El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha exigido la "restitución inmediata" del Servicio de Orientacion Jurídica gratuíta a los vecinos, que se venía prestando en el Palacio de Justicia por el Colgio de Abogados y ha criticado la decisiòn del equipo de gobierno de eliminar este servicio.
El comunicado de ACPT se produce tres días después de que el DM
publicara que el Ayuntamiento de Torrelavega había decidido rescindir el
contrato que mantenía con el Colegio de Abogados de Cantabria, para la
prestación del servicio jurídico gratuito a través del departamento de
Servicios Sociales, porque entiende que la nueva Ley le ha dejado sin
competencias en esa materia. Dicho servicio atiende a más de dos mil
personas al año y supone un desembolso para las arcas municipales de
13.000 euros.
Según ACPT este servicio ha venido
beneficiando las personas más necesitadas de Torrelavega para recibir
gratuitamente asesoramiento jurídico, especialmente en materia de
migración, desahucios, violación de derechos ciudadanos o violencia de
género.
Además, segñun ACPT, "ha sido un servicio ampliamente
demandado". "Estas personas se quedarán ahora totalmente desamparadas a
la hora de recibir asesoramiento jurídico", ha criticado la formación
que, por ello, ha exigido a socialistas y regionalistas su "inmediata"
restitución.
Asamblea Ciudadana Por Torrelavega también ha denunciado que en la
Comisión de Bienestar Social donde se trató este tema, el pasado 20 de
noviembre, "se faltó a la verdad, pues se les dijo a los ediles que forman parte de esta comisión
que al amparo de este convenio únicamente se estaba realizando la
gestión del servicio de justicia gratuita, y que no se trabajaba la
orientación jurídica y eso es totalmente incierto, como han manifestado
varios de los abogados que han venido prestando este servicio".
"Por lo tanto, nos sentimos engañados, y exigimos que se restituya el
convenio de inmediato y se vuelva a prestar un servicio que resulta
fundamental para garantizar a los ciudadanos de Torrelavega el acceso y
la protección de sus derechos", ha concluido ACPT.
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