Izquierda Unida de Cantabria ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA), conocida como Ley del Suelo, ante lo que consideran “una grave lesión para los intereses de la comunidad y sus gentes”.
En su escrito, presentado la semana pasada y dirigido a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, repasan las “innumerables deficiencias” de las que adolece el anteproyecto “que repite y ahonda en errores pasados”, siendo el principal “la liberalización desmesurada” del suelo rústico, tal y como también han denunciado asociaciones conservacionistas como ARCA y Ecologistas en Acción.
Según describe el portavoz de IU, Israel Ruiz Salmón, desde un punto vista técnico, “no sólo mantiene los aspectos más regresivos de las últimas modificaciones realizadas sobre la vigente Ley de Cantabria 2/2001 (LOTRUSCA), sino que no se incorporan, o de forma muy limitada, las cuestiones más importantes de la normativa básica estatal”.
De las modificaciones en la LOTRUSCA destacan la reforma operada por la Ley de Cantabria 3/2012, que permite la construcción de viviendas unifamiliares y actividades afines en las corolas (100 ó 200 m. del núcleo urbano) en el suelo rústico no protegido, sin estar vinculadas a una explotación familiar, hasta que se aprobara un Plan Especial de Suelo Rústico, “cuestión que se mantiene en este anteproyecto en lugar de eliminarse”.
Desde IU también destacan la falta de actualización de contenidos de los instrumentos de planificación territorial y urbanística más importantes con respecto a los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible enunciados en el art. 3 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de ámbito estatal, así como de otras normas en tramitación, como la Ley de Cambio Climático, y de normas o criterios de carácter internacional (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
“Tampoco se aportan criterios transversales -cambio climático, igualdad de género, salud, derecho a la vivienda-, ni aspectos estratégicos -cohesión territorial, movilidad sostenible, planificación integrada y coherente de políticas sectoriales- para la adopción de planes e instrumentos territoriales y urbanísticos, más que de una forma muy tangencial”,
Por el contrario, el dirigente autonómico habla de “rienda suelta” a criterios de liberalización del suelo “que limitarán o, incluso, impedirán a tales planes, en particular, el Plan Regional de Ordenación del Territorio”, establecer un marco normativo acorde.
El anteproyecto incluye una nueva categoría de suelo no urbanizable en su artículo 51 a la que desde IU se oponen, dado que, según defienden, “no es admisible añadir más fórmulas de flexibilización o liberalización del suelo rústico, debiéndose recordarse una vez más que el suelo rústico de especial protección tiene carácter reglado”.
En su escrito, presentado la semana pasada y dirigido a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, repasan las “innumerables deficiencias” de las que adolece el anteproyecto “que repite y ahonda en errores pasados”, siendo el principal “la liberalización desmesurada” del suelo rústico, tal y como también han denunciado asociaciones conservacionistas como ARCA y Ecologistas en Acción.
Según describe el portavoz de IU, Israel Ruiz Salmón, desde un punto vista técnico, “no sólo mantiene los aspectos más regresivos de las últimas modificaciones realizadas sobre la vigente Ley de Cantabria 2/2001 (LOTRUSCA), sino que no se incorporan, o de forma muy limitada, las cuestiones más importantes de la normativa básica estatal”.
De las modificaciones en la LOTRUSCA destacan la reforma operada por la Ley de Cantabria 3/2012, que permite la construcción de viviendas unifamiliares y actividades afines en las corolas (100 ó 200 m. del núcleo urbano) en el suelo rústico no protegido, sin estar vinculadas a una explotación familiar, hasta que se aprobara un Plan Especial de Suelo Rústico, “cuestión que se mantiene en este anteproyecto en lugar de eliminarse”.
Desde IU también destacan la falta de actualización de contenidos de los instrumentos de planificación territorial y urbanística más importantes con respecto a los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible enunciados en el art. 3 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de ámbito estatal, así como de otras normas en tramitación, como la Ley de Cambio Climático, y de normas o criterios de carácter internacional (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
“Tampoco se aportan criterios transversales -cambio climático, igualdad de género, salud, derecho a la vivienda-, ni aspectos estratégicos -cohesión territorial, movilidad sostenible, planificación integrada y coherente de políticas sectoriales- para la adopción de planes e instrumentos territoriales y urbanísticos, más que de una forma muy tangencial”,
Por el contrario, el dirigente autonómico habla de “rienda suelta” a criterios de liberalización del suelo “que limitarán o, incluso, impedirán a tales planes, en particular, el Plan Regional de Ordenación del Territorio”, establecer un marco normativo acorde.
El anteproyecto incluye una nueva categoría de suelo no urbanizable en su artículo 51 a la que desde IU se oponen, dado que, según defienden, “no es admisible añadir más fórmulas de flexibilización o liberalización del suelo rústico, debiéndose recordarse una vez más que el suelo rústico de especial protección tiene carácter reglado”.
