasando de 300.000 a 500.000 euros, con el fin de apoyar la mejora y modernización de los servicios que prestan a los ciudadanos en los municipios más pequeños de la región.
Seguridad
En Protección Civil y Emergencias se superan los 12,3 millones de euros, lo que supone un aumento cercano al 3 por ciento para dotar de más medios materiales, más formación especializada para los cuerpos intervinientes y "recuperar derechos de los trabajadores y el carácter público de los servicios públicos".
Respecto a este último objetivo, el consejero ha señalado que se está avanzando en la redefinición del servicio público del 112 y de los parques de bomberos autonómicos, que gestiona la Sociedad de Emergencias de Cantabria (SEMCA), y la comisión formada para este fin ya ha comenzado sus trabajos preparatorios.
En la Administración de Justicia, otro de los principales ejes que marca la acción de la Consejería, se incrementa el presupuesto un 2,27 por ciento, hasta los 29,2 millones de euros. Con ello se harán mejoras en distintas sedes judiciales y se iniciarán los trabajos preparatorios para la elaboración del proyecto de las Obras del Convento de San Francisco, que debiera ser la futura sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Otras actuaciones se centrarán en el desarrollo de las Oficinas judicial y fiscal y del Servicio de Mediación y Justicia Gratuita. Las cuentas recogen además varios proyectos para renovar los medios tecnológicos de este servicio público.
Sobre la ampliación de la planta judicial, el consejero ha informado del compromiso "verbal" del Ministerio para la creación del séptimo juzgado de Torrelavega y su informe favorable a un nuevo juzgado Mercantil en Santander.
Sobre el expediente judicial electrónico, el consejero de Justicia ha insistido en que puede ser una realidad el próximo 1 de enero, "pondremos todos los medios al alcance para ello", si bien ha advertido que "al principio puede haber problemas de funcionamiento". "Será un gran avance" y la región se situará "a la vanguardia de la justicia telemática, agilizando la tramitación a medio plazo", ha valorado.
Por otro lado, ha mostrado su compromiso con la transparencia pública y el buen gobierno, para lo que se desarrollará en Cantabria la ley nacional y se preparará una norma a nivel autonómico, además de actualizar el portal.
Ha indicado que el anterior Gobierno "no ha hecho nada" en este ámbito y su departamento ha trabajado intensamente para cumplir lo exigido el próximo 10 de diciembre, cuando entra en vigor la Ley de Transparencia nacional.
En materia de Función Pública, tendrá especial importancia la formación de los empleados y la recuperación de derechos. También De la Sierra ha anunciado que su departamento ultima un convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para habilitar una nueva sede del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria en Santander, para facilitar la formación de los empleados públicos y como complemento a la actividad que se desarrolla actualmente en las instalaciones de La Concha de Villaescusa.
También se ha referido al acuerdo alcanzado recientemente con las organizaciones sindicales en las comisiones de servicio, regulador de este sistema de provisión, y ha asegurado la provisión del presupuesto necesario para hacer frente al pago de la extra de 2012 que resta a los empleados públicos autonómicos.
Se trabajará para recuperar beneficios sociales para los empleados públicos y cumplir las subidas salariales pactadas con los funcionarios de Justicia, así como restituir los derechos para la incapacidad temporal al conjunto de los trabajadores.
"Hay voluntad de ir solucionando los temas" en materia de personal, ha destacado el consejero.
Por último, la Administración Autonómica verá mejoradas su red de telecomunicaciones y su equipamiento informático con una inversión total de 56 millones de euros en cuatro años.
El consejero de Presidencia y Justicia ha acudido a la comparecencia parlamentaria acompañado de todo su equipo directivo.
Ha indicado que el anterior Gobierno "no ha hecho nada" en este ámbito y su departamento ha trabajado intensamente para cumplir lo exigido el próximo 10 de diciembre, cuando entra en vigor la Ley de Transparencia nacional.
En materia de Función Pública, tendrá especial importancia la formación de los empleados y la recuperación de derechos. También De la Sierra ha anunciado que su departamento ultima un convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para habilitar una nueva sede del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria en Santander, para facilitar la formación de los empleados públicos y como complemento a la actividad que se desarrolla actualmente en las instalaciones de La Concha de Villaescusa.
También se ha referido al acuerdo alcanzado recientemente con las organizaciones sindicales en las comisiones de servicio, regulador de este sistema de provisión, y ha asegurado la provisión del presupuesto necesario para hacer frente al pago de la extra de 2012 que resta a los empleados públicos autonómicos.
Se trabajará para recuperar beneficios sociales para los empleados públicos y cumplir las subidas salariales pactadas con los funcionarios de Justicia, así como restituir los derechos para la incapacidad temporal al conjunto de los trabajadores.
"Hay voluntad de ir solucionando los temas" en materia de personal, ha destacado el consejero.
Por último, la Administración Autonómica verá mejoradas su red de telecomunicaciones y su equipamiento informático con una inversión total de 56 millones de euros en cuatro años.
El consejero de Presidencia y Justicia ha acudido a la comparecencia parlamentaria acompañado de todo su equipo directivo.
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