El Gobierno de Cantabria pedirá al Ministerio de Justicia capacidad para que la región pueda adaptar los criterios establecidos en el plan de desescalada judicial a las particularidades de su organización territorial y ganar en "eficacia y eficiencia" en el proceso de implantación.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, lo ha anunciado hoy tras mantener el último de los encuentros previstos para abordar la implantación de este plan de choque en la Administración judicial con los representantes de los sindicatos más representativos en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.
A ellos les ha detallado la propuesta que hará Cantabria al Ministerio, una vez que este ha fijado los criterios para todo el ámbito nacional en un real decreto, que ha entrado en vigor hoy, para hacer frente al coronavirus en el servicio público y responder incremento de asuntos judiciales. Este proceso incluye, entre otras cuestiones, turnos de trabajo, habilitar gran parte de agosto, ampliar los plazos procesales y limitar los accesos a los juzgados.
A juicio de la consejera, la nueva organización judicial planteada por el Ministerio debe adaptarse a las "particularidades" de nuestra organización territorial, distribución de los juzgados y de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Por eso, ha defendido mayor capacidad para las autonomías con competencias en la materia para "definir las tareas organizativas y los supuestos pendientes para una mejor planificación de los medios necesarios y favorecer a corto plazo el funcionamiento del sistema judicial".
Una nueva organización en la que, según ha señalado Fernández Viaña, tendrán "voz" los colectivos implicados jueces, fiscales, letrados, abogados, procuradores y empleados públicos-, principal objetivo de las reuniones que ha convocado esta semana la Consejería de Justicia.
En concreto, ha explicado que, en la reunión de hoy, el Gobierno ha pedido a las organizaciones sindicales que presenten sus sugerencias en el proceso de implantación del plan regional de desescalada en el ámbito judicial, un proceso que se ejecutará "de la mano" de los agentes implicados.
Ha destacado que el Gobierno y los representantes sindicales comparten "las mismas preocupaciones" en este proceso de incorporación de efectivos para normalizar la actividad judicial, que es garantizar la seguridad y la salud de empleados y usuarios, la dotación de material de protección necesario para los funcionarios e incrementar el sistema de teletrabajo.
Asimismo, ha recordado que el plan incluye profundos cambios organizativos en las sedes judiciales y la incorporación de nuevos modos de gestión y organización, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.
Por último, la consejera ha informado que la web de la Dirección General de Justicia cuenta con una guía de teléfonos y direcciones de correos electrónicos de todos los órganos judiciales para priorizar la asistencia a distancia, en cumplimiento de las directrices fijadas por el real decreto del Estado.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, lo ha anunciado hoy tras mantener el último de los encuentros previstos para abordar la implantación de este plan de choque en la Administración judicial con los representantes de los sindicatos más representativos en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.
A ellos les ha detallado la propuesta que hará Cantabria al Ministerio, una vez que este ha fijado los criterios para todo el ámbito nacional en un real decreto, que ha entrado en vigor hoy, para hacer frente al coronavirus en el servicio público y responder incremento de asuntos judiciales. Este proceso incluye, entre otras cuestiones, turnos de trabajo, habilitar gran parte de agosto, ampliar los plazos procesales y limitar los accesos a los juzgados.
A juicio de la consejera, la nueva organización judicial planteada por el Ministerio debe adaptarse a las "particularidades" de nuestra organización territorial, distribución de los juzgados y de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Por eso, ha defendido mayor capacidad para las autonomías con competencias en la materia para "definir las tareas organizativas y los supuestos pendientes para una mejor planificación de los medios necesarios y favorecer a corto plazo el funcionamiento del sistema judicial".
Una nueva organización en la que, según ha señalado Fernández Viaña, tendrán "voz" los colectivos implicados jueces, fiscales, letrados, abogados, procuradores y empleados públicos-, principal objetivo de las reuniones que ha convocado esta semana la Consejería de Justicia.
En concreto, ha explicado que, en la reunión de hoy, el Gobierno ha pedido a las organizaciones sindicales que presenten sus sugerencias en el proceso de implantación del plan regional de desescalada en el ámbito judicial, un proceso que se ejecutará "de la mano" de los agentes implicados.
Ha destacado que el Gobierno y los representantes sindicales comparten "las mismas preocupaciones" en este proceso de incorporación de efectivos para normalizar la actividad judicial, que es garantizar la seguridad y la salud de empleados y usuarios, la dotación de material de protección necesario para los funcionarios e incrementar el sistema de teletrabajo.
Asimismo, ha recordado que el plan incluye profundos cambios organizativos en las sedes judiciales y la incorporación de nuevos modos de gestión y organización, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.
Por último, la consejera ha informado que la web de la Dirección General de Justicia cuenta con una guía de teléfonos y direcciones de correos electrónicos de todos los órganos judiciales para priorizar la asistencia a distancia, en cumplimiento de las directrices fijadas por el real decreto del Estado.
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