CCOO ha pedido al Gobierno de Cantabria que proteja activamente, en forma de inversiones y respaldo público, al sector transformador de la anchoa para que mejore la calidad de nuestros productos, favorezca la competitividad y el empleo y apoye a la industria alimentaria de la región, el segundo sector más importante que mueve en estos momentos la economía cántabra.
Así lo han expresado esta mañana en rueda de prensa el secretario general de CCOO de Cantabria, Carlos Sánchez y los responsables estatal y regional de las federaciones Agroalimentarias, Jesús Villar, y Jesús Gallo, que han exigido al Ejecutivo regional que regule la indicación geográfica protegida de la anchoa, IGP ya que aquí se fabrica el 80% de la producción mundial.
Sánchez ha calificado a la anchoa como “un diamante al que no lo explotamos toda su productividad por lo que estamos perdiendo grandes oportunidades en un sector que es clave en el desarrollo económico y en una actividad que fija territorio y población en las costas orientales de la región”.
El secretario general de CCOO de Cantabria comparte con el Presidente del Gobierno sus palabras para defender los productos de aquí pero lamenta que el Ejecutivo no haga nada, ni fomente ninguna acción, para hacer efectivo el apoyo que tanto proclama. “A Ignacio Diego se le llena la boca de buenas palabras pero eso que dice nunca se ve refrendado con hechos” ha sentenciado Sánchez.
Villar comparte las palabras del secretario general y añade que “Cantabria ya no puede esperar más tiempo ni puede salir del paso estableciendo una segunda categoría de calidad”. Para el secretario de la federación estatal de Agroalimentaria de CCOO “el Gobierno y la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) tienen que promover esta protección de la anchoa de forma urgente, debe tratarse como una cuestión de Estado porque la anchoa es al sector alimentario como Altamira al arte” y añade que “es tan importante esta indicación geográfica protegida que ningún grupo político debe utilizarla para sus propios fines”.
Villar ha recordado que ya en 2001 se intentó llevar a cabo una IGP para impulsar la protección de la anchoa porque es la señera más importante de la región pero se boicoteó la idea y se truncó el proyecto. Explica que en el siglo XIX Cantabria comenzó a explotar este producto y es ahora cuando la Comunidad tiene que liderar la protección de la transformación de la anchoa en todo el Cantábrico.
También ha resaltado Villar que es sorprendente que en otros países europeos como Italia o Francia ya tengan una IGP de la anchoa mientras que en España tengamos que “pasar la vergüenza” de ver como sólo fomentan la protección del producto las cofradías, algunas empresas y los propios trabajadores sin la ayuda del Gobierno Regional.
Sobre este asunto ha explicado que en otras comunidades, como Galicia, el sector ha contado con el apoyo de la Xunta para impulsar la protección de productos como el mejillón y que en Andalucía, han hecho un gran esfuerzo por proteger la caballa, una medida que ha supuesto un aumento de la facturación.
Valor añadido
Gallo ha realizado una radiografía del sector transformador alertando que en diez años se han perdido muchos puestos de trabajo, aunque dice que “no han repercutido en las listas del paro ya que estos trabajadores tienen un contrato fijo discontinuo por lo que sólo pueden trabajar cuando hay actividad, eso quiere decir que puede que haya años en los que trabajen 9 meses y otros sólo 2”.
Señala que la veda del bocarte en el Cantábrico que se desarrolló desde 2005 hasta 2009 generó un “efecto perverso en el sector porque los empresarios se acostumbraron a comprar más barato en otros países como China o Marruecos e importar el producto semielaborado”.
Ante esta situación, el secretario general de la federación de Agroalimentaria de CCOO Cantabria exige “tomar medidas para regular la calidad del producto que se fabrica para darle valor añadido y pide a la Consejería que no invente excusas para no financiar la indicación geográfica protegida de la anchoa”.
Así lo han expresado esta mañana en rueda de prensa el secretario general de CCOO de Cantabria, Carlos Sánchez y los responsables estatal y regional de las federaciones Agroalimentarias, Jesús Villar, y Jesús Gallo, que han exigido al Ejecutivo regional que regule la indicación geográfica protegida de la anchoa, IGP ya que aquí se fabrica el 80% de la producción mundial.
Sánchez ha calificado a la anchoa como “un diamante al que no lo explotamos toda su productividad por lo que estamos perdiendo grandes oportunidades en un sector que es clave en el desarrollo económico y en una actividad que fija territorio y población en las costas orientales de la región”.
El secretario general de CCOO de Cantabria comparte con el Presidente del Gobierno sus palabras para defender los productos de aquí pero lamenta que el Ejecutivo no haga nada, ni fomente ninguna acción, para hacer efectivo el apoyo que tanto proclama. “A Ignacio Diego se le llena la boca de buenas palabras pero eso que dice nunca se ve refrendado con hechos” ha sentenciado Sánchez.
Villar comparte las palabras del secretario general y añade que “Cantabria ya no puede esperar más tiempo ni puede salir del paso estableciendo una segunda categoría de calidad”. Para el secretario de la federación estatal de Agroalimentaria de CCOO “el Gobierno y la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) tienen que promover esta protección de la anchoa de forma urgente, debe tratarse como una cuestión de Estado porque la anchoa es al sector alimentario como Altamira al arte” y añade que “es tan importante esta indicación geográfica protegida que ningún grupo político debe utilizarla para sus propios fines”.
Villar ha recordado que ya en 2001 se intentó llevar a cabo una IGP para impulsar la protección de la anchoa porque es la señera más importante de la región pero se boicoteó la idea y se truncó el proyecto. Explica que en el siglo XIX Cantabria comenzó a explotar este producto y es ahora cuando la Comunidad tiene que liderar la protección de la transformación de la anchoa en todo el Cantábrico.
También ha resaltado Villar que es sorprendente que en otros países europeos como Italia o Francia ya tengan una IGP de la anchoa mientras que en España tengamos que “pasar la vergüenza” de ver como sólo fomentan la protección del producto las cofradías, algunas empresas y los propios trabajadores sin la ayuda del Gobierno Regional.
Sobre este asunto ha explicado que en otras comunidades, como Galicia, el sector ha contado con el apoyo de la Xunta para impulsar la protección de productos como el mejillón y que en Andalucía, han hecho un gran esfuerzo por proteger la caballa, una medida que ha supuesto un aumento de la facturación.
Valor añadido
Gallo ha realizado una radiografía del sector transformador alertando que en diez años se han perdido muchos puestos de trabajo, aunque dice que “no han repercutido en las listas del paro ya que estos trabajadores tienen un contrato fijo discontinuo por lo que sólo pueden trabajar cuando hay actividad, eso quiere decir que puede que haya años en los que trabajen 9 meses y otros sólo 2”.
Señala que la veda del bocarte en el Cantábrico que se desarrolló desde 2005 hasta 2009 generó un “efecto perverso en el sector porque los empresarios se acostumbraron a comprar más barato en otros países como China o Marruecos e importar el producto semielaborado”.
Ante esta situación, el secretario general de la federación de Agroalimentaria de CCOO Cantabria exige “tomar medidas para regular la calidad del producto que se fabrica para darle valor añadido y pide a la Consejería que no invente excusas para no financiar la indicación geográfica protegida de la anchoa”.
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