El Gobierno de Cantabria está trabajando "de manera acelerada" para poner en marcha un registro de viviendas públicas disponibles para familias con dificultades económicas y una oficina de mediación hipotecaria.
Según ha afirmado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, estas son las primeras medidas que harán que "en Cantabria no presenciemos imágenes dramáticas" de familias que tengan que ser desalojadas por "haber perdido el empleo" y no poder hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias.
Para ello, ha explicado Revilla, el Ejecutivo ya está trabajando con los bancos, especialmente con la SAREB, para disponer viviendas en las que estas familias "puedan vivir dignamente" y cuyo pago no le suponga más del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
"No debemos soportar que nadie se vaya de la vivienda a la calle" porque, este "índice de insolidaridad absoluto" no es, según Miguel Ángel Revilla, soportable para un país como España y "tiene que desaparecer" en una sociedad "mínimamente solidaria y progresista" como es la española.
En este sentido, ha asegurado que tanto el PRC y el PSOE, que forman el Gobierno de Cantabria, como Podemos, que apoyó su investidura como presidente, tienen "compromisos muy serios" con la "prioridad absoluta" que es la atención a quienes tienen problemas de alimentación o de vivienda, como corresponde a un Ejecutivo con "un mínimo de sensibilidad".
El presidente ha señalado que, a pesar de las restricciones financieras por la obligación de ajustarse al déficit, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma garantiza "la educación, la sanidad y la atención a la dependencia", así como aquellas medidas que "eviten ver desalojadas de sus viviendas a familias que han perdido su trabajo, especialmente si tienen hijos". "Las cosas están mal pero no hasta el punto de que un país como España pueda consentir que eso ocurra", ha aseverado.
Revilla ha realizado estas declaraciones durante la clausura de las XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de España, que se han celebrado en Santander ayer y hoy y han tratado específicamente la problemática de la vivienda. Han contado con la asistencia de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sus homólogos en las diferentes comunidades autónomas, los equipos técnicos, y la presidenta de Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga.
Para ello, ha explicado Revilla, el Ejecutivo ya está trabajando con los bancos, especialmente con la SAREB, para disponer viviendas en las que estas familias "puedan vivir dignamente" y cuyo pago no le suponga más del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
"No debemos soportar que nadie se vaya de la vivienda a la calle" porque, este "índice de insolidaridad absoluto" no es, según Miguel Ángel Revilla, soportable para un país como España y "tiene que desaparecer" en una sociedad "mínimamente solidaria y progresista" como es la española.
En este sentido, ha asegurado que tanto el PRC y el PSOE, que forman el Gobierno de Cantabria, como Podemos, que apoyó su investidura como presidente, tienen "compromisos muy serios" con la "prioridad absoluta" que es la atención a quienes tienen problemas de alimentación o de vivienda, como corresponde a un Ejecutivo con "un mínimo de sensibilidad".
El presidente ha señalado que, a pesar de las restricciones financieras por la obligación de ajustarse al déficit, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma garantiza "la educación, la sanidad y la atención a la dependencia", así como aquellas medidas que "eviten ver desalojadas de sus viviendas a familias que han perdido su trabajo, especialmente si tienen hijos". "Las cosas están mal pero no hasta el punto de que un país como España pueda consentir que eso ocurra", ha aseverado.
Revilla ha realizado estas declaraciones durante la clausura de las XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de España, que se han celebrado en Santander ayer y hoy y han tratado específicamente la problemática de la vivienda. Han contado con la asistencia de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sus homólogos en las diferentes comunidades autónomas, los equipos técnicos, y la presidenta de Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga.
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