CEOE-CEPYME firma con Gobierno y Sindicatos un acuerdo inicial que no agota todas iniciativas necesarias para la recuperación y que recoge 90 millones de euros en medidas sanitarias, sociales y de fomento del empleo.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Carlos Sánchez y Mariano Carmona, respectivamente, han firmado el documento en el transcurso de una reunión en la que también han estado presentes, en representación del Ejecutivo cántabro, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez; de Economía, María Sánchez, y de Industria, Francisco Martín.
El acuerdo contempla dos fases de ejecución. En la primera de ellas se crea el Fondo Sanitario COVID-19, dotado con casi 50 millones de euros, y se pondrán en marcha medidas para garantizar la renta de personas y hogares y una serie de actuaciones de reactivación y mantenimiento de la actividad económica en la Comunidad Autónoma. La segunda fase consistirá en un plan de reconstrucción con medidas encaminadas a impulsar la actividad en los diferentes sectores sociales de la región, tales como el empleo y las políticas activas, la industria, el comercio, el turismo, el sector primario y la cultura, así como en la educación universitaria, la investigación, las políticas de mujer, la brecha digital entre los distintos territorios y la inversión pública.
Dentro del paquete de medidas para la reactivación y mantenimiento de la actividad económica, el plan recoge la creación de un fondo de apoyo municipal, con una dotación inicial de 8 millones de euros extraídos, principalmente, del Fondo de Cooperación Municipal y que se destinarán a cubrir los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria, a la prestación de servicios básicos dirigidos a la población y, en último término, a obras y actuaciones de carácter local o comarcal. Asimismo, se destina 1 millón para incentivar la contratación en las empresas, con el requisito de que hasta el 31 de diciembre de 2020 no hayan reducido sus plantillas y realicen nuevos contratos de trabajo de al menos un año de duración.
El documento recoge, además, el denominado 'Cheque de Resistencia', destinado a los autónomos y micropymes que tuvieron que cerrar por el Real Decreto de 14 de marzo, con una consignación inicial de 10 millones de euros, y el 'Cheque de Autónomos', que desarrollará SODERCAN y está dotado con otros 9 millones para subvencionar el equivalente a una cuota mensual de autónomos unipersonales (283,31 euros).
También está contemplado el aplazamiento de los pagos por alquiler o compra en la empresa pública SICAN y la exoneración del pago por aparcamiento a transportistas en CITRASA.
Para asegurar el sistema público de transporte por carretera, el Gobierno subvencionará íntegramente el coste de la adaptación de los vehículos para reducir el riesgo de contagios tanto en autobús como en el taxi.
Para el sector primario, el acuerdo contempla la implementación urgente de ayudas por valor en conjunto de 1,1 millones de euros, destinados al sector pesquero, a los subsectores del ovino, caprino y de carne de vacuno, y para apoyar a los productos y alimentos de Cantabria. Se prevén campañas de promoción para incentivar la compra de alimentos de Cantabria en colaboración con supermercados y grandes superficies y su incorporación en los menús de los centros públicos, así como el fomento de la compra por parte de las administraciones públicas para su donación a entidades de colaboración social.
Al margen de la dotación económica total del acuerdo, hay otra batería de medidas relativas a la ampliación de plazos y fraccionamiento del pago de los impuestos autonómicos, con un impacto calculado de 28 millones de euros para las arcas autonómicas, más otros 12 millones correspondientes al canon de agua residual.
Por otro lado, se ha diseñado una serie de medidas urgentes para fomentar la actividad económica, entre las que se incluye una línea de avales de 20 millones de euros destinados a las PYMES y autónomos, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca (SOGARCA), para que puedan hacer frente al pago de salarios, proveedores y gastos corrientes, así como apoyar la financiación mediante líneas de avales del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), con una ampliación de la garantía de la línea ICO en un 10%.
Además, se van a agilizar los pagos del Gobierno de Cantabria, tanto a personas físicas como jurídicas, y la Administración mantendrá las tramitaciones, firma de contratos, celebración de mesas de contratación etc., para garantizar el normal funcionamiento de las actividades empresariales y como garantía del más amplio escudo social y económico puesto frente al COVID-19.
