Díaz Tezanos ha asegurado que la actual dirección de la empresa pública ha cumplido las 27 recomendaciones que la auditoría formuló y ha asegurado que el objetivo del actual Gobierno es "prestar servicios de calidad y mantener los empleos públicos. "Estos objetivos los podremos alcanzar controlando el gasto, respetando los cánones normativos en contratación y teniendo claro el respeto a lo público", ha afirmado.
Además, ha revelado que actualmente la situación económica de MARE ha permitido unos beneficios en 2016 de 3.313.411 euros, "fruto de una buena gestión" y sin incluir los derivados del convenio firmado con el Consorcio de Basuras de Guipuzcoa, que eleva los beneficios por encima de los nueve millones de euros.
Inexistencia de mesa de contratación, contratación por procedimiento de emergencia y adjudicación directa sin tener en cuenta el artículo 133 de la ley de Contratos del Sector Público, prórrogas y modificaciones de contratos sin autorización del órgano competente, falta de garantía del principio de publicidad en las formulaciones de contratos, fraccionamiento de contratos, adjudicación directa de contratos aunque fueran contratos mayores son algunas de las irregularidades que "verifican las auditorias y lo firma el Interventor General" y que en palabras de Díaz Tezanos "ponen seriamente en entredicho la forma en que se ha gestionado la contratación de esta empresa pública en el periodo analizado, dejan al descubierto deficiencias muy serias en los instrumentos de contratación y destapan malas prácticas en múltiples facetas del procedimiento y su posterior gestión".
Frente a esto, la vicepresidenta ha asegurado que actualmente MARE "ha materializado su compromiso con la más alta eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos" y ha explicado que ayer la empresa pública ha aprobado en su Consejo de Administración un nuevo procedimiento general de contratación, en el que se incorporan 23 de las 27 recomendaciones recogidas en la auditoría.
Entre ellas, Díaz Tezanos ha destacado la creación de una Mesa de Contratación, que la actual dirección de MARE puso en marcha en marzo de 2016, es decir, antes de conocerse las conclusiones de la auditoria, según ha precisado.
Además, ha explicado que las otras cuatro recomendaciones, que estaban fuera del alcance procedimental directo, ya han sido subsanadas mediante la corrección de apoderamiento eliminando el concepto "previamente presupuestado"; a través del desarrollo de una aplicación informática a medida para la gestión y control de los expedientes de contratación; mediante la creación de un repositorio único de archivo y localización de expedientes, y con el cumplimiento "escrupuloso", desde el 4º trimestre del 2015, de los requisitos normativos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
"Los contratos en MARE, como en toda empresa pública, no pueden derivar en incertidumbre, opacidad o fraccionamiento", ha afirmado Díaz Tezanos, quien ha asegurado que "los gestores en MARE durante los ejercicios 2013-2014, tal como ha demostrado la auditoria referida, fraccionaban contratos, no publicaban ofertas, y se decidía la adjudicación con opacidad: la apertura de ofertas no era publica".
Además, la consejera ha aclarado que su objetivo "no es seguir el camino de externalizaciones llevado a cabo en MARE". "Estoy convencida de que MARE es un instrumento magnífico para visualizar la eficiencia, la ética, la innovación y también el emprendimiento. Un magnifico instrumento para implantar ese mosaico de buenas prácticas de la economía y sus objetivos", ha afirmado.
Una auditoria oficial, objetiva y útil frente a la partidista e inútil de 2011
La vicepresidenta ha recordado que la auditoria que se ha analizado hoy, correspondiente a los años 2013 y 2014, es decir sobre la gestión del anterior Gobierno, fue elaborada de oficio por la Intervención General de la Comunidad Autónoma conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y otras actuaciones de control de 2015.
"Es un informe técnico en el que no ha intervenido orientación política alguna del Gobierno al que represento", ha precisado la consejera que ha recordado además que el Interventor que firma este documento fue nombrado por el anterior Ejecutivo y sigue en esa función actualmente.
Frente a esto, Díaz Tezanos ha recordado que el anterior Gobierno también realizó una auditoria a MARE, en septiembre de 2011, que encargó a una empresa de Madrid y que supuso un coste de más de 19.000 euros.
"Se han realizado dos auditorias, en tiempos distintos, de forma distinta y gestionadas también de manera muy diferente" ha afirmado la consejera que ha calificado la del anterior Gobierno como "una auditoria a la carta, partidista, inútil y una irregularidad más de los anteriores gestores de MARE", frente a la de 2015 que ha considerado "oficial, objetiva, y sobre todo útil". Díaz Tezanos ha asegurado que "lejos de cualquier atisbo de revanchismo, sobre lo que ya tuvimos bastante la pasada legislatura", "el único y firme compromiso del Gobierno ha sido tomar en consideración todas las recomendaciones de la auditoria". "El Ejecutivo no está para prejuzgar, juzgar o sentenciar a nadie", ha afirmado.
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