Los alcaldes del Partido Popular integrados en la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) presentaron en la mañana de ayer lunes, para su consideración en la próxima sesión de la Comisión Ejecutiva de la Federación, sus alegaciones al borrador de Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, que pretende eliminar la vigente regulación sobre la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, aprobada la pasada legislatura por el gobierno de Ignacio Diego.
Mediante estas alegaciones los alcaldes del PP prosiguen con la “oposición frontal” de su formación política a la supresión, por parte del gobierno regional, de una normativa que consideran se ha demostrado “sumamente positiva para los Ayuntamientos de Cantabria”.
Estas alegaciones se suman a la batería de iniciativas que el PP está presentando tanto en el Parlamento autonómico, donde ya ha registrado una Proposición no de Ley para su debate en pleno instando al Gobierno de Cantabria a mantener el vigente régimen jurídico de la vivienda unifamiliar en suelo rústico; como en los Ayuntamientos, donde está planteando mociones en el mismo sentido que ya ha sido aprobadas en algunos municipios (la primera en Las Rozas de Valdearroyo, después en Los Corrales de Buelna, Ampuero... entre otros).
En concreto los alcaldes del PP han registrado cuatro alegaciones en las que argumentan que, mientras que con el sistema anterior -que exigía la aprobación de Planes Especiales de Suelo Rústico- no se llegó a aprobar ni una sola vivienda unifamiliar, con la reforma establecida en 2012 se han tramitado cerca de 1.500 expedientes y se han autorizado varios centenares de este tipo de viviendas, “lo que ha supuesto una evidente dinamización de nuestros pueblos y una gran mejora en lo que se refiere a la fijación de la población en el territorio y a la creación de riqueza y empleo en el mundo rural de Cantabria”.
Según los ediles del PP, “pretender eliminar un sistema que ha funcionado de forma tan positiva es un evidente sinsentido que solo se explica por un intento de eliminar una de las reformas legislativas más emblemáticas del gobierno regional del Partido Popular”.
Asimismo, los alcaldes del PP de Cantabria consideran en estas alegaciones que es necesario mantener la institución de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, una figura creada en Cantabria para resolver problemas reales en el urbanismo municipal, que “está jugando y puede seguir jugando un papel muy importante como un instrumento para la resolución de problemas y evitar demoliciones innecesarias”.
En tercer lugar, los alcaldes del PP también solicitan que se incorpore al Anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria el régimen jurídico de los derechos de realojo y de retorno recientemente aprobados en el Parlamento.
Finalmente, solicitan la convocatoria de la comisión que se estableció en el marco del convenio entre la Federación de Municipios de Cantabria y el Gobierno de Cantabria, al efecto de que sirva de vehículo de participación activa de todos los Ayuntamientos de Cantabria en este Anteproyecto que actualmente se está elaborando. “La no convocatoria de esta comisión a lo largo de la presente legislatura ha supuesto un retroceso en el nivel de participación de los Ayuntamientos en la elaboración de las leyes que resultan esenciales para el funcionamiento de la vida municipal”, dicen.
Mediante estas alegaciones los alcaldes del PP prosiguen con la “oposición frontal” de su formación política a la supresión, por parte del gobierno regional, de una normativa que consideran se ha demostrado “sumamente positiva para los Ayuntamientos de Cantabria”.
Estas alegaciones se suman a la batería de iniciativas que el PP está presentando tanto en el Parlamento autonómico, donde ya ha registrado una Proposición no de Ley para su debate en pleno instando al Gobierno de Cantabria a mantener el vigente régimen jurídico de la vivienda unifamiliar en suelo rústico; como en los Ayuntamientos, donde está planteando mociones en el mismo sentido que ya ha sido aprobadas en algunos municipios (la primera en Las Rozas de Valdearroyo, después en Los Corrales de Buelna, Ampuero... entre otros).
En concreto los alcaldes del PP han registrado cuatro alegaciones en las que argumentan que, mientras que con el sistema anterior -que exigía la aprobación de Planes Especiales de Suelo Rústico- no se llegó a aprobar ni una sola vivienda unifamiliar, con la reforma establecida en 2012 se han tramitado cerca de 1.500 expedientes y se han autorizado varios centenares de este tipo de viviendas, “lo que ha supuesto una evidente dinamización de nuestros pueblos y una gran mejora en lo que se refiere a la fijación de la población en el territorio y a la creación de riqueza y empleo en el mundo rural de Cantabria”.
Según los ediles del PP, “pretender eliminar un sistema que ha funcionado de forma tan positiva es un evidente sinsentido que solo se explica por un intento de eliminar una de las reformas legislativas más emblemáticas del gobierno regional del Partido Popular”.
Asimismo, los alcaldes del PP de Cantabria consideran en estas alegaciones que es necesario mantener la institución de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, una figura creada en Cantabria para resolver problemas reales en el urbanismo municipal, que “está jugando y puede seguir jugando un papel muy importante como un instrumento para la resolución de problemas y evitar demoliciones innecesarias”.
En tercer lugar, los alcaldes del PP también solicitan que se incorpore al Anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria el régimen jurídico de los derechos de realojo y de retorno recientemente aprobados en el Parlamento.
Finalmente, solicitan la convocatoria de la comisión que se estableció en el marco del convenio entre la Federación de Municipios de Cantabria y el Gobierno de Cantabria, al efecto de que sirva de vehículo de participación activa de todos los Ayuntamientos de Cantabria en este Anteproyecto que actualmente se está elaborando. “La no convocatoria de esta comisión a lo largo de la presente legislatura ha supuesto un retroceso en el nivel de participación de los Ayuntamientos en la elaboración de las leyes que resultan esenciales para el funcionamiento de la vida municipal”, dicen.
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