El Partido Popular ha subrayado su apoyo al sector del taxi y propone poner en marcha un plan de ayudas para su modernización que haga del taxi un transporte urbano más competitivo.
Así lo recoge en una enmienda que ha presentado a una moción del Grupo Mixto relativa a la regulación de los vehículos VTC y el servicio de Taxi en la comunidad autónoma que se debatirá en el pleno del próximo lunes 25 de febrero.
En su propuesta el Grupo Popular insta al Parlamento de Cantabria a trasladar su apoyo al sector del taxi y solicita al Gobierno de Cantabria que ponga en marcha un plan de ayudas para la modernización de un sector necesario, fundamental y, sobre todo, de interés general.
La iniciativa de los populares también insta al Gobierno de Cantabria a solicitar al de España la derogación del real decreto-ley 13/2018, aprobado en septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que permite a las VTC seguir operando en el ámbito urbano durante cuatro años, período en el que las condiciones de precontratación, horarios, etcétera estarán regulados por las comunidades autónomas.
Según el diputado regional del PP Santiago Recio, que defenderá la enmienda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy irresponsable por derivar el problema entre el Taxi y los VTC a las administraciones autonómicas y locales, “cuando debe ser una competencia nacional porque no puede haber 60 legislaciones en esta materia”.
Recio ha recordado que el origen del conflicto generado entre los taxis y los VTC radica en una decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Ómnibus aprobada en 2009, que liberalizó el sector y eliminó la ratio de una licencia VTC por 30 de taxis que había mantenido una coexistencia pacífica entre ambos sectores.
En su momento -ha agregado- el Gobierno del PP aprobó diversas iniciativas para promover la convivencia armónica de taxistas y VTC, pero la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de la Nación recrudeció el conflicto aprobando este real decreto-ley con el único objetivo de “quitarse un marrón de encima, dar una patada hacia delante y pasar la pelota a las comunidades autónomas”.
“En vez de escurrir el bulto y hacer dejación de responsabilidades como Pedro Sánchez, el Gobierno del PP impulsó una serie de medidas orientadas a mejorar la competitividad y garantizar una convivencia armónica entre el sector del taxi y el alquiler de vehículos con conductor. El PSOE se ha quitado de encima la presión del taxi y la ha lanzado a las comunidades autónomas, que son las que están aguantando ahora el chaparrón”, ha sentenciado Recio.
El parlamentario del PP plantea también en la enmienda que, en caso de no derogarse el real decreto-ley 13/2018, el Gobierno de Cantabria lleve a cabo todas las negociaciones necesarias para consensuar un acuerdo con todas las partes implicadas en este conflicto, recordando que en Cantabria actualmente existe una ratio de una VTC por 2.8 taxis, ya que hay 183 autorizaciones de VTC y 513 de taxis.
Así lo recoge en una enmienda que ha presentado a una moción del Grupo Mixto relativa a la regulación de los vehículos VTC y el servicio de Taxi en la comunidad autónoma que se debatirá en el pleno del próximo lunes 25 de febrero.
En su propuesta el Grupo Popular insta al Parlamento de Cantabria a trasladar su apoyo al sector del taxi y solicita al Gobierno de Cantabria que ponga en marcha un plan de ayudas para la modernización de un sector necesario, fundamental y, sobre todo, de interés general.
La iniciativa de los populares también insta al Gobierno de Cantabria a solicitar al de España la derogación del real decreto-ley 13/2018, aprobado en septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que permite a las VTC seguir operando en el ámbito urbano durante cuatro años, período en el que las condiciones de precontratación, horarios, etcétera estarán regulados por las comunidades autónomas.
Según el diputado regional del PP Santiago Recio, que defenderá la enmienda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy irresponsable por derivar el problema entre el Taxi y los VTC a las administraciones autonómicas y locales, “cuando debe ser una competencia nacional porque no puede haber 60 legislaciones en esta materia”.
Recio ha recordado que el origen del conflicto generado entre los taxis y los VTC radica en una decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Ómnibus aprobada en 2009, que liberalizó el sector y eliminó la ratio de una licencia VTC por 30 de taxis que había mantenido una coexistencia pacífica entre ambos sectores.
En su momento -ha agregado- el Gobierno del PP aprobó diversas iniciativas para promover la convivencia armónica de taxistas y VTC, pero la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de la Nación recrudeció el conflicto aprobando este real decreto-ley con el único objetivo de “quitarse un marrón de encima, dar una patada hacia delante y pasar la pelota a las comunidades autónomas”.
“En vez de escurrir el bulto y hacer dejación de responsabilidades como Pedro Sánchez, el Gobierno del PP impulsó una serie de medidas orientadas a mejorar la competitividad y garantizar una convivencia armónica entre el sector del taxi y el alquiler de vehículos con conductor. El PSOE se ha quitado de encima la presión del taxi y la ha lanzado a las comunidades autónomas, que son las que están aguantando ahora el chaparrón”, ha sentenciado Recio.
El parlamentario del PP plantea también en la enmienda que, en caso de no derogarse el real decreto-ley 13/2018, el Gobierno de Cantabria lleve a cabo todas las negociaciones necesarias para consensuar un acuerdo con todas las partes implicadas en este conflicto, recordando que en Cantabria actualmente existe una ratio de una VTC por 2.8 taxis, ya que hay 183 autorizaciones de VTC y 513 de taxis.
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