El Gobierno autonómico quiere que los ayuntamientos de Cantabria mantengan las actuales oficinas de Registro Civil y que los vecinos no tengan que desplazarse para tramitar de forma presencial registros de nacimientos, defunciones, matrimonios o adopciones.
Por eso, Cantabria ha presentado ante el Ministerio de Justicia varias alegaciones al proyecto de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, con el fin además de que Gobierno de España garantice los medios necesarios para poner en marcha la reforma pendiente.
Tras estudiar la propuesta entregada a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha señalado que Cantabria está de acuerdo en mantener el carácter público y gratuito del Registro Civil, "siempre gestionado en el entorno de la administración pública y dirigido por los letrados de la Administración de Justicia".
En líneas generales, De la Sierra también se ha mostrado a favor de la implantación del folio único personal, documento que contendrá, de forma unificada, toda la información de cada ciudadano.
Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha trasladado su desacuerdo con el modelo último planteado por el Ministerio y pide el mantenimiento de las funciones del Registro Civil en los ayuntamientos para la adecuada prestación de este servicio público al ciudadano.
En su escrito de alegaciones, ha defendido que el necesario avance tecnológico "no puede enfrentarse con la proximidad al ciudadano", por lo que solicita que el sistema garantice, a través de los ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de Registro Civil, que los vecinos y ciudadanos puedan seguir accediendo a los mismos para recibir asistencia personal en este ámbito.
De la Sierra ha insistido en que la introducción de trámites telemáticos en el Registro Civil "no debe implicar que se deje de asistir a la ciudadanía de forma presencial", ni que ésta tenga la obligación de trasladarse y realizar sus trámites en la Oficina General de Registro Civil, que "seguramente" se ubicará en la capital de Cantabria, en Santander.
"Con independencia a la implantación del nuevo sistema informático, cualquier modificación legal debe estar dirigida a favor de los ciudadanos y no en su perjuicio, como sucede en el caso de los vecinos de los ayuntamientos más alejados de Santander", ha remarcado. Por ello, ha reclamado al Ministerio que, al igual que en el proceso de modernización que vive actualmente la Administración de Justicia, el uso de medios informáticos y telemáticos en el ámbito de los trámites del Registro Civil sea una forma voluntaria para la actuación de las personas físicas.
Al mismo tiempo, Cantabria ha solicitado la apertura de un periodo transitorio, ante la falta actual del sistema informático necesario para implantar el sistema del folio único personal y que obliga a mantener, en la práctica, el régimen anterior de gestión de cuatro secciones.
"Parece más lógico y apropiado mantener el actual sistema hasta que realmente se cuente con el nuevo sistema informático. Cuando dicho sistema esté implantado y los funcionarios formados en su uso, será el momento adecuado en el que se pueda plantear realmente cambiar el modelo de Registro Civil", ha señalado el Gobierno.
Garantía de medios
La última de las alegaciones realizada por Cantabria tiene que ver con los medios personales y materiales para llevar adelante la reforma. El Gobierno autonómico ha puesto el acento en la necesidad de que el Ministerio "garantice el mantenimiento del personal necesario para la gestión" de los Registros Civiles, así como la previsión normativa para designar los Letrados de la Administración de Justicia que estimen necesarios para asegurar la estructura adecuada en relación a la población.
El Gobierno cántabro traslada la necesidad de invertir en la dotación de medios materiales para dichos registros civiles y, en particular, los costes que implique la implantación de una nueva herramienta informática, puesto que una vez instalada será previsto dar soporte técnico y formación.
Por eso, Cantabria ha presentado ante el Ministerio de Justicia varias alegaciones al proyecto de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, con el fin además de que Gobierno de España garantice los medios necesarios para poner en marcha la reforma pendiente.
Tras estudiar la propuesta entregada a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha señalado que Cantabria está de acuerdo en mantener el carácter público y gratuito del Registro Civil, "siempre gestionado en el entorno de la administración pública y dirigido por los letrados de la Administración de Justicia".
En líneas generales, De la Sierra también se ha mostrado a favor de la implantación del folio único personal, documento que contendrá, de forma unificada, toda la información de cada ciudadano.
Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha trasladado su desacuerdo con el modelo último planteado por el Ministerio y pide el mantenimiento de las funciones del Registro Civil en los ayuntamientos para la adecuada prestación de este servicio público al ciudadano.
En su escrito de alegaciones, ha defendido que el necesario avance tecnológico "no puede enfrentarse con la proximidad al ciudadano", por lo que solicita que el sistema garantice, a través de los ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de Registro Civil, que los vecinos y ciudadanos puedan seguir accediendo a los mismos para recibir asistencia personal en este ámbito.
De la Sierra ha insistido en que la introducción de trámites telemáticos en el Registro Civil "no debe implicar que se deje de asistir a la ciudadanía de forma presencial", ni que ésta tenga la obligación de trasladarse y realizar sus trámites en la Oficina General de Registro Civil, que "seguramente" se ubicará en la capital de Cantabria, en Santander.
"Con independencia a la implantación del nuevo sistema informático, cualquier modificación legal debe estar dirigida a favor de los ciudadanos y no en su perjuicio, como sucede en el caso de los vecinos de los ayuntamientos más alejados de Santander", ha remarcado. Por ello, ha reclamado al Ministerio que, al igual que en el proceso de modernización que vive actualmente la Administración de Justicia, el uso de medios informáticos y telemáticos en el ámbito de los trámites del Registro Civil sea una forma voluntaria para la actuación de las personas físicas.
Al mismo tiempo, Cantabria ha solicitado la apertura de un periodo transitorio, ante la falta actual del sistema informático necesario para implantar el sistema del folio único personal y que obliga a mantener, en la práctica, el régimen anterior de gestión de cuatro secciones.
"Parece más lógico y apropiado mantener el actual sistema hasta que realmente se cuente con el nuevo sistema informático. Cuando dicho sistema esté implantado y los funcionarios formados en su uso, será el momento adecuado en el que se pueda plantear realmente cambiar el modelo de Registro Civil", ha señalado el Gobierno.
Garantía de medios
La última de las alegaciones realizada por Cantabria tiene que ver con los medios personales y materiales para llevar adelante la reforma. El Gobierno autonómico ha puesto el acento en la necesidad de que el Ministerio "garantice el mantenimiento del personal necesario para la gestión" de los Registros Civiles, así como la previsión normativa para designar los Letrados de la Administración de Justicia que estimen necesarios para asegurar la estructura adecuada en relación a la población.
El Gobierno cántabro traslada la necesidad de invertir en la dotación de medios materiales para dichos registros civiles y, en particular, los costes que implique la implantación de una nueva herramienta informática, puesto que una vez instalada será previsto dar soporte técnico y formación.
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