Además, ACPT exige al Gobierno la retirada del anteproyecto de ley y que se de traslado del acuerdo al presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y al Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz.
En su exposición de motivos, ACPT asegura que en la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno del Estado da un paso más en la represión e inhabilitación económica de todo aquel que se salga de los márgenes establecidos –cada vez más restringidos- lo cual supone un ataque intolerable a nuestros derechos básicos.
Para ACPT la imposición de esta ley responde al único interés de blindar a los políticos y al sistema de todos aquellos que nos levantamos contra él, desde distintos ámbitos y por distintos motivos. Con esta Ley, muchas de las movilizaciones protagonizadas por variadas asociaciones, colectivos, trabajadores en movilización, serían ilegales y por tanto objeto potencial de represión y multa.
Dice ACPT que la naturaleza de esta Ley es continuación de las leyes franquistas “de Represión contra la Masonería y el Comunismo”, la “Ley de Vagos y Maleantes y ampliación de la más reciente “Ley de Seguridad Ciudadana” de 21 de febrero de 1992, conocida como “Ley Corcuera”.
Y señala que en el anteproyecto se incluyen distintas infracciones con multas desde 100€ a 600.000€ orientadas a castigar y reprimir las nuevas formas de movilización y de protesta ciudadana.
Finalmente, ACPT señala que en el anteproyecto se introducen modificaciones legales que favorecen la privatización de la seguridad, cuestión que conlleva la reducción del sector público y la desprotección del pueblo, que de esta forma queda más sujeto a agentes sin cualificación suficiente y sujetos a la defensa de intereses privados.
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