Los participantes en la Mesa del Diálogo Social se han comprometido a trabajar de forma conjunta en una segunda fase de reconstrucción que contempla la incorporación de las diferentes asociaciones sectoriales de empresarios, con el objetivo de seguir llegando a acuerdos en los diferentes sectores productivos y empresariales que permitan dinamizar la economía de la región.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Carlos Sánchez y Mariano Carmona, respectivamente, han firmado el documento en el transcurso de una reunión en la que también han estado presentes, en representación del Ejecutivo cántabro, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez; de Economía, María Sánchez, y de Industria, Francisco Martín.
El acuerdo contempla dos fases de ejecución. En la primera de ellas se crea el Fondo Sanitario COVID-19, dotado con casi 50 millones de euros, y se pondrán en marcha medidas para garantizar la renta de personas y hogares y una serie de actuaciones de reactivación y mantenimiento de la actividad económica en la Comunidad Autónoma. La segunda fase consistirá en un plan de reconstrucción con medidas encaminadas a impulsar la actividad en los diferentes sectores sociales de la región, tales como el empleo y las políticas activas, la industria, el comercio, el turismo, el sector primario y la cultura, así como en la educación universitaria, la investigación, las políticas de mujer, la brecha digital entre los distintos territorios y la inversión pública.
Dentro del paquete de medidas para la reactivación y mantenimiento de la actividad económica, el plan recoge la creación de un fondo de apoyo municipal, con una dotación inicial de 8 millones de euros extraídos, principalmente, del Fondo de Cooperación Municipal y que se destinarán a cubrir los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria, a la prestación de servicios básicos dirigidos a la población y, en último término, a obras y actuaciones de carácter local o comarcal. Asimismo, se destina 1 millón para incentivar la contratación en las empresas, con el requisito de que hasta el 31 de diciembre de 2020 no hayan reducido sus plantillas y realicen nuevos contratos de trabajo de al menos un año de duración.
El documento recoge, además, el denominado 'Cheque de Resistencia', destinado a los autónomos y micropymes que tuvieron que cerrar por el Real Decreto de 14 de marzo, con una consignación inicial de 10 millones de euros, y el 'Cheque de Autónomos', que desarrollará SODERCAN y está dotado con otros 9 millones para subvencionar el equivalente a una cuota mensual de autónomos unipersonales (283,31 euros).
También está contemplado el aplazamiento de los pagos por alquiler o compra en la empresa pública SICAN y la exoneración del pago por aparcamiento a transportistas en CITRASA.
Para asegurar el sistema público de transporte por carretera, el Gobierno subvencionará íntegramente el coste de la adaptación de los vehículos para reducir el riesgo de contagios tanto en autobús como en el taxi.
Para el sector primario, el acuerdo contempla la implementación urgente de ayudas por valor en conjunto de 1,1 millones de euros, destinados al sector pesquero, a los subsectores del ovino, caprino y de carne de vacuno, y para apoyar a los productos y alimentos de Cantabria. Se prevén campañas de promoción para incentivar la compra de alimentos de Cantabria en colaboración con supermercados y grandes superficies y su incorporación en los menús de los centros públicos, así como el fomento de la compra por parte de las administraciones públicas para su donación a entidades de colaboración social.
Al margen de la dotación económica total del acuerdo, hay otra batería de medidas relativas a la ampliación de plazos y fraccionamiento del pago de los impuestos autonómicos, con un impacto calculado de 28 millones de euros para las arcas autonómicas, más otros 12 millones correspondientes al canon de agua residual.
Por otro lado, se ha diseñado una serie de medidas urgentes para fomentar la actividad económica, entre las que se incluye una línea de avales de 20 millones de euros destinados a las PYMES y autónomos, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca (SOGARCA), para que puedan hacer frente al pago de salarios, proveedores y gastos corrientes, así como apoyar la financiación mediante líneas de avales del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), con una ampliación de la garantía de la línea ICO en un 10%.
Además, se van a agilizar los pagos del Gobierno de Cantabria, tanto a personas físicas como jurídicas, y la Administración mantendrá las tramitaciones, firma de contratos, celebración de mesas de contratación etc., para garantizar el normal funcionamiento de las actividades empresariales y como garantía del más amplio escudo social y económico puesto frente al COVID-19.
Los participantes en la Mesa del Diálogo Social se han comprometido a trabajar de forma conjunta en una segunda fase de reconstrucción que contempla la incorporación de las diferentes asociaciones sectoriales de empresarios, con el objetivo de seguir llegando a acuerdos en los diferentes sectores productivos y empresariales que permitan dinamizar la economía de la región.
No hay comentarios:
Publicar un comentario