El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha anunciado que el Gobierno autonómico prevé tener listo el proyecto de Ley de Transparencia para Cantabria este mismo año para que pueda ser debatido en el próximo periodo de sesiones en el Parlamento.
De la Sierra ha dado cuenta hoy de las alegaciones presentadas por las instituciones públicas, entidades y ciudadanía en general durante el mes que el borrador del anteproyecto ha estado en exposición pública, tras lo cual comenzará la tramitación administrativa de la ley.
A este documento se han presentado 16 alegaciones, seis de ellas impulsadas por instituciones y organizaciones públicas como la Universidad de Cantabria, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), el sindicato UGT, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y la Federación Española de Entidades Locales Menores.
El resto se han propuesto por parte de ciudadanos, empleados públicos y otros colectivos, a todos los cuales el consejero ha agradecido su participación en la elaboración de la norma, algo que "es muy importante" para hacer un texto "lo más afinado y con el mayor consenso posible".
Y es que, como ha advertido De la Sierra, nos encontramos ante un "cambio sustancial", que implica modificaciones en la organización y tecnología de la administración, en el ámbito del personal y adaptarse a otros derechos constitucionales como es la protección de datos personales.
"Por eso es tan importante hacerlo bien y por consenso", y ha resaltado la importancia del "sentido común" para una mejor aplicación de la ley "y no dejarnos llevar por el instinto".
Sugerencias y aportaciones
Las alegaciones presentadas a la ley están relacionadas con el sentido positivo o negativo del silencio administrativo ante la petición de una determinada información, la inclusión de los informes ambientales y de la intervención y otros datos relativos a la habilitación y los contratos menores de la Administración.
Otras se refieren a la mejora de la visibilidad del Portal de Transparencia, el progreso de los procedimientos internos para facilitar más medios a los empleados públicos y dotar de más formación a los agentes implicados en su aplicación. Respecto a las entidades locales menores hay alegaciones contrapuestas, en el sentido de incluirlas o dejarlas al margen de la ley.
Aunque en la redacción del primer borrador "se ha trabajado bien" y se ha tenido en cuenta la ley nacional, otras leyes autonómicas e informes de referencia, el consejero ha adelantado que se incorporarán la mayoría de las alegaciones presentadas. En otros casos, se estudiarán las recomendaciones de organismos como las expuestas ya por Agencia de Protección de Datos o las cláusulas de confidencialidad "que se deben de respetar".
Un objetivo de Gobierno
Por último, el consejero de Presidencia ha reiterado que la transparencia es un "objetivo de Gobierno", porque, según ha dicho, "es una obligación pero también es una vocación". "Estamos convencidos de que conocer lo que hace el gobierno, respetando otros derechos, nada más que puede suponer que se gobierne mejor", ha señalado.
Por su parte, el director general de Servicios Generales y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, ha insistido en la importancia de impulsar mecanismos de participación en la norma sobre transparencia porque, a su juicio, se trata de una materia "para construir entre todos".
De la Sierra ha dado cuenta hoy de las alegaciones presentadas por las instituciones públicas, entidades y ciudadanía en general durante el mes que el borrador del anteproyecto ha estado en exposición pública, tras lo cual comenzará la tramitación administrativa de la ley.
A este documento se han presentado 16 alegaciones, seis de ellas impulsadas por instituciones y organizaciones públicas como la Universidad de Cantabria, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), el sindicato UGT, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y la Federación Española de Entidades Locales Menores.
El resto se han propuesto por parte de ciudadanos, empleados públicos y otros colectivos, a todos los cuales el consejero ha agradecido su participación en la elaboración de la norma, algo que "es muy importante" para hacer un texto "lo más afinado y con el mayor consenso posible".
Y es que, como ha advertido De la Sierra, nos encontramos ante un "cambio sustancial", que implica modificaciones en la organización y tecnología de la administración, en el ámbito del personal y adaptarse a otros derechos constitucionales como es la protección de datos personales.
"Por eso es tan importante hacerlo bien y por consenso", y ha resaltado la importancia del "sentido común" para una mejor aplicación de la ley "y no dejarnos llevar por el instinto".
Sugerencias y aportaciones
Las alegaciones presentadas a la ley están relacionadas con el sentido positivo o negativo del silencio administrativo ante la petición de una determinada información, la inclusión de los informes ambientales y de la intervención y otros datos relativos a la habilitación y los contratos menores de la Administración.
Otras se refieren a la mejora de la visibilidad del Portal de Transparencia, el progreso de los procedimientos internos para facilitar más medios a los empleados públicos y dotar de más formación a los agentes implicados en su aplicación. Respecto a las entidades locales menores hay alegaciones contrapuestas, en el sentido de incluirlas o dejarlas al margen de la ley.
Aunque en la redacción del primer borrador "se ha trabajado bien" y se ha tenido en cuenta la ley nacional, otras leyes autonómicas e informes de referencia, el consejero ha adelantado que se incorporarán la mayoría de las alegaciones presentadas. En otros casos, se estudiarán las recomendaciones de organismos como las expuestas ya por Agencia de Protección de Datos o las cláusulas de confidencialidad "que se deben de respetar".
Un objetivo de Gobierno
Por último, el consejero de Presidencia ha reiterado que la transparencia es un "objetivo de Gobierno", porque, según ha dicho, "es una obligación pero también es una vocación". "Estamos convencidos de que conocer lo que hace el gobierno, respetando otros derechos, nada más que puede suponer que se gobierne mejor", ha señalado.
Por su parte, el director general de Servicios Generales y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, ha insistido en la importancia de impulsar mecanismos de participación en la norma sobre transparencia porque, a su juicio, se trata de una materia "para construir entre todos".
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