Las Mesas de Movilidad de Cantabria son plataformas para la participación y el debate ciudadano en materia de movilidad sostenible, con un carácter informativo y consultivo. Por ello, han presentado una serie de alegaciones destinadas a enriquecer el borrador, principalmente en medidas relativas al sector difuso del transporte, el sector que más contribuye desde hace décadas a los efectos sobre el cambio climático.
A su juicio, se trata de un sector que siempre ha funcionado de forma sincopada con el crecimiento económico por lo que la tarea de desacoplar crecimiento y emisiones es fundamental para cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el horizonte cercano de 2020 y avanzar en el cumplimiento del objetivo para 2030 de reducción del 26% de las emisiones difusas de GEI respecto a los niveles de 2005, en línea con los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
A las mesas de movilidad no les parece acertado que la Estrategia de Acción eluda compromisos mediante objetivos cuantificables y evite plantear objetivos específicos para Cantabria. La manera de afrontar el reto del Cambio Climático no ha sido uniforme en la UE y no es difícil encontrar ciudades y regiones que si han adoptado medidas con indicadores cuantificables que, independientemente de los planteado por sus respectivos países comprometen a su ámbito territorial y permiten evaluar las medidas implementadas, que en el ámbito del transporte y la movilidad son fácilmente medibles.
Considerando la dejación de funciones del Gobierno de España en materia de ahorro de emisiones, transición energética, etc. desde la Mesa de Movilidad del Besaya proponen que se estudie la determinación de las competencias a reclamar al Estado que permitieran a Cantabria tomar medidas para frenar el Cambio Climático.
Entre otras medidas, proponen la realización de auditorías energéticas en los centros de transporte, actuaciones que faciliten la movilidad sostenible en la administración, habilitando plazas preferentes para Vehículos de Alta Ocupación o subvencionar el transporte público a sus empleados.
Por otro lado, piden la asignación de más recursos para fomentar el transporte público, la intermodalidad y la movilidad ciclista que desbloqueen actuaciones como el desarrollo de la red prioritaria del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria.
Con respecto al transporte público, incorporan a la petición, ya conocida de un Consorcio Autonómico de Transportes que reordene la red de transportes colectivos de nuestra Comunidad e incluya la unificación de las tarifas y la introducción de bonos sociales dirigidos a estudiantes y parados.
Asimismo, trasladan al Gobierno la necesidad de introducir criterios de sostenibilidad dentro del planeamiento territorial y urbanístico, que faciliten la eficiencia energética en nuevos edificios y que promuevan la ocupación eficiente del suelo (como la introducción de una moratoria al desarrollo de cualquier proyecto de ampliación de la infraestructura en vías de alta capacidad sin mejorar antes los servicios de transporte público)
Finalmente, han planteado que se abran líneas de colaboración con los Municipios en asuntos como la formación de sus técnicos en materia de cambio climático y movilidad sostenible, el fomento de la participación vecinal a través de la creación de mesas de sostenibilidad, la convocatoria de premios que impulsen la realización de proyectos que mitiguen el cambio climático o la realización de una programación que incluya talleres y sesiones informativas para concienciar a la población.
A las mesas de movilidad no les parece acertado que la Estrategia de Acción eluda compromisos mediante objetivos cuantificables y evite plantear objetivos específicos para Cantabria. La manera de afrontar el reto del Cambio Climático no ha sido uniforme en la UE y no es difícil encontrar ciudades y regiones que si han adoptado medidas con indicadores cuantificables que, independientemente de los planteado por sus respectivos países comprometen a su ámbito territorial y permiten evaluar las medidas implementadas, que en el ámbito del transporte y la movilidad son fácilmente medibles.
Considerando la dejación de funciones del Gobierno de España en materia de ahorro de emisiones, transición energética, etc. desde la Mesa de Movilidad del Besaya proponen que se estudie la determinación de las competencias a reclamar al Estado que permitieran a Cantabria tomar medidas para frenar el Cambio Climático.
Entre otras medidas, proponen la realización de auditorías energéticas en los centros de transporte, actuaciones que faciliten la movilidad sostenible en la administración, habilitando plazas preferentes para Vehículos de Alta Ocupación o subvencionar el transporte público a sus empleados.
Por otro lado, piden la asignación de más recursos para fomentar el transporte público, la intermodalidad y la movilidad ciclista que desbloqueen actuaciones como el desarrollo de la red prioritaria del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria.
Con respecto al transporte público, incorporan a la petición, ya conocida de un Consorcio Autonómico de Transportes que reordene la red de transportes colectivos de nuestra Comunidad e incluya la unificación de las tarifas y la introducción de bonos sociales dirigidos a estudiantes y parados.
Asimismo, trasladan al Gobierno la necesidad de introducir criterios de sostenibilidad dentro del planeamiento territorial y urbanístico, que faciliten la eficiencia energética en nuevos edificios y que promuevan la ocupación eficiente del suelo (como la introducción de una moratoria al desarrollo de cualquier proyecto de ampliación de la infraestructura en vías de alta capacidad sin mejorar antes los servicios de transporte público)
Finalmente, han planteado que se abran líneas de colaboración con los Municipios en asuntos como la formación de sus técnicos en materia de cambio climático y movilidad sostenible, el fomento de la participación vecinal a través de la creación de mesas de sostenibilidad, la convocatoria de premios que impulsen la realización de proyectos que mitiguen el cambio climático o la realización de una programación que incluya talleres y sesiones informativas para concienciar a la población.
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