El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha reivindicado la petición de eximir del pago de las plusvalía municipal a los desahuciados anunciada por el equipo de Gobierno local.
En este sentido, su portavoz Iván Martínez ha explicado que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Torrelavega están
estudiando la posibilidad de asignar una compensación por el cobro del
impuesto de plusvalía a personas ó familias afectadas por desahucios ó
daciones en pago residentes en nuestra ciudad.
Según ACPT, este impuesto es
cobrado por la administración municipal cuando una persona ó familia
víctima de desahucio o al conseguir una dación en pago cuando la entidad
financiera pasa a ser propiedad del banco el afectado tiene que abonar
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (en adelante, IIVTNU), conocido como “plusvalía”, al producirse
una transmisión de una finca urbana a título oneroso, el transmitente se
convierte en sujeto pasivo, correspondiéndole el pago del tributo,
según la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Para ACPT, gracias a
la movilización y presión ciudadana, el Gobierno del Estado hizo cambios
legislativos necesarios para evitar estas situaciones, pero de acuerdo a
unas condiciones muy restrictivas que no evitan que, en la mayor parte
de los supuestos, donatarios y ejecutados deban asumir el impuesto a
pesar de encontrarse en una situación precaria de pérdida de vivienda y
no habiendo experimentado, de hecho, ningún incremento del valor de su
patrimonio.
Todo ello conduce a que siga produciéndose una
situación de injusticia tributaria que viene a castigar a las familias
que han perdido la vivienda, no por no querer, sino por no poder
pagarla, a consecuencia de la situación de paro de larga duración que
arrastran miles de personas en Torrelavega.
Por ello, ACPT
presentó una moción, adaptada de una redactada por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, para introducir estos cambios en el
Ayuntamiento de Torrelavega y lograr que puedan paliar la precaria
situación de muchas familias de nuestra ciudad, pero los servicios
técnicos y jurídicos del Ayuntamiento estimaron que la propuesta debía
de ser revisada en el marco de la Comisión de Economía y Hacienda, para
encontrar una solución alternativa con la mayor viabilidad económica y
jurídica posible.
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