Como todos los jueves, más de 70 trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria, destinados en Santander, se han concentrado nuevamente esta mañana en el complejo judicial de Las Salesas para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO, UGT, STAJ y CSIF.
Al igual que en otras ocasiones, la concentración se realiza contra el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia y obligando a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos.
Según el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, “es injusto” que por un “capricho” del ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar dos veces por un servicio que ya han pagado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad.
Bats ha explicado que no se explica “por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, actuaciones que actualmente se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales”.
“El Ministerio de Justicia sigue empecinado en la privatización de los registros civiles y ahora negocia con los registradores mercantiles lo que abunda en la idea de que Gallardón considera a los ciudadanos un objeto más de comercio”, ha criticado Bats.
Al igual que en otras ocasiones, la concentración se realiza contra el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia y obligando a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos.
Según el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, “es injusto” que por un “capricho” del ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar dos veces por un servicio que ya han pagado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad.
Bats ha explicado que no se explica “por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, actuaciones que actualmente se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales”.
“El Ministerio de Justicia sigue empecinado en la privatización de los registros civiles y ahora negocia con los registradores mercantiles lo que abunda en la idea de que Gallardón considera a los ciudadanos un objeto más de comercio”, ha criticado Bats.

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