CCOO y UGT han dicho basta y se movilizarán tras casi un año de reuniones y ante la pasividad de la patronal en la negociación del VIII Convenio Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. La concentración será el próximo miércoles, 30 de octubre, a las 11.00 horas, frente a la sede de la CEOE en la calle 3 de noviembre de Santander.
UGT y CCOO han criticado la callada por respuesta que ha dado la patronal ante la última propuesta presentada por unanimidad de la parte social y que recogía una subida salarial de un mínimo de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para 2021. Una propuesta que, además, ya había sido consensuada en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020.
Para ambos sindicatos es demencial la falta de respeto total hacia los y las trabajadoras que ha demostrado la patronal durante el último año, al ralentizar deliberadamente la negociación con excusas, rechazando las propuestas y sin proponer ninguna.
CCOO y UGT han condenado la pasividad de la patronal y la ha instado a que reconsidere su actitud aceptando la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que se encarga del cuidado de las personas dependientes. Un personal que trabaja en un sector mayoritariamente femenino con unas condiciones de trabajo miserables, una elevada tasa de enfermedades musculo-esqueléticas y nerviosas, un alto índice de automedicación y unos salarios ínfimos.
Para UGT y CCOO, la representación empresarial ha dado muestras de una miopía intolerable porque se trata de un sector donde, cada vez más, existen más dificultades para contratar a profesionales. La firma del convenio, con la complicidad de todas las partes podría significar la reversión de la actual situación, evitando que empresas tiren a la baja los conciertos que liciten las distintas Administraciones Públicas, ya que sería una herramienta para garantizar que se cumpla el convenio y así garantizar unas mínimas condiciones laborales y retributivas.
Igualmente sería una herramienta para exigir a las distintas Administraciones que cumplan con lo recogido en Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, garantizando la financiación comprometida que actualmente no cumplen.
UGT y CCOO han criticado la callada por respuesta que ha dado la patronal ante la última propuesta presentada por unanimidad de la parte social y que recogía una subida salarial de un mínimo de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para 2021. Una propuesta que, además, ya había sido consensuada en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020.
Para ambos sindicatos es demencial la falta de respeto total hacia los y las trabajadoras que ha demostrado la patronal durante el último año, al ralentizar deliberadamente la negociación con excusas, rechazando las propuestas y sin proponer ninguna.
CCOO y UGT han condenado la pasividad de la patronal y la ha instado a que reconsidere su actitud aceptando la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que se encarga del cuidado de las personas dependientes. Un personal que trabaja en un sector mayoritariamente femenino con unas condiciones de trabajo miserables, una elevada tasa de enfermedades musculo-esqueléticas y nerviosas, un alto índice de automedicación y unos salarios ínfimos.
Para UGT y CCOO, la representación empresarial ha dado muestras de una miopía intolerable porque se trata de un sector donde, cada vez más, existen más dificultades para contratar a profesionales. La firma del convenio, con la complicidad de todas las partes podría significar la reversión de la actual situación, evitando que empresas tiren a la baja los conciertos que liciten las distintas Administraciones Públicas, ya que sería una herramienta para garantizar que se cumpla el convenio y así garantizar unas mínimas condiciones laborales y retributivas.
Igualmente sería una herramienta para exigir a las distintas Administraciones que cumplan con lo recogido en Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, garantizando la financiación comprometida que actualmente no cumplen.
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