El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha presentado ante la Comisión de Obras Públicas el conjunto de actuaciones que recoge el plan de derribos de Cantabria, un plan de ejecución de sentencias, cuyo presupuesto ronda los 23 millones de euros para los próximos cuatros años y que, según ha señalado, es "realista, útil y necesario" con actuaciones "concretas" que permiten realizar un seguimiento del mismo. Por ello, se ha mostrado confiado a que debido al horizonte temporal del mismo "ésta" sea la legislatura en la que se dé solución definitiva los afectados por sentencias de derribos.
Ante ello, el consejero ha pedido "unidad" a todos los grupos parlamentarios, a quienes ha agradecido el "buen tono" mostrado durante toda la Comisión, para poder resolver definitivamente esta situación que se ha "demorado" en el tiempo y terminar con el "sufrimiento de tantas familias". "Esta es una de las prioridades del Gobierno de Cantabria frente a otro tipo de proyectos y haremos lo máximo entre todos", ha apuntado, aunque la última palabra la tengan los jueces y magistrados con la ejecución de sentencias.
De hecho, el documento ha sido firmado Gobierno regional y por todos los ayuntamientos implicados y contempla iniciar la demolición en aquellas viviendas que no se pueden legalizar en base a sus planeamientos urbanísticos, actualmente en tramitación, y sobre los que el Gobierno está trabajando para que puedan ser aprobados lo antes posible.
El importe del plan para los próximos cuatro años, que es su vigencia, está establecido en 23 millones de euros y su ejecución va, por tanto, en paralelo con la redacción y aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que están ahora mismo en marcha y que dependen en gran medida de los equipos redactores de los ayuntamientos para que puedan ser aprobados, de ahí que haya pedido "agilidad" en sus tramitaciones.
Además, al estar el fondo de derribos ya aprobado e incluido en la ley 5/2018 de 22 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administración y que fue modificada al respecto, permite asegurar ese cumplimiento por si algún año las cantidades no se puedan liquidar, ese dinero pueda destinarse al año siguiente, ha explicado José Luis Gochicoa.
Pilares del plan
En este sentido, José Luis Gochicoa ha especificado que se trata de un plan de ejecución de sentencias en base a tres pilares para agilizar los planeamientos urbanísticos en aquellos municipios donde sea posible conseguir incidentes de inejecución posteriores que permitan la legalización de un determinado número de viviendas; agilizar también los pagos y, por tanto, los derribos de que "ya en estos momentos no son susceptibles de legalización", y seguir avanzando en el proyecto de las viviendas de sustitución de Arnuero que puede ser extensiva a otros vecinos de ayuntamientos colindantes que deseen optar a esas viviendas.
Según ha concretado, los 23 millones de euros van destinados al pago de indemnizaciones como consecuencia de las demoliciones, a la construcción de las viviendas de sustitución en Arnuero.
Finalmente, el consejero ha recordado la restauración ambiental del Alto del Cuco tras la demolición de las viviendas ilegales situadas en esos terrenos, lo que, a su juicio, es algo "muy positivo" que viene reflejar la voluntad del Gobierno autonómico por dar solución a "temas pendientes", al tiempo que ha reconocido que "en el pasado" se han dado pasos "insuficientes" en materia de derribos, por lo que entiende que los afectados tengan "sensación de incredulidad". "Hay que dar un arreón", ha subrayado.
Ante ello, el consejero ha pedido "unidad" a todos los grupos parlamentarios, a quienes ha agradecido el "buen tono" mostrado durante toda la Comisión, para poder resolver definitivamente esta situación que se ha "demorado" en el tiempo y terminar con el "sufrimiento de tantas familias". "Esta es una de las prioridades del Gobierno de Cantabria frente a otro tipo de proyectos y haremos lo máximo entre todos", ha apuntado, aunque la última palabra la tengan los jueces y magistrados con la ejecución de sentencias.
De hecho, el documento ha sido firmado Gobierno regional y por todos los ayuntamientos implicados y contempla iniciar la demolición en aquellas viviendas que no se pueden legalizar en base a sus planeamientos urbanísticos, actualmente en tramitación, y sobre los que el Gobierno está trabajando para que puedan ser aprobados lo antes posible.
El importe del plan para los próximos cuatro años, que es su vigencia, está establecido en 23 millones de euros y su ejecución va, por tanto, en paralelo con la redacción y aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que están ahora mismo en marcha y que dependen en gran medida de los equipos redactores de los ayuntamientos para que puedan ser aprobados, de ahí que haya pedido "agilidad" en sus tramitaciones.
Además, al estar el fondo de derribos ya aprobado e incluido en la ley 5/2018 de 22 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administración y que fue modificada al respecto, permite asegurar ese cumplimiento por si algún año las cantidades no se puedan liquidar, ese dinero pueda destinarse al año siguiente, ha explicado José Luis Gochicoa.
Pilares del plan
En este sentido, José Luis Gochicoa ha especificado que se trata de un plan de ejecución de sentencias en base a tres pilares para agilizar los planeamientos urbanísticos en aquellos municipios donde sea posible conseguir incidentes de inejecución posteriores que permitan la legalización de un determinado número de viviendas; agilizar también los pagos y, por tanto, los derribos de que "ya en estos momentos no son susceptibles de legalización", y seguir avanzando en el proyecto de las viviendas de sustitución de Arnuero que puede ser extensiva a otros vecinos de ayuntamientos colindantes que deseen optar a esas viviendas.
Según ha concretado, los 23 millones de euros van destinados al pago de indemnizaciones como consecuencia de las demoliciones, a la construcción de las viviendas de sustitución en Arnuero.
Finalmente, el consejero ha recordado la restauración ambiental del Alto del Cuco tras la demolición de las viviendas ilegales situadas en esos terrenos, lo que, a su juicio, es algo "muy positivo" que viene reflejar la voluntad del Gobierno autonómico por dar solución a "temas pendientes", al tiempo que ha reconocido que "en el pasado" se han dado pasos "insuficientes" en materia de derribos, por lo que entiende que los afectados tengan "sensación de incredulidad". "Hay que dar un arreón", ha subrayado.
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