Un total de 67.681 trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y 19.194 autónomos recibieron en Cantabria algún tipo de prestación social el mes pasado, en el marco de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis social y económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
A 7 de junio, un total de 20.449 autónomos de Cantabria habían solicitado la prestación por cese de actividad (1,3% del total de España), habiendo sido resueltas favorablemente 19.194 solicitudes, el 93,9% de las solicitudes presentadas en la Comunidad Autónoma, por un importe total de 13 millones de euros.
Además, en mayo un total de 67.681 trabajadoras y trabajadores cántabros percibieron algún tipo de prestación social por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, (entre los que se incluyen las correspondientes a los ERTE, pero también al desempleo y otras prestaciones), por un importe total de 62 millones de euros (el 1,1% del total nacional).
En el peor momento de la crisis, a finales del pasado abril, en Cantabria llegó a haber 35.547 personas afectadas por un ERTE, de los que, a fecha de 17 de junio, permanecían en esa situación 19.426 (el 0,9% de las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena afectados en toda España), y lo que supone que 16.121 empleados y empleadas han salido ya de esa situación.
A 15 de junio, se habían aprobado además 6.924 operaciones con la garantía de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Cantabria, que benefician a 5.008 empresas, por un importe avalado de 491 millones de euros (0,9% del total de España) y una financiación total de 628 millones.
Para la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, estos datos demuestran que “el Gobierno de España no ha dejado ni va a dejar a nadie atrás y que afronta la crisis económica y social generada por la pandemia del COVID-19 desde todos los ámbitos”.
Así, Quiñones ha ensalzado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez “está luchando contra la pobreza infantil, está atendiendo las necesidades de los trabajadores y también de las empresas y a los autónomos, a los que está garantizando mecanismos para asegurar la continuidad de la actividad”.
A estos datos y a la correspondiente asignación para Cantabria de parte de los 16.000 millones de euros no reembolsables del Fondo COVID-19 para las Comunidades Autónomas, se suma el hecho de que a la región le corresponden 4 millones de euros del Fondo Social Extraordinario para minimizar el impacto social de la pandemia (refuerzo de los servicios sociales, ayudas económicas a familia y colectivos vulnerables, etc.), disponiendo además de 597.000 euros para becas comedor que están dando cobertura a 800 familias y a 1.265 niñas y niños cántabros.
Además, Cantabria podrá destinar a gasto sanitario 27 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
A 7 de junio, un total de 20.449 autónomos de Cantabria habían solicitado la prestación por cese de actividad (1,3% del total de España), habiendo sido resueltas favorablemente 19.194 solicitudes, el 93,9% de las solicitudes presentadas en la Comunidad Autónoma, por un importe total de 13 millones de euros.
Además, en mayo un total de 67.681 trabajadoras y trabajadores cántabros percibieron algún tipo de prestación social por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, (entre los que se incluyen las correspondientes a los ERTE, pero también al desempleo y otras prestaciones), por un importe total de 62 millones de euros (el 1,1% del total nacional).
En el peor momento de la crisis, a finales del pasado abril, en Cantabria llegó a haber 35.547 personas afectadas por un ERTE, de los que, a fecha de 17 de junio, permanecían en esa situación 19.426 (el 0,9% de las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena afectados en toda España), y lo que supone que 16.121 empleados y empleadas han salido ya de esa situación.
A 15 de junio, se habían aprobado además 6.924 operaciones con la garantía de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Cantabria, que benefician a 5.008 empresas, por un importe avalado de 491 millones de euros (0,9% del total de España) y una financiación total de 628 millones.
Para la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, estos datos demuestran que “el Gobierno de España no ha dejado ni va a dejar a nadie atrás y que afronta la crisis económica y social generada por la pandemia del COVID-19 desde todos los ámbitos”.
Así, Quiñones ha ensalzado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez “está luchando contra la pobreza infantil, está atendiendo las necesidades de los trabajadores y también de las empresas y a los autónomos, a los que está garantizando mecanismos para asegurar la continuidad de la actividad”.
A estos datos y a la correspondiente asignación para Cantabria de parte de los 16.000 millones de euros no reembolsables del Fondo COVID-19 para las Comunidades Autónomas, se suma el hecho de que a la región le corresponden 4 millones de euros del Fondo Social Extraordinario para minimizar el impacto social de la pandemia (refuerzo de los servicios sociales, ayudas económicas a familia y colectivos vulnerables, etc.), disponiendo además de 597.000 euros para becas comedor que están dando cobertura a 800 familias y a 1.265 niñas y niños cántabros.
Además, Cantabria podrá destinar a gasto sanitario 27 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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