Referencias legislativas de otras comunidades
En sus casi 40 páginas, IU desgrana, siguiendo el orden del articulado de la LOTUCA, sus propuestas para mejorar la norma y propone tomar como referencia la normativa que existe en otras comunidades.
“Este anteproyecto parece copiado de la actual Ley pero añadiendo alguna cuestión nueva y sin atender y adecuarse a la normativa que, después de 20 años, ha sido aprobada en el ámbito europeo, estatal o, incluso, el autonómico”, indicaba Ruiz Salmón.
Entre sus propuestas, IU plantea la inclusión de una referencia explícita y amplia a la Infraestructura verde, para lo que sugiere como referencia al Gobierno de Cantabria lo establecido en la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
A esta ley valenciana también aluden en relación a los valores morfológicos, paisajísticos, agrarios, etc. “que deben explicitarse en los instrumentos de planificación urbanística y territorial, a diferencia de lo que ocurre en Cantabria, donde la liberalización del suelo rústico está generalizada,
A juicio de la izquierda cántabra, se ha expandido “erróneamente” el uso de la figura del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que “sólo debería ser admisible excepcionalmente y por causa de interés general plenamente justificada”, y siempre de acuerdo con el PROT. En consecuencia, como ejemplo de regulación “más racional y coherente”, refieren el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, “útil también como modelo de regulación de estándares urbanísticos como movilidad sostenible, vivienda o dotación de espacios”.
Sobre los núcleos rurales, IU plantea que el Ejecutivo cántabro tome en consideración lo dispuesto en los artículos 40, 41 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.
Ruiz Salmón también destaca que la previsión de planes metropolitanos, comarcales o de área funcional “debería contemplarse de una forma más amplia y enmarcarse en el contexto del PROT”, en la línea de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco o el artículo 63 de su Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Finalmente, critican el extenso apartado que el anteproyecto dedica a las explotaciones mineras, “a pesar de la reciente burbuja pinchada del presidente Miguel Ángel Revilla en este sentido” y mencionan la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia como referencia para el Ejecutivo cántabro.
“En Izquierda Unida hemos hecho una revisión profunda para mejorar el anteproyecto, a pesar de que debiera ser una tarea propia de quien propone sacar adelante una Ley con el máximo respaldo y el mayor beneficio para la población a quien afecte; desgraciadamente, no es el caso”, sentenciaban.
En sus casi 40 páginas, IU desgrana, siguiendo el orden del articulado de la LOTUCA, sus propuestas para mejorar la norma y propone tomar como referencia la normativa que existe en otras comunidades.
“Este anteproyecto parece copiado de la actual Ley pero añadiendo alguna cuestión nueva y sin atender y adecuarse a la normativa que, después de 20 años, ha sido aprobada en el ámbito europeo, estatal o, incluso, el autonómico”, indicaba Ruiz Salmón.
Entre sus propuestas, IU plantea la inclusión de una referencia explícita y amplia a la Infraestructura verde, para lo que sugiere como referencia al Gobierno de Cantabria lo establecido en la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
A esta ley valenciana también aluden en relación a los valores morfológicos, paisajísticos, agrarios, etc. “que deben explicitarse en los instrumentos de planificación urbanística y territorial, a diferencia de lo que ocurre en Cantabria, donde la liberalización del suelo rústico está generalizada,
A juicio de la izquierda cántabra, se ha expandido “erróneamente” el uso de la figura del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que “sólo debería ser admisible excepcionalmente y por causa de interés general plenamente justificada”, y siempre de acuerdo con el PROT. En consecuencia, como ejemplo de regulación “más racional y coherente”, refieren el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, “útil también como modelo de regulación de estándares urbanísticos como movilidad sostenible, vivienda o dotación de espacios”.
Sobre los núcleos rurales, IU plantea que el Ejecutivo cántabro tome en consideración lo dispuesto en los artículos 40, 41 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.
Ruiz Salmón también destaca que la previsión de planes metropolitanos, comarcales o de área funcional “debería contemplarse de una forma más amplia y enmarcarse en el contexto del PROT”, en la línea de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco o el artículo 63 de su Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Finalmente, critican el extenso apartado que el anteproyecto dedica a las explotaciones mineras, “a pesar de la reciente burbuja pinchada del presidente Miguel Ángel Revilla en este sentido” y mencionan la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia como referencia para el Ejecutivo cántabro.
“En Izquierda Unida hemos hecho una revisión profunda para mejorar el anteproyecto, a pesar de que debiera ser una tarea propia de quien propone sacar adelante una Ley con el máximo respaldo y el mayor beneficio para la población a quien afecte; desgraciadamente, no es el caso”, sentenciaban.
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