Los concejales del grupo político municipal de Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), Iván Martínez y Alejandro Pérez, han mantenido una reunión con el Director General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Raúl Pelayo, en relación con las filtraciones del Barrio de La Turbera.
En este sentido. el Gobierno de Cantabria ha anunciado que en 15 días dará una respuesta definitiva sobre las filtraciones en el Barrio de La Turbera y además se han mostrado abiertos a estudiar el tema y a afrontar la cofinanciación con el Ayuntamiento de Torrelavega.
La visita realizada por ACPT a la Dirección General de Industria se ha producido ante la parálisis del equipo de Gobierno para buscar esta cofinanciación.
"Ante esta situación nos planteamos que nuestro papel no podía ser únicamente de denunciantes, y decidimos actuar y tomar la iniciativa, ante la incapacidad y las mentiras del Equipo de Gobierno, solicitando reunión con carácter de urgencia con el Director General el pasado martes, hace dos días, consiguiendo la misma en menos de 48 horas. El mismo Director General, es quien nos ha confirmado que somos los primeros por parte del Ayuntamiento de Torrelavega en acudir allí con este problema", señala ACPT.
ACPT ha exigido al Equipo de Gobierno, una vez más, que "deje de perder el tiempo y
mentir a los vecinos de Torrelavega, y durante estos 15 días, trabajen
para que ese estudio definitivo sea una realidad, facilitando y
presionando para que se produzca ese acuerdo, y de una vez por todas,
los vecinos de La Turbera puedan ver la luz al final del túnel".
Ha recordado que existe desde hace dos meses de un pre-estudio independiente realizado por la empresa zaragozana Eshyg, S.L. que indica la necesidad de realizar un estudio de campo, geológico –
hidrogeológico de detalle de la zona, con la ejecución de 4 sondeos por
un importe de 40.000 euros.
Y que con este estudio, se determinaría definitivamente, y de una vez por todas, el
origen del agua en el Bº de La Turbera, y por lo tanto, el responsable
final de esas filtraciones y de afrontar su solución.
Sin embargo, ha recordado que la intervención municipal valora negativamente el gasto por estar
fuera de las competencias municipales y que esos mismos técnicos indican que debería ser un gasto cofinanciado por ambas
administraciones, lo que además, generaría un informe único aceptado por
todas las partes.
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