El Juzgado de lo Social número 2 de Santander ha declarado nulas las reducciones de jornada realizadas por la empresa Ute Fundación Integrado Garbialdi S.A. por ser ilegales.
La Federación de Empleados Públicos de USO Cantabria, presentó un Conflicto Colectivo a través del letrado de la FEP, como consecuencia de la reducción de jornada masiva, que realizó la empresa junto con la amenaza de la realización de un ERTE, que finalmente nunca realizó.
La reducción de jornada afectó a 96 trabajadoras de ayuda domiciliaria que prestan servicios en el Sector 3 derivado de la Ley de Dependencia de Cantabria y en algunos casos, esta reducción llegó a superar el 50% de la jornada de las trabajadoras.
Durante la vista oral, quedó patente lo innecesario e injusto de una medida tan drástica para el interés de los trabajadores como de la ilegalidad de los mecanismos utilizados por Garbialdi para conseguir sus propósitos.
En este sentido, debemos lamentar que la testifical prestada por la Presidenta del Comité de Empresa de Garbialdi, y miembro de Comisiones Obreras, que fue claramente contraria a los intereses de los trabajadores y por el contrario, a favor de la empresa.
Esta sentencia que es recurrible y por tanto no es firme, deja de manifiesto una situación que se viene repitiendo por las empresas dedicadas al sector de la Dependencia, que sistemáticamente anteponen los beneficios propios, obtenidos de fondos de la administración para realizar un servicio social, a los derechos de los trabajadores.
Desde la Federación de Empleados Públicos, instamos al Gobierno de Cantabria a que vele para que las empresas que obtienen subvenciones públicas a través de la Ley de Dependencia de Cantabria, cumplan de forma escrupulosa con la legislación laboral y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La Federación de Empleados Públicos de USO Cantabria, presentó un Conflicto Colectivo a través del letrado de la FEP, como consecuencia de la reducción de jornada masiva, que realizó la empresa junto con la amenaza de la realización de un ERTE, que finalmente nunca realizó.
La reducción de jornada afectó a 96 trabajadoras de ayuda domiciliaria que prestan servicios en el Sector 3 derivado de la Ley de Dependencia de Cantabria y en algunos casos, esta reducción llegó a superar el 50% de la jornada de las trabajadoras.
Durante la vista oral, quedó patente lo innecesario e injusto de una medida tan drástica para el interés de los trabajadores como de la ilegalidad de los mecanismos utilizados por Garbialdi para conseguir sus propósitos.
En este sentido, debemos lamentar que la testifical prestada por la Presidenta del Comité de Empresa de Garbialdi, y miembro de Comisiones Obreras, que fue claramente contraria a los intereses de los trabajadores y por el contrario, a favor de la empresa.
Esta sentencia que es recurrible y por tanto no es firme, deja de manifiesto una situación que se viene repitiendo por las empresas dedicadas al sector de la Dependencia, que sistemáticamente anteponen los beneficios propios, obtenidos de fondos de la administración para realizar un servicio social, a los derechos de los trabajadores.
Desde la Federación de Empleados Públicos, instamos al Gobierno de Cantabria a que vele para que las empresas que obtienen subvenciones públicas a través de la Ley de Dependencia de Cantabria, cumplan de forma escrupulosa con la legislación laboral y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
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