El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer el decreto que regula la organización, funcionamiento, composición, régimen jurídico y atribuciones del Consejo de Diálogo Social como órgano que garantiza el diálogo social y la participación permanente de los agentes sociales al más alto nivel.
Adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, departamento competente en materia laboral, el Consejo de Diálogo Social crea un marco institucional duradero como máximo órgano de encuentro y participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Gobierno de Cantabria.
Según se recoge en el decreto, además de las competencias atribuidas a la Presidencia y al Pleno, se prevé la existencia de una Comisión Permanente y de comisiones especializadas y sectoriales para el tratamiento de asuntos concretos que son de su competencia o que puedan ser encargados por el Consejo.
En cuanto a su composición, estará integrado por el presidente y once vocales: tres en representación del Gobierno de Cantabria y cuatro en representación, respectivamente, de las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC. OO) y la patronal CEOE-CEPYME de Cantabria.
Entre sus funciones, le corresponde la definición de aquellas materias que sean objeto del diálogo social, la promoción de iniciativas y proyectos relacionados, más la aprobación de acuerdos, el seguimiento y evaluación para comprobar su eficacia.
El fomento del diálogo social es un elemento esencial para el progreso económico y la cohesión social, y pasa a ser uno de los principios rectores de las políticas públicas de Cantabria, reconociendo el papel que las organizaciones empresariales y sindicales como representantes de los intereses económicos y sociales de la región.
Adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, departamento competente en materia laboral, el Consejo de Diálogo Social crea un marco institucional duradero como máximo órgano de encuentro y participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Gobierno de Cantabria.
Según se recoge en el decreto, además de las competencias atribuidas a la Presidencia y al Pleno, se prevé la existencia de una Comisión Permanente y de comisiones especializadas y sectoriales para el tratamiento de asuntos concretos que son de su competencia o que puedan ser encargados por el Consejo.
En cuanto a su composición, estará integrado por el presidente y once vocales: tres en representación del Gobierno de Cantabria y cuatro en representación, respectivamente, de las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC. OO) y la patronal CEOE-CEPYME de Cantabria.
Entre sus funciones, le corresponde la definición de aquellas materias que sean objeto del diálogo social, la promoción de iniciativas y proyectos relacionados, más la aprobación de acuerdos, el seguimiento y evaluación para comprobar su eficacia.
El fomento del diálogo social es un elemento esencial para el progreso económico y la cohesión social, y pasa a ser uno de los principios rectores de las políticas públicas de Cantabria, reconociendo el papel que las organizaciones empresariales y sindicales como representantes de los intereses económicos y sociales de la región.
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