El exconsejero de Medio Ambiente y actual senador del Partido Popular, Javier Fernández, ha afirmado hoy que, una vez estudiados los expedientes, todos los procedimientos de contratación que se han seguido en la empresa pública MARE eran “correctos”, sin perjuicio de que hay cuestiones dentro del procedimiento “mejorables”.
Según ha agregado, precisamente para mejorar esas deficiencias en los sistemas de contratación, el propio Gobierno de Ignacio Diego encargó a la Intervención General una auditoría sobre la contratación de MARE correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014.
Javier Fernández, quien solicitó a través del Grupo Popular poder explicar en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento cántabro el contenido de la auditoría de MARE ante la “alarma social” que originó el contenido de la misma, ha explicado que en la legislatura 2011-2015 el gobierno del PP advirtió una serie de deficiencias en materia de contratación, resolvió las que pudo y solicitó una auditoría para mejorar aquellas otras cuestiones susceptibles de mejora.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de su comparecencia, Fernández ha precisado que, una vez publicada, tanto el anterior director general de MARE, como él mismo en su condición de anterior consejero delegado, hicieron una serie de alegaciones en las que pusieron de manifiesto su diferencia de criterio en algunas cuestiones con respecto a lo que decía la Intervención.
“Hay cuestiones en las que sí estamos de acuerdo, temas que hay que mejorar y para eso precisamente se hacen las auditorías, para ir mejorando los procedimientos de contratación. Cualquiera que vea la auditoría se da cuenta de que el 99 por ciento son cuestiones de carácter técnico y procedimental; pero luego hay cuestiones en las que discrepamos, sobre todo en algunos casos sobre cuáles son los procedimientos de adjudicación correctos y adecuados”, ha señalado Javier Fernández, cuya intervención se reduce prácticamente a un 5% de todas las cuestiones a las que hace alusión la auditoría, según ha dicho.
“Lo que pasa que nuestra perspectiva y la de la Intervención es distinta. Los gestores tenemos que garantizar la prestación de servicios tan importantes como la depuración de aguas o la recogida y tratamiento de residuos, y tenemos que utilizar las normas procedimentales para cumplirlas, pero al mismo tiempo dar satisfacción a la prestación de esos servicios”, concluyó.
Según ha agregado, precisamente para mejorar esas deficiencias en los sistemas de contratación, el propio Gobierno de Ignacio Diego encargó a la Intervención General una auditoría sobre la contratación de MARE correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014.
Javier Fernández, quien solicitó a través del Grupo Popular poder explicar en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento cántabro el contenido de la auditoría de MARE ante la “alarma social” que originó el contenido de la misma, ha explicado que en la legislatura 2011-2015 el gobierno del PP advirtió una serie de deficiencias en materia de contratación, resolvió las que pudo y solicitó una auditoría para mejorar aquellas otras cuestiones susceptibles de mejora.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de su comparecencia, Fernández ha precisado que, una vez publicada, tanto el anterior director general de MARE, como él mismo en su condición de anterior consejero delegado, hicieron una serie de alegaciones en las que pusieron de manifiesto su diferencia de criterio en algunas cuestiones con respecto a lo que decía la Intervención.
“Hay cuestiones en las que sí estamos de acuerdo, temas que hay que mejorar y para eso precisamente se hacen las auditorías, para ir mejorando los procedimientos de contratación. Cualquiera que vea la auditoría se da cuenta de que el 99 por ciento son cuestiones de carácter técnico y procedimental; pero luego hay cuestiones en las que discrepamos, sobre todo en algunos casos sobre cuáles son los procedimientos de adjudicación correctos y adecuados”, ha señalado Javier Fernández, cuya intervención se reduce prácticamente a un 5% de todas las cuestiones a las que hace alusión la auditoría, según ha dicho.
“Lo que pasa que nuestra perspectiva y la de la Intervención es distinta. Los gestores tenemos que garantizar la prestación de servicios tan importantes como la depuración de aguas o la recogida y tratamiento de residuos, y tenemos que utilizar las normas procedimentales para cumplirlas, pero al mismo tiempo dar satisfacción a la prestación de esos servicios”, concluyó.
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