La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) en el conflicto colectivo relacionado con los derechos laborales del personal de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Idival) y ha fallado que el VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria es de aplicación al personal de estructura que presta servicios en el Idival, una veintena de trabajadores y trabajadoras.
El fallo, que se ha conocido el pasado viernes, revoca así una sentencia anterior que fue recurrida al considerar probado que el Idival ya se adhirió en 2004 al VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio del Gobierno de Cantabria y que, además, reconoce que existe una relación de dependencia entre esta empresa pública y el Ejecutivo regional, en tanto en cuanto cinco de los nueve miembros del Patronato del Idival son designados por el propio Gobierno de Cantabria.
La sentencia tiene en cuenta, además, que el desarrollo de las actividades del Idival se financia, principalmente, con cargo a los presupuestos del Gobierno de Cantabria lo que, según dice literalmente el fallo, “implica el control indirecto de todas las actividades, incluso de las financieras y patrimoniales”, por lo que es lícito que el convenio de aplicación del personal que trabaja en el Idival sea el aprobado por el Gobierno de Cantabria para el personal laboral.
Desde el sindicato se ha recordado que un conflicto de idénticas características ya fue sometido a resolución judicial, el del Personal Laboral de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA), que concluyó determinando la aplicación del VIII Convenio dada la dependencia de dicho organismo de la Administración regional.
Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de CCOO en el Gobierno de Cantabria, ha subrayado que “los conflictos laborales con las empresas públicas que dependen de la Consejería de Sanidad son el pan nuestro de cada día. Parece mentira que desde la administración se trate de esta forma tan injusta, ruin e inaceptable a unos trabajadores y trabajadoras que son esenciales para la investigación y el avance de la sanidad y que ven, indignados, como van concatenando contrato tras contrato en fraude de sin que los responsables reconozcan su dedicación y sus derechos laborales. Por fin estos trabajadores del Idival acceden a un convenio colectivo con el que el personal laboral del Gobierno de Cantabria cuenta desde 2010”.
“Desde CCOO no nos cansaremos de pelear en los tribunales para que se reconozcan los derechos del personal de las empresas públicas dependientes de la Consejería de Sanidad. No se piden favores ni privilegios, simplemente que la Consejería de Sanidad deje de mirar para otro lado y reconozca el trabajo que hacen estos trabajadores y estas trabajadoras. No entendemos la obsesión del Gobierno de Cantabria de llevar a los juzgados conflictos laborales que lo único que hacen es generar más gasto a las arcas públicas y que saben de antemano que tienen perdidos”, ha concluido Renedo.
El fallo, que se ha conocido el pasado viernes, revoca así una sentencia anterior que fue recurrida al considerar probado que el Idival ya se adhirió en 2004 al VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio del Gobierno de Cantabria y que, además, reconoce que existe una relación de dependencia entre esta empresa pública y el Ejecutivo regional, en tanto en cuanto cinco de los nueve miembros del Patronato del Idival son designados por el propio Gobierno de Cantabria.
La sentencia tiene en cuenta, además, que el desarrollo de las actividades del Idival se financia, principalmente, con cargo a los presupuestos del Gobierno de Cantabria lo que, según dice literalmente el fallo, “implica el control indirecto de todas las actividades, incluso de las financieras y patrimoniales”, por lo que es lícito que el convenio de aplicación del personal que trabaja en el Idival sea el aprobado por el Gobierno de Cantabria para el personal laboral.
Desde el sindicato se ha recordado que un conflicto de idénticas características ya fue sometido a resolución judicial, el del Personal Laboral de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA), que concluyó determinando la aplicación del VIII Convenio dada la dependencia de dicho organismo de la Administración regional.
Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de CCOO en el Gobierno de Cantabria, ha subrayado que “los conflictos laborales con las empresas públicas que dependen de la Consejería de Sanidad son el pan nuestro de cada día. Parece mentira que desde la administración se trate de esta forma tan injusta, ruin e inaceptable a unos trabajadores y trabajadoras que son esenciales para la investigación y el avance de la sanidad y que ven, indignados, como van concatenando contrato tras contrato en fraude de sin que los responsables reconozcan su dedicación y sus derechos laborales. Por fin estos trabajadores del Idival acceden a un convenio colectivo con el que el personal laboral del Gobierno de Cantabria cuenta desde 2010”.
“Desde CCOO no nos cansaremos de pelear en los tribunales para que se reconozcan los derechos del personal de las empresas públicas dependientes de la Consejería de Sanidad. No se piden favores ni privilegios, simplemente que la Consejería de Sanidad deje de mirar para otro lado y reconozca el trabajo que hacen estos trabajadores y estas trabajadoras. No entendemos la obsesión del Gobierno de Cantabria de llevar a los juzgados conflictos laborales que lo único que hacen es generar más gasto a las arcas públicas y que saben de antemano que tienen perdidos”, ha concluido Renedo.